Bogotá, 19 de febrero de 2026. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 0115 de 2026, una medida estratégica orientada a acelerar la reducción de muertes evitables en la niñez y consolidar un modelo preventivo de salud que está salvando vidas en todo el territorio nacional.
La nueva normativa actualiza los lineamientos técnicos para la identificación, atención, seguimiento y recuperación nutricional de niñas y niños con desnutrición aguda en la primera infancia, e introduce criterios unificados y obligatorios para todo el sistema de salud, con un enfoque centrado en la promoción y la prevención.
Con la implementación de este modelo preventivo, Colombia logró reducir en cerca del 60% la mortalidad por desnutrición aguda en menores de cinco años, al pasar de una tasa de 10,78 en 2022 a 4,34 en 2025, según datos preliminares de estadísticas vitales y del Sistema de Vigilancia en Salud Pública.
Entre 2022 y 2024, la tasa descendió de 10,78 a 6,51, lo que representó una disminución del 39,61 %. En 2025, la tendencia se profundizó hasta alcanzar 4,34, consolidando una reducción del 59,7 % frente a 2022 y un cumplimiento del 97,7 % de la meta nacional establecida para el periodo.
Este resultado refleja, según el gobierno, una tendencia sostenida que confirma que el modelo preventivo está funcionando, cerrando brechas estructurales que durante décadas se tradujeron en muertes evitables de niñas y niños, especialmente en territorios históricamente vulnerables.
Intervención temprana y seguimiento obligatorio
La Resolución 0115 de 2026 reconoce el riesgo nutricional como una condición que exige intervención anticipada y seguimiento nominal, continuo y obligatorio por parte de todos los actores del sistema de salud.
El nuevo marco técnico permite actuar antes de que se configure el evento de desnutrición, garantizando la recuperación integral de cada niño y niña identificado y asegurando la continuidad del cuidado en articulación con otros sectores del Estado.
Enfoque territorial y priorización de regiones con mayores brechas
En línea con la política de equidad territorial, el Gobierno nacional priorizó la implementación de estos lineamientos en la Guajira, el Chocó y Vichada.
Estos departamentos concentran importantes brechas en seguridad alimentaria y nutricional. Allí se refuerzan acciones como el seguimiento posterior al egreso hospitalario, la entrega oportuna de alimentos terapéuticos y el trabajo intersectorial sostenido para proteger la vida y la salud de la niñez más vulnerable.
Inversión histórica para garantizar el derecho a la salud
Estos avances son resultado de una decisión de gobierno orientada a garantizar el derecho fundamental a la salud y a priorizar la vida de niñas y niños en los territorios con mayores brechas sociales y sanitarias.
El sector salud registra un incremento real del 51,4 % en los recursos del Presupuesto General de la Nación, equivalente a 25 billones de pesos adicionales y a un esfuerzo fiscal de 1,4 puntos del PIB, a precios constantes de 2025.
Asimismo, se avanzó en la reducción de la brecha entre la UPC (Unidad de Pago por Capitación) de los regímenes subsidiado y contributivo mediante la equiparación de la prima pura.
En los últimos tres años y medio, la inversión acumulada en salud asciende a $10,1 billones, recursos que han permitido:
—La conformación de más de 10.500 Equipos Básicos de Salud en todo el país.
—La ejecución de 1.560 proyectos de infraestructura y dotación.
—La entrega de 1.414 vehículos de transporte asistencial.
Esta capacidad instalada ha sido determinante para garantizar la detección temprana, la atención oportuna y el seguimiento continuo de la desnutrición en la infancia.
Con la expedición de la Resolución 0115 de 2026, el Gobierno nacional reafirma que la reducción de la desnutrición infantil es una política de Estado sustentada en evidencia, inversión pública y presencia territorial efectiva, con la primera infancia como prioridad central de la agenda pública nacional.
