El gobierno del presidente Duque, no solo le entregó a Alberto Ríos y a las EPM de Medellín el mercado de la Región Caribe a un precio muy por debajo al costo de la inversión ejecutada para que la empresa intervenida funcionara (Electricaribe).
La inversión superó los $5 billones, y Air-E y Afinia pagaron aproximadamente unos $600.000 millones. Para complementar el regalo a esas dos empresa, nuestros congresistas decidieron darles “una ñapa”, al aprobar en el Plan de Desarrollo, Ley 1955 de 2019, en su artículo 318, un régimen tarifario especial. Lo cual significó un aumento considerable en la tarifa que hoy pagamos, a partir del mes de julio de 2021, la cual se incrementará mensualmente hasta llegar a la tarifa de referencia aprobada para Air-E $834.43, por KWH, y a Afinia $762.36. Estas tarifas superan a las de EPM, Pereira, Cali, Bogotá, Santander en más del 34%, para el estrato 4.
A congresistas, como al gobierno y a los señores de la Creg, se les olvidó que al fijar ese régimen tarifario afectaban la competitividad de la Región Caribe, como su nivel de vida dado que no es solo por el bajo nivel de ingresos de la región, sino que consumimos nueve (9) veces más kilovatios, que los que consumen en el interior para tener un nivel de vida similar.
El otro absurdo es que a los habitantes del Caribe nos obligan a pagar en la tarifa la “ineficiencia” de las empresas, al incluirnos un sobre cargo por el robo de energía y por el deterioro de la cartera. Esto significa que usted, paga por el robo de energía de los conectados ilegalmente, o que tienen adulterado su equipo de medida, y por supuesto por los que no pagan su facturación.
Lo anterior quiere significar, que los señores de Air-E y Afinia, no corren ningún tipo de riesgo. Van a la fija, compraron barato, les regalaron la cartera de Electricaribe, también le regalaron la facturación del mes de septiembre del año 2020, les aumentaron la tarifa en más de un 34%, y les acaba de aprobar la Creg el negocio de los medidores inteligentes ”AMI”, mediante la Resolución 101-001, del 18 de enero de 2022, publicada en abril 13, de este año.
¿Quiénes están detrás del negocio de los medidores inteligentes? Ese negocio es de $7.4 billones
EN EL CARIBE SOMOS INDOLENTES
Por ello nos merecemos nuestra suerte. Estamos por fuera del poder político, sin líderes y seguiremos así. Nuestras obras básicas de infraestructura no se hacen, solo se prometen y nada que se cumplen. Somos la región con el mayor índice de informalidad en el trabajo (60%), con el mayor índice de desempleo (14%), de pobreza(50%), más hambre(70%), bajos niveles de educación, carencia de servicios de salud y las tarifas más altas del país en los servicios públicos domiciliarios, principalmente las que nos cobran Air-E y Afinia.
Nuestros congresistas liderados por los del Departamento del Atlántico, nos impusieron en el Plan de Desarrollo 2018-2022, en su artículo 318, de la Ley 1955 de 2019,un régimen tarifario especial que fue interpretado por los funcionarios de la Creg, para aumentar las tarifas en la Región Caribe, por encima del 34%, tal como está sucediendo sin ningún tipo de movilización o protesta de parte de la ciudadanía, que con su silencio apoya el aumento de las tarifas y en reconocimiento a los congresistas volvieron a votar por ellos el pasado 13 de marzo.
Solo voces aisladas alertaron a la ciudadanía, como los ingenieros Carlos Diago y William Murra, líderes sociales como Norman Alarcón, Indulfo Guerra, Helena Restrepo, juntas de Acción Comunal , asociaciones de usuarios , la ONG ”Cívicos en Acción”, y el periódico la Libertad, pero sin reacción alguna por parte de la comunidad y de los medios de comunicación, con algunas excepciones. Hasta donde ha llegado el grado de “indolencia” que aguantamos todo tipo de maltrato, y no protestamos. ¿Hasta Cuándo levantaremos la mano para decir basta ya?
“CÓMO SE TEJIÓ ESTE ATENTADO CONTRA EL BOLSILLO DE LA GENTE DEL CARIBE”
El documento Conpes 3985 de 2020, recoge el diagnóstico de lo acontecido en el sistema de distribución de energía eléctrica en la Región caribe, afirmando que desde el año 2012, se empezó a disminuir la inversión, hasta llegar a niveles críticos. Lo que implicó una mala calidad del servicio, deterioro de la cartera, aumento de las pérdidas de energía y pauperización de los índices de gestión, viéndose la empresa abocada a incumplir los pagos por compra de energía, al igual que a sus proveedores.
Con semejante antecedentes el gobierno justificó la intervención de la empresa por parte de la SSPPDD, decisión que en su momento no compartimos, así lo manifestamos en varios escritos sobre el tema, por la sencilla razón que los españoles terminarían declarándose en quiebra, por haber perdido todo su patrimonio y no estar interesado en invertir recursos frescos para continuar prestando un servicio que no generaba el flujo de caja necesario y orientado a financiar la inversión que se requería y que no se hizo en los años previos. Haber actuado diferente puso en peligro las finanzas del Estado, por la demanda millonaria más de US$1.600 millones, que impetró la empresa española ante el Tribunal de Arbitramento del Banco Mundial “CIADI”, lo que implicó contrademandar.
Contamos con suerte que el “CIADI” decidió negar la demanda del gobierno y de los empresarios españoles, pero ratificando el argumento de defensa de Colombia, que la decisión tomada no fue una “expropiación” sino una intervención con fines de liquidación, por lo que en su fallo obliga al gobierno colombiano a entregarle a los empresarios españoles el valor alcanzado en la venta de Electricaribe.
Por eso en uno de nuestros escritos, lo titulamos “Un empate con sabor a derrota”.
Ante estos hechos, el gobierno colombiano para poder encontrar empresarios interesados en la compra de los activos y del mercado de Electricaribe, y ante la ausencia de inversionistas extranjeros, incluyó en su Plan de Desarrollo 2018-2022”, el artículo 318, que contó con el beneplácito de toda la bancada del Departamento del Atlántico y de Bolívar, al igual que los otros congresistas caribeños con excepción de Aida Avella y Gustavo Petro, el cual autoriza un régimen tarifario especial para la Región Caribe. Artículo que fue reglamentado, por el Decreto 1645, de septiembre 10 de 2019, en el que se contempla definir un régimen tarifario transitorio por cinco (5) años, y darle al futuro operador la posibilidad de presentar una “opción tarifaria”, y exigirle al operador la firma de un plan de gestión con la Superservicios. Después se expidió el Decreto 1231, de septiembre 11, de 2020, donde se reafirma lo de la “opción tarifaria”, vigente por cinco (5) años o hasta que se modifique por parte de la Creg. Por último se expidió la Resolución 40272, de septiembre 15 de 2020, en la cual se determina reconocer un incremento del 20%, al costo base de comercialización, y aumentar en 300 puntos, el llamado “riesgo de cartera”.
Con base en esos lineamientos, la Creg, el 30 de enero de 2020, expidió la Resolución 010, en la que explica la metodología que debe seguirse para aplicar el régimen tarifario especial. Después expide la Resolución 017 y 024, de 2021, que fija el régimen tarifario para las empresas Afinia y Air-E. La empresa Air-E, solicita a la Creg un recurso de reposición de la Resolución 024/21, la cual es admitida por la Comisión, incluyendo unos activos que dejaron de contabilizarse en la Resolución 024, y expide para ello la Resolución 078, del 24 de junio del 2021, que aplica únicamente para la empresa Air-E.
Sobre este tema, vale decir que en la respuesta de la Creg a nuestro derecho de petición, la comisión nos respondió que ella no tiene en cuenta sus activos, sino los programas de inversión futuros. Mentirosos amañados con los dueños de Aire, al igual que la SSPPDD, que no controla, ni vigila a nadie, hecho demostrado con Electricaribe, a que nunca supervisaron y por eso nunca esta empresa realizó las inversiones que debía hacer, y la consecuencia de ello fue llevar a la empresa a la quiebra por el mal servicio prestado.
Cuando preguntamos qué entendían ellos por “régimen especial tarifario” respondieron “no le es dado a la Comisión interpretar lo dispuesto en el artículo 318, de la Ley 1955 de 2019”. Las otras preguntas fueron respondidas “nos abstenemos a manifestarnos frente a sus preguntas”. Igualmente le preguntamos por los nombres de los expertos de la Creg, con su lugar de origen, y tampoco respondieron a esa interrogante. Por la sencilla razón que los antioqueños, siempre han manejado el sistema tarifario del país, antes de la Ley 142 de 1994, con la “Junta Nacional de Tarifas”, y actualmente tienen al Director Ejecutivo ingeniero Civil Jorge Alberto Valencia Marín, quien es el funcionario que firma la respuesta al derecho de petición. Los otros expertos son: Andrés Hernando Domínguez, ingeniero eléctrico de Pereira, Alfonso Mayelo Cardona, del Valle del Cauca; Alejandro Salamanca, Andrés González García, Andrés Vargas rojas y Angélica Ximena Leal, todos de Bogotá, Y por último el santandereano Álvaro Gómez Ruíz.
Como pueden observar no hay un solo representante del Caribe en la Creg. Esos son cargos que poco le interesan a nuestros congresistas, al igual que los cargos en el DNP y en el Ministerio de Hacienda que son las entidades que de una u otra forma manejan el país. Y que en la mayoría de sus decisiones bloquean los proyectos de la Región Caribe o se niegan como si fueran jueces de la República a reconocer fallos judiciales, tal como acontece con el Ministerio de Hacienda, en el área de pensiones que desconoce el fallo de una Acción Popular y de un desacato impetrado por la Asociación de pensionados de la Universidad del Atlántico ”Asojua”, que buscaba rescatar una plata que el Ministerio de Hacienda dejó y sigue dejando de girarle a la universidad, que suman a valor presente incluyendo sus intereses más de $400.000 millones. Eso no le interesó al gobernador Verano en sus ocho (8) años de gobierno, como tampoco a nuestros congresistas, muchos de ellos con cuotas burocráticas en la universidad, que siguen conservando.
Es bueno aclarar que la única Región del país, y del mundo que en su tarifa tiene que pagar la energía que se roban y la cartera que dejan de pagar los usuarios, es el Caribe. Los del interior del país, solo pagan las pérdidas de energía reconocidas técnicas y negras.
IMPACTO DE LA DECISIÓNDE LA CREG SOBRE EL BOLSILLO DEL CARIBE EN SU RESOLUCIÓN 078 DEL 2021
Para entender el impacto, comparamos la tarifa aplicada en las principales entidades territoriales del país, así como la “opción tarifaria” aprobada por la CREG, en la factura del mes de septiembre 2021, del estrato cuatro (4), en pesos por kilovatio hora.
Empresa Tarifa opción Porcentaje
EPM 602.33 621.28 3.1
CODENSA 587,24 621.16 5.8
CALI 625.96 631.46 0.9
PEREIRA 623.11 665.41 6.8
SANTAND 653.03 625.75 (4.4)
AFINIA 574.14 762.36 32.8
AIRE 606.75 824.43 35.9
Fuente: Boletín Tarifario Superservicios Anexo No 1, página 30.
Según los datos registrados en el cuadro anterior se puede concluir que la opción tarifaria para las empresas del interior del país, se incrementa en promedio en un 4%. Mientras que los del Caribe se incrementan para Afinia el 32.8%, y para Aire, el 35.9%. Un promedio del 34.3%.
TARIFAS APLICADAS POR AIRE SEP/21 A MARZO/22
Estrato septiembre 21 marzo 2022 porcentaje
0-173 >173 0-173 >173 <173 >173
1 242.70 606.75 290.98 727.46 19.9 19.9
2 303.38 606.75 363.73 727.46 19.9 19.9
3 515.24 605.75 618.34 727.46 19.9 19.9
4 606.75 606.75 727.46 727.46 19.9 19.9
5-6 728.10 728.10 872.95 872.95* 19.9 19.9
Fuente: AIRE
De acuerdo con el cuadro tarifario de Air-E, de septiembre de 2021, fecha de corte para solicitar aumento de tarifa que la Creg llamó “Opción tarifaria”, el aumento para los usuarios de los Departamentos del Atlántico, Guajira y magdalena fue del 19.9%. Aumento que mensualmente subirá hasta llegar al costo unitario autorizado para Air-E que fue de $824.43, por kilovatio consumido, que significará un incremento del 35.9%, tal como se muestra en el cuadro de opción tarifaria.
ARE-E, castiga a los estratos bajos (1-4) con un aumento tarifario del 20%, que representan el 90%, de su mercado y premia a los estratos 5 y 6, rebajándoles la tarifa, ya que en sep./21, cobraba $728.10,y en marzo/22, cobró $720.25, y en abril cobró $727.46, que es la tarifa que pagó el estrato 4, en el mes de marzo/22.
Esta jugada de Air-E, con los estratos altos, fue para evitar una mayor protesta, debido a que estos estratos son los que tienen acceso a los medios de comunicación, y silenciar también a los gremios de la ciudad.
Cualquiera sea la estrategia utilizada por Air-E y Afinia, la realidad es que los aumentos tarifarios que nos esperan en lo corrido del año son del orden del 32.8%, para Bolívar, Sucre, Córdoba y César, y del 35.8%, para Atlántico, Guajira y Magdalena.
No es solamente el aumento exagerado en la tarifa, sino que también población del Caribe colombiano consume nueve(9)veces más kilovatios que la del interior del país, y a pesar de ello, nos impone la Creg con la anuencia de nuestros congresistas un aumento tarifario promedio del 34%.
Mientras sigamos con la desidia que nos caracteriza, harán con nosotros todo lo que quieran.
Por: Jorge Vergara Carbó
Barranquilla, abril 17 de 2022
Con foto tomada de https://www.latercera.com/