En los últimos años, la violencia ha incrementado en comunidades como Apura y Arauca, en Venezuela, donde los grupos de la delincuencia organizada han provocado un inédito conflicto en la frontera con Colombia. Los enfrentamientos entre presuntos miembros de guerrillas colombianas y el Ejército de Venezuela datan desde 2021, aunque podrían haber surgido mucho tiempo antes.
De acuerdo con reportes locales, más de 6.000 ciudadanos venezolanos han arribado a Arauquita, del lado colombiano, debido a la ola violenta de la zona limítrofe. Escuelas y otros espacios públicos se han convertido en refugios temporales para los desplazados por la guerra y también en centros de covid-19.
El Gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, ha argumentado que el despliegue de tropas militares, así como tanquetas, se debe a una lucha por defender su soberanía de narcotraficantes y terroristas, presuntamente, financiados por Colombia y lo que él mismo ha denominado como “el imperialismo estadounidense”.
Según informes de inteligencia de Colombia, la presencia de guerrillas en Venezuela data de hace muchos años, y no solo donde prevalece la crisis bélica en Apure, sino también en regiones como Amazonas, Táchira y Zulia. El gobierno colombiano ha reiterado en diversos foros que Maduro es el culpable de amparar las guerrillas, aunque él siempre ha negado categóricamente la acusación. Estos grupos subversivos, del lado colombiano, se dedican al narcotráfico, la extorsión y el contrabando.
Por su parte, el Cártel de Sinaloa y el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), con sede en Sinaloa y Jalisco, en México, respectivamente, estarían presionando para acabar con el conflicto armado entre guerrillas colombianas y el Ejército de Venezuela, según informes de medios locales en el país azteca. La intervención de la mafia mexicana se debería, supuestamente, “para evitar un daño generalizado a las operaciones de contrabando aéreo de cocaína a Centroamérica, México y EE.UU. desde Venezuela”.
Los archivos consultados revelaron que los frentes armados como el de la Segunda Marquetalia, entonces perteneciente a la insurgencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN (Ejército de Liberación Nacional) buscan controlar algunas de las principales zonas de trasiego de drogas en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Según los informes militares, el Cártel de los Soles –conformado por presuntos militares corruptos de Venezuela– estaría creando un andamiaje para captar parte de los envíos de cocaína procedentes de Colombia, con el objetivo de trasladarla a bases estratégicas y reexportarlas a México para su distribución en EE.UU. De esta forma, el Cártel de los Soles estaría asegurando parte de sus ganancias, arrebatándole el mercado de cocaína a Colombia, el principal productor global de dicho enervante.
Ante este conflicto, el Cártel de Sinaloa y el CJNG –que tienen grandes ramificaciones de su estructura criminal en Colombia– movilizó a mensajeros en ambos bandos para llegar a una tregua, apuntan los expedientes de inteligencia.
Las autoridades colombianas han reiterado que, pese a que existen varios grupos de narcotráfico nacionales e internacionales en su territorio negociando la paz en ambos lados de la frontera con Venezuela, su tarea es perjudicar a todos para reducir la producción de estupefacientes, ‘narcolaboratorios’ y, con ello, proteger a los ciudadanos.
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