Las sanciones a menores de edad en Colombia deben tener un fin restaurativo, educativo y atender la necesidad de un tratamiento directo, dirigido a la resocialización los infractores y a su protección, consideró el ente asesor del Gobierno nacional en materia de política criminal.
El proyecto de ley 025 de la Cámara de Representantes es de origen parlamentario, tiene por objeto modificar el régimen de responsabilidad penal de los menores de edad, mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) que cometan delitos.
El tratamiento penal para los jóvenes –señala la iniciativa– debe ser el mismo que se aplica a adultos, establecido en el Código Penal (ley 599 de 2000) y el Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004), “o las leyes que las modifiquen o sustituyan”.
Sus autores son el senador Efraím José Cepeda Sarabia y los representantes a la Cámara Christian Munir Garces Aljure, Jamie Garces Contreras y Óscar Leonardo Villamizar.
El Consejo Superior de Política Criminal analizó el borrador del proyecto sobre los adolescentes infractores y pidió al Gobierno rechazar la iniciativa. Sin embargo, la decisión final queda en manos del Congreso de la República.
Legítima defensa a mujeres
El organismo asesor, encabezado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre en representación del Gobierno, también analizó el proyecto de ley que establece fortalecer el principio de legítima defensa privilegiada ejercida por mujeres víctimas de violencia y manifestó su respaldo, aunque con algunos ajustes.
El consejo reconoció la importancia de la iniciativa y la respaldó, aunque sugirió ajustes desde la dogmática penal para facilitar su discusión en el Legislativo y facilitar que las mujeres puedan invocar la legítima defensa privilegiada en contextos de agresiones continuas.
“Recomendamos mejorar algunos aspectos técnicos del texto para que avance en el Congreso’, dijo Francisco Bernate Ochoa, presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal.
Con estos conceptos el Gobierno nacional y los integrantes del organismo asesor reafirman su compromiso con una política criminal que atienda las necesidades de la sociedad, desde un enfoque progresivo de los derechos humanos.