El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes, 10 de agosto, en el occidente de Colombia puso nuevamente la actividad sísmica en el centro de la conversación nacional.

Aunque el epicentro del evento se ubicó lejos del Caribe colombiano, el fenómeno plantea diferentes preguntas sobre la gestión del riesgo, entre esas la preparación de las regiónes periféricas del país frente a un eventual sismo de gran magnitud.

Carlos Arteta, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte, doctor en ingeniería sísmica, explica que el impacto de un terremoto no depende exclusivamente de su magnitud.

Para evaluar sus posibles efectos también es necesario considerar la distancia entre el lugar donde se origina el evento y el sitio de interés, además de las características del suelo.

“Entre más grande sea la magnitud, mayores serán los daños. Entre más corta sea la distancia, mayores serán los daños. Y mientras el suelo, en general, sea más blando, mayores serán los daños”, señala el académico.

En el reporte preliminar elaborado desde la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica (CEER por sus siglas en inglés), conformada por universidades del país, entre esas Uninorte, se encontró que en Manizales y en Cali las sacudidas registradas superaron lo que predicen los propios modelos de atenuación, y que dos estaciones se apartaron notablemente de lo esperado. «La explicación más probable está debajo de las ciudades. El mismo evento, filtrado por suelos distintos, produce movimientos distintos», advierte el profesor. 

Los modelos de atenuación son una herramienta matemática que permiten estimar cómo disminuye la intensidad del movimiento del suelo, a medida que las ondas sísmicas se alejan del lugar donde ocurrió un terremoto.

El suelo es el componente más local y, con frecuencia, un gran determinante para el daño. Un depósito de suelo blando, explica Arteta, puede amplificar el movimiento del terreno entre dos y cinco veces respecto a lo que se sentiría sobre roca, dependiendo del periodo de vibración y de las características del depósito. Esa diferencia decide si una edificación resiste o falla, y caracterizarla ciudad por ciudad es lo que se conoce como microzonificación sísmica.

El Caribe no está exento de actividad sísmica

Colombia cuenta con un Modelo Nacional de Amenaza Sísmica, desarrollado por el Servicio Geológico Colombiano, y su propósito es dar cobertura al territorio completo, pero no resolver el detalle de cada región. Y en materia de microzonificación, el país acumula más de dos décadas de experiencia. Se han realizado estudios en Bogotá, en Medellín y el Valle de Aburrá, en Cali, Manizales, Bucaramanga, Barrancabermeja y varios municipios del Valle del Cauca. 

En ese sentido, una microzonificación es ponerle lupa al modelo nacional de amenaza sísmica. No lo reemplaza ni lo contradice, sino que resuelve al detalle lo que necesita una ciudad para planificarse, diseñar y construir. La región Caribe no cuenta con ninguna, por lo que Carlos Arteta considera necesario empezar a desarrollarlas en el territorio, estudiando a fondo sus propias fuentes de amenaza, las fallas que la rodean, la geometría de esas fallas, el suelo bajo cada ciudad, en lugar de heredar una caracterización pensada a escala de país.

La costa Caribe está enmarcada por dos sistemas de fallas que bordean la Sierra Nevada de Santa Marta: Oca–Ancón por el norte y Santa Marta–Bucaramanga por el occidente. Ambos responden al empuje entre la placa Caribe y la placa Suramericana. Ese mismo mecanismo es el que gobierna los sistemas de fallas del norte de Venezuela, los que rompieron el 24 de junio, produciendo dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5. «El sistema de Oca es, de hecho, la misma estructura a ambos lados de la frontera: los catálogos de Colombia y Venezuela la registran con dos códigos distintos porque los separa un límite político, no geológico», argumenta el docente.

Camilo Montes, docente investigador del programa de Geología, detalla cómo se distribuye el movimiento de la placa del Caribe y por qué los terremotos, aunque impredecibles, nos dejan patrones históricos de alerta.

¿Cuándo fue el último terremoto destructivo del Caribe colombiano? 

El 22 de mayo de 1834, en Santa Marta. Magnitud estimada 6,4. Más de cien viviendas destruidas o inhabitables, la catedral y varias iglesias averiadas, licuación del terreno, deslizamientos en la Sierra Nevada y más de cincuenta réplicas. Todo lo que se sabe hoy de ese evento proviene de crónicas históricas y es aproximado, y contribuyó a que Santa Marta y Riohacha estén clasificadas dentro de la denominada zona de amenaza sísmica intermedia.

«Han pasado casi dos siglos, pero es un tiempo corto en la escala de una falla geológica. Hay que tener claro que el silencio del registro no significa ausencia de amenaza sino ausencia de observación. De hecho, el registro instrumental del corredor lo confirma. La red sismológica solo se densificó en la región a partir de 2008, y hoy no alcanza a detectar de manera confiable los sismos pequeños que permitirían caracterizar el comportamiento de estas fallas», argumenta Arteta.

La edad y el tipo de construcción son determinantes

Para comprender la vulnerabilidad de las edificaciones frente a un terremoto, es necesario tener en cuenta que las ciudades están conformadas por construcciones de diferentes épocas. Las estructuras diseñadas bajo las normas vigentes desde mediados de los años ochenta deberían presentar un buen comportamiento sismorresistente. Sin embargo, muchas edificaciones construidas antes de la entrada en vigor de estas disposiciones no contaban necesariamente con especificaciones o detalles de diseño sismorresistente.

¿Por qué ahora sí se puede estudiar a fondo la amenaza sísmica del Caribe?

Durante décadas el Caribe colombiano no contó con programas de formación geológica propios, y la instrumentación, los estudios de neotectónica y la investigación en ingeniería sísmica se concentraron en el corredor andino. Pero esa condición empezó a cambiar hace una década. En 2015 la Universidad del Norte obtuvo el registro calificado del primer programa de Geología de la región Caribe colombiana, que recibió a sus primeros estudiantes en enero de 2016 y hoy cuenta con cerca de 180 egresados.

En paralelo, desde la región se han liderado trabajos de alcance nacional e internacional: las misiones de reconocimiento posterremoto tras los sismos de Muisne, Ecuador (2016) y Puebla, México (2017); la publicación en 2021 de los primeros modelos de atenuación calibrados para el norte de Suramérica, los mismos que sirvieron de referencia para analizar el terremoto del Chocó recientemente; la coordinación académica del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico entre 2021 y 2024, con resultados aplicados a Barranquilla, Santa Marta y Valledupar, entre otras ciudades a nivel nacional; y, este año la misión técnica de reconocimiento tras la secuencia sísmica del norte de Venezuela.

«A ello se suma la Red Colombiana de Ingeniería Sísmica (CEER) que fundamos hace cerca de una década junto con varias universidades del país y que hoy articula la colaboración investigativa entre ellas. Y hay una capacidad que está por venir», afirma Carlos Arteta. Esa combinación de iniciativas permitirá caracterizar la amenaza y verificar experimentalmente si las edificaciones que se construyen en el Caribe resisten sismos de gran magnitud.

Por José Luis Rodríguez R. del Grupo de Prensa de Uninorte