La informalidad llega al 94 % entre trabajadores rurales no asalariados y al 84,5 % en las microempresas. Aliadas plantea cotizaciones proporcionales, incentivos a pequeñas empresas, digitalización y una ruta diferenciada para independientes y trabajadores del campo.

Colombia está generando más empleo, pero eso no significa necesariamente que esté creando mejores empleos.

En julio de 2026, la tasa nacional de desempleo se ubicó en 8,1 %, frente al 8,8 % registrado un año antes. Sin embargo, detrás de esa mejoría aparece una cifra que revela la otra cara del mercado laboral: el 54,5 % de los ocupados trabaja en condiciones de informalidad. En las zonas rurales y centros poblados, la proporción llega incluso al 83,2 %.

El problema, entonces, ya no es solamente conseguir trabajo. El desafío es que ese trabajo permita cotizar, acceder a protección social, construir experiencia laboral verificable y mejorar las posibilidades de progreso.

Con esa preocupación como punto de partida, Aliadas presentó una hoja de ruta con 30 propuestas para reducir la informalidad en Colombia, elaborada con respaldo académico de la Universidad del Rosario. El documento fue presentado ante representantes del Gobierno, el Congreso, empresarios, gremios y líderes de opinión.

Una informalidad que no afecta a todos por igual

Uno de los principales planteamientos del estudio es que el país ha tratado durante años la informalidad como si fuera un solo problema, cuando en realidad tiene múltiples caras.

Aliadas propone analizarla desde cinco dimensiones: cotización y sostenibilidad fiscal, cumplimiento de la ley, protección y bienestar, productividad empresarial y trazabilidad. La tesis es sencilla: mejorar una de estas variables no necesariamente resuelve las demás.

Las diferencias entre grupos de trabajadores son profundas.

Mientras la informalidad entre asalariados es del 25,4 %, entre los trabajadores independientes alcanza el 82,4 % y entre los trabajadores rurales no asalariados llega al 94 %.

También existe una brecha enorme dependiendo del tamaño de la empresa. En las microempresas, la informalidad alcanza el 84,5 %, mientras que en las grandes compañías cae al 2,1 %.

El diagnóstico apunta, por tanto, a una conclusión: no puede aplicarse la misma fórmula a un trabajador asalariado, a un independiente, a un pequeño negocio o a un trabajador del campo.

Siete mitos que el estudio busca desmontar

La propuesta cuestiona varias ideas tradicionales sobre la informalidad.

Una de ellas es que se trata exclusivamente de un fenómeno asociado con pobreza. El documento sostiene que atraviesa distintos niveles de ingreso y que, por ello, las políticas deben combinar incentivos, apoyo focalizado y mecanismos de verificación.

También pone en duda la idea de que la informalidad sea apenas una etapa temporal. El estudio calcula una persistencia cercana al 75 % y señala que un trabajador por cuenta propia tiene apenas 3 % de probabilidad de pasar a un empleo asalariado formal.

Otro punto clave es el costo de cumplir.

Para una empresa pequeña o para un trabajador de bajos ingresos, asumir todas las obligaciones de la formalidad representa proporcionalmente una carga mucho mayor. Por eso la propuesta plantea esquemas de cotización proporcional, mecanismos simplificados y menores barreras de entrada.

De los diagnósticos a las soluciones

El documento busca ir más allá de describir el problema.

Las 30 medidas están organizadas según su impacto, viabilidad jurídica, costo fiscal y tiempo de ejecución. Algunas podrían comenzar rápidamente; otras necesitarían reformas legales y construcción institucional.

Entre las propuestas aparecen:

• permitir aportes a seguridad social proporcionales al ingreso real y al tiempo trabajado;
• crear una hoja de vida verificable para trabajadores independientes;
• ampliar la certificación rápida de competencias;
• establecer un régimen simplificado que integre tributación y seguridad social;
• ofrecer incentivos fiscales diferidos a pequeñas empresas;
• impulsar el acceso al crédito, la digitalización y la inteligencia artificial;
• mejorar la protección frente a riesgos laborales en el campo;
• fortalecer los mecanismos de protección al desempleado;
• facilitar un retiro gradual para trabajadores mayores.

Hay además una apuesta especial por la tecnología.

La digitalización, según la propuesta, puede convertirse en una aliada de la formalización: la factura electrónica, los pagos digitales y las plataformas permiten verificar ingresos, generar trazabilidad y ampliar el acceso a nuevos mercados.

Los “mangos bajitos”

Uno de los elementos más llamativos de la propuesta es que no plantea esperar una gran reforma para comenzar.

Aliadas identifica acciones de rápida ejecución —denominadas “mangos bajitos”— que permitirían poner en marcha pilotos, probar mecanismos y mostrar resultados mientras avanzan las reformas estructurales.

La presidenta de Aliadas, María Claudia Lacouture, resume el enfoque así: el país debe pasar de medir permanentemente el problema a comenzar a tomar decisiones.

El próximo paso: Gobierno, Congreso y empresarios en una misma mesa

La propuesta no pretende terminar con la publicación del estudio.

Aliadas planteó la creación de una mesa técnica de trabajo con el Gobierno, el Congreso y otros actores para definir prioridades, diseñar pilotos, establecer indicadores y determinar qué reformas pueden convertirse rápidamente en decisiones ejecutables.

Durante la presentación, la ministra del Trabajo se comprometió a convocar las mesas de trabajo e iniciar el proceso de articulación.

El debate que queda abierto es de fondo: Colombia puede continuar reduciendo el desempleo, pero mientras más de la mitad de sus trabajadores permanezca por fuera de la formalidad, el crecimiento seguirá teniendo una deuda con la protección social, la productividad y la estabilidad laboral.

Ver el informe de Aliadas