La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, identificó varias presuntas irregularidades en un contrato suscrito el 24 marzo de 2020, entre la Alcaldía de Riosucio (Chocó) y un particular, cuyo objeto era brindar ayudas alimenticias a familias de escasos recursos durante la etapa de confinamiento decretada con ocasión de la pandemia del Covid-19.
El contrato tuvo un valor inicial de $270’000.000 y contempló el suministro de 1.500 mercados en 30 días; sin embargo, una semana después de la firma, se autorizó una adición por $135’000.000 para entregar 750 mercados más.
En el curso de la investigación se constataron posibles anomalías en las etapas precontractual, contractual, ejecución y liquidación. Por ejemplo, se realizó una contratación directa, sin la participación de otros oferentes que permitieran un análisis de precios, calidad y utilidad. Asimismo, quedó en evidencia que la empresa seleccionada estaba dedicada a la comercialización de maderas y no tenía experiencia en el manejo de alimentos.
Hay elementos de prueba que dan cuenta que el contrato se asignó sin tener claro el número de familias o personas que serían beneficiadas. También se evidenció que en las actas figura la compra de 36.000 libras de arroz, pero en realidad sólo adquirieron 3.600. De igual manera, se registró el ingreso del total de los productos al almacén de la alcaldía, cuando esto no ocurrió.
Pese a las presuntas inconsistencias, se ejecutaron los pagos correspondientes sin que la totalidad de los mercados fuera entregada. De esta manera, se generó un posible detrimento patrimonial por $233’596.998.
En ese sentido, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías al alcalde de Riosucio (Chocó), Conrad Valoyes Mendoza; al exsecretario de Gobierno del mismo municipio, Jazmir Blandón Palacios; y al almacenista de la Alcaldía de Riosucio, Halmar Yamith Lemos Vides.
Estas personas fueron imputadas, según el nivel de posible participación, por delitos como: contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y usurpación de funciones públicas.
Los procesados no aceptaron los cargos y fueron afectados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad, en centro carcelario para el exsecretario de Gobierno y el almacenista; y en el lugar de residencia para el alcalde.