La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 11 presuntos integrantes de una estructura ilegal, conocida como ‘Los Taladores’, señalada de arrasar con más de 2.000 hectáreas de bosque nativo y selva en áreas de reserva forestal y especial protección ambiental, entre Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare.
Esta red, supuestamente, auspiciaba la tala indiscriminada de especies como cedro amargo, cedro ancho, achapo, flormorado, cabo de hacha, laurel, pecueco, dormidero, arrayán y salidillo, entre otras.
Al parecer, ‘Los Taladores’ transportaban la madera por los ríos Guayabero y Ariari desde los distintos frentes de extracción ilícita hasta dos aserradores ubicados en las veredas Aguas Claras y Guarapayas, en Puerto Concordia (Meta). En estos puntos la acopiaban, cortaban y transformaban en listones o planchones. Posteriormente, con guías de movilización y salvoconductos vencidos o alterados la trasladaban en tractocamiones y a altas horas de la noche a Bogotá y Villavicencio, Acacías, Granada y Guamal (Meta), donde el producto era comercializado y distribuido hacia diferentes ciudades del país.
‘Los Taladores’, presuntamente, mantenían contactos con las disidencias de las FARC y pagaban para que les permitieran realizar la actividad ilegal en la región desde 2019.
Hay indicios de que, en algunas oportunidades, habrían amenazado a las comunidades para que no los denunciaran. En controles técnicos también se conoció que algunos funcionarios de la fuerza pública y de otras autoridades, al parecer, los alertaban sobre los operativos en la región, de tal manera que ocultaban la madera y tomaban medidas para evitar ser detectados.
Captura y judicialización
Gracias a las capacidades investigativas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Guaviare de la Fiscalía, y al trabajo articulado con la SIJIN del Departamento de Policía de Guaviare, los 11 señalados integrantes de la organización delictiva fueron capturados en diligencias realizadas en Puerto Concordia y Villavicencio.
Entre los detenidos están los supuestos cabecillas principales y financiadores de todo el andamiaje ilícito, Félix Hernando Jiménez León y Fernando Cuervo Díaz, alias Pichirilo, quienes también eran los dueños de los dos aserraderos. Los demás capturados cumplían diferentes roles como administradores de los depósitos y coordinadores de las actividades de tala, transporte y comercialización.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a ‘Los Taladores’ los delitos de: ilícito aprovechamiento a los recursos naturales, daño a los recursos naturales renovables y concierto para delinquir agravado.
Los procesados, la mayoría reincidente en estas conductas, no aceptaron los cargos. Por disposición del juez de control recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad, cuatro de ellos en centro carcelario, se trata de: Félix Hernando Jiménez León y Fernando Cuervo Díaz, los dos señalados cabecillas; José Alfredo Jiménez León, el administrador de uno de los depósitos; y Andrés Camilo Romero Abril, encargado de la comercialización y distribución de la madera procesada.