“Ante la crisis, empresas deben proteger a empleados y gobierno a las empresas”

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El catedrático de economía y política pública de la Universidad de Oxford, Paul Collier, planteó la necesidad de que en el escenario de turbulencia e incertidumbre que regirá el año 2023, las empresas protejan a los empleados y el gobierno protejan a las empresas.

Al intervenir en el cierre del Caribe BIZ Forum 2022, Collier, considerado el más importante experto en reducción de la pobreza, señaló que, dado que entraremos en una ralentización de la economía, se hace más imperioso que los gobiernos reenfoquen su gestión para trabajar en beneficio de las mujeres, los niños y los jóvenes, los segmentos más vulnerables de la población.

Para avanzar en ese sentido propuso fomentar el crecimiento de las ciudades y reducir la pobreza, mediante el fortalecimiento y desarrollo empresarial y la promoción de una diáspora de retorno de emigrantes inteligentes y bien informados que han tenido éxito en otros lugares del mundo. En cuanto a lo primero llamó la atención sobre la necesidad de mejorar las relaciones y la confianza entre la dirección de las empresas y los empleados, como factor clave para mejorar la productividad y la rentabilidad. Al referirse a ello puso como ejemplo el caso de Toyota, que, a través de pequeños grupos de trabajo en la cadena productiva, logró una mayor eficiencia en los procesos y una mejor calidad de sus productos.

Collier propuso también crear, en ciudades como Barranquilla, un consorcio para el desarrollo de los proyectos bajo el elemento ancla del Río Magdalena, liderado por los gobiernos locales, pero con la mediación de una secretaría técnica, para superar la falta de confianza y maximizar los beneficios sociales. 

“Aumentar las oportunidades en la vida de las personas es clave en las regiones rezagadas. Las personas educadas pueden ofrecer mejores oportunidades a sus hijos y elevan sus posibilidades de éxito”, dijo el reconocido economista tras recordar que la pobreza se transmite porque es un problema intergeneracional, pero también puede serlo la movilidad social.

Entre tanto, en el panel final del encuentro empresarial, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, advirtió que, ante un crecimiento económico de prácticamente cero en 2023, hay que prepararse, priorizar la inversión pública y no hacer las “cuentas de la lechera” con la Reforma Tributaria porque los ingresos que genere deben ir a reducir el déficit fiscal, que es más grande de lo que se ha dicho y podría bordear los $100 billones.

“Hay una presión muy fuerte en el gasto público por los programas sociales que se han anunciado por lo cual se debe tener cuidado con no girar contra una reforma tributaria que tiene muchas restricciones en cuanto a qué hacer con esos recursos. Esta situación llevará al Gobierno nacional a presentar el año entrante un presupuesto adicional con ese sentido”, señaló Restrepo.

El exministro de Hacienda advirtió igualmente que se está entrando en un frenesí consultivo, que tiene paralizados por mal funcionamiento miles de proyectos de inversión en el País, lo cual genera el riesgo de dejar de considerar los proyectos grandes de alto impacto que necesita ejecutar la Nación, para pasar a unas listas de mercado pequeñas. “Dadas las restricciones fiscales del País, que no han quedado solucionadas con la reforma tributaria, queda el stock de las vigencias futuras que valen $167 billones, de los cuales el 95% fueron abiertas en el gobierno anterior para asegurar programas de transporte como el metro, entre otros”, señaló.

Enseguida agregó que de esos $167 billones, unos $59 billones comprometen las vigencias de la administración de Gustavo Petro 2023-2026. “Así las cosas, hay que concentrar en máximo en los 5 proyectos más grandes y de mayor impacto para la Región Caribe, hacer lobby, y realizar el esfuerzo necesario para que queden financiados con las vigencias futuras porque con el limitado Presupuesto Nacional es complicado lograrlo”.

El Presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza, planteó la idea de poner en marcha un plan de choque contra la pobreza en el Caribe y el Pacífico, emulando el modelo que tras la Segunda Guerra Mundial permitió la movilización eficiente de recursos de cooperación para estimular la producción industrial y agrícola y la estabilidad monetaria en naciones con menor desarrollo.

De acuerdo con el dirigente, acciones de este tipo pueden ser útiles para revertir las condiciones de alta pobreza y baja competitividad de las regiones Caribe y Pacífico, que tienen los peores indicadores en necesidades básicas insatisfechas. “La Región Pacífica concentra el 5% de las exportaciones del País, pese a tener la Alianza del Pacífico como gran mercado. Y el Caribe el 23% de dichas exportaciones, aunque si se quitan el carbón y otros minerales, la participación es mucho menor. Mientras tanto el interior exporta el 41% y concentra también los mayores niveles de inversión pública. Es urgente revertir esa inequidad e invertir más en los litorales para poder exportar más y bajar pobreza y desigualdad social”, precisó.

Sobre ese planteamiento, el director de la Región Administrativa de Planificación del Pacífico, Camilo Lloreda se mostró de acuerdo con priorizar y negociar los grandes proyectos de mayor impacto en los territorios, función que deben cumplir justamente las RAP. Pero advirtió que “No podemos quedarnos sosteniendo exclusivamente con regalías el aparato productivo de las regiones, especialmente de las más rezagadas. Por eso, nos interesa la interlocución que tengamos entre el gobierno nacional y los territorios, más allá de quién sea el Presidente de la República”.

Por su parte, Eduardo Verano, exgobernador del Atlántico insistió en la necesidad de un nuevo modelo de estado basado en las regiones que les permitan tener acceso a recursos propios. “Para ello se necesita reducir el Estado central para abrir el espacio tributario para que pueda aparecer y desarrollarse este nuevo esquema y bajar la pobreza”, puntualizó.