El día que la inseguridad jodió a Barranquilla
Redacción LGN
La inseguridad de Barranquilla no comenzó un día determinado. No existe una fecha que permita separar una ciudad tranquila de otra dominada repentinamente por el miedo.
Lo que muestran los estudios, las estadísticas oficiales y las alertas posteriores es un proceso en el que se fueron superponiendo homicidios, extorsiones, disputas territoriales, microtráfico y organizaciones cada vez más fragmentadas.
En junio de 2023, la Fundación Paz & Reconciliación, Pares, junto con la Fundación Foro Costa Atlántica, publicó un diagnóstico que intentaba explicar ese proceso.
El documento combinó estadísticas del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía, mesas ciudadanas, cartografía social y un sondeo realizado entre habitantes y actores sociales del área metropolitana.
El sondeo no debe confundirse con una encuesta representativa de toda la ciudad. Participaron principalmente personas vinculadas con organizaciones sociales, academia, activismo, partidos y organismos locales de representación. Pero, unido a los registros policiales y al seguimiento de fuentes abiertas, permitió construir una fotografía suficientemente amplia de lo que estaba ocurriendo.
Para comienzos de 2023, esa fotografía ya era preocupante. El informe contabilizaba cinco masacres con 18 personas asesinadas y 30 heridas y situaba desde el segundo semestre de 2022 un incremento visible de las acciones violentas.
Las amenazas contra medios y las distintas modalidades de extorsión contra comerciantes ayudaron a sacar el fenómeno del ámbito policial y colocarlo en la conversación pública.
Una ciudad con varias violencias superpuestas
Entre 2017 y 2022 fueron registrados 3.265 homicidios en la aglomeración urbana de Barranquilla. El 39 % correspondió solamente a 2021 y 2022. El documento encontró además que la vía pública concentraba la gran mayoría de esos hechos y que las víctimas eran predominantemente hombres.
Los hurtos mostraban otra dimensión del problema. Entre 2017 y 2022 se contabilizaron 80.646 hurtos a personas y 2022 presentó un incremento del 47,7 % respecto del año anterior. La extorsión, aunque numéricamente mucho menor, exhibía una tendencia que resultaba especialmente significativa.
En seis años se registraron 1.345 hechos de extorsión. El 54,61 % de las denuncias se concentró en 2021 y 2022 y casi toda la incidencia registrada se localizaba en Barranquilla y Soledad. Las llamadas telefónicas eran el mecanismo identificado con mayor frecuencia, seguidas por la exigencia directa de dinero.
Detrás de las cifras aparecía una característica que ayuda a comprender lo sucedido después. Pares no encontró una sola organización con dominio completo sobre el área metropolitana. Describió un escenario fragmentado, con grandes estructuras, grupos locales, alianzas, tercerización de actividades criminales y disputas por mercados y territorios.
La consecuencia era una criminalidad con capacidad para transformarse. Un grupo podía perder dirigentes, dividirse, apoyarse en bandas menores o enfrentar a otra organización por microtráfico, extorsión o rutas. El homicidio aparecía entonces no solamente como delito individual, sino también como instrumento dentro de esas disputas.
El negocio de la extorsión
El informe de 2023 prestó especial atención a comerciantes y transportadores. En las mesas de trabajo aparecieron relatos sobre pagos periódicos, amenazas, cierres y miedo a denunciar. Ese último elemento introduce una dificultad que todavía acompaña la lectura de las estadísticas: una denuncia mide un hecho conocido por las autoridades, no necesariamente todos los hechos ocurridos.
En 2025, la Policía Metropolitana registró 1.198 denuncias por extorsión en el área metropolitana frente a 1.377 en 2024, una disminución del 13 %. En Barranquilla fueron 761 frente a 892, caída del 15 %. Durante ese mismo año, el GAULA reportó 430 capturas, 327 de ellas por extorsión, y 21 operaciones dirigidas contra distintas estructuras. (Policía Nacional de Colombia)
Son resultados que muestran actividad institucional y reducción de las denuncias registradas entre esos dos años. No permiten, por sí solos, establecer que la economía extorsiva haya desaparecido. Las alertas emitidas durante 2026 continúan señalando extorsión, cierres comerciales y control territorial entre los riesgos presentes en Barranquilla y otros municipios del Atlántico. (Defensoría del Pueblo)
Esa diferencia es importante. Una cosa es reducir un indicador y otra determinar cuánto perdió una organización en capacidad para recaudar dinero, intimidar comerciantes, reclutar personas o controlar un territorio.
Tres años después
El contraste más fuerte con 2023 apareció a mediados de 2026. La Defensoría del Pueblo informó que durante el último fin de semana de junio se registraron 25 homicidios en Barranquilla. Según la entidad, el episodio habría ocurrido en el contexto de disputas territoriales entre organizaciones criminales y estructuras derivadas de ellas. (Defensoría del Pueblo)
La Defensoría señaló además cierres sostenidos del comercio en zonas del Centro y sectores del suroriente y suroccidente. Es decir, la confrontación no estaba produciendo únicamente muertes: estaba afectando circulación, actividad comercial y vida cotidiana. (Defensoría del Pueblo)
La fotografía volvió a cambiar durante las semanas posteriores. Después de un consejo de seguridad realizado el 23 de agosto, autoridades nacionales, locales, Fuerza Pública y Fiscalía pusieron en marcha operaciones, inteligencia, allanamientos, intervenciones en sectores priorizados y otros dispositivos de control.
Entre las cinco semanas anteriores y las cinco siguientes a esas medidas, los homicidios reportados en Barranquilla pasaron de 75 a 28. La administración distrital informó una reducción del 64 % entre ambos períodos. Se trata de una comparación de corto plazo, por lo que será necesario observar períodos mayores antes de establecer si representa una modificación sostenida de la tendencia. (Alcaldía Barranquilla)
El problema salió de Barranquilla
Una de las principales diferencias entre la discusión de 2023 y la situación actual es geográfica. Lo que inicialmente se observaba con especial atención sobre Barranquilla y su área metropolitana aparece hoy conectado con otros municipios del Atlántico y con corredores hacia departamentos vecinos.
En agosto de 2026 la Defensoría emitió la Alerta Temprana 019 para Baranoa, Luruaco, Polonuevo, Repelón y Sabanalarga. El documento describe una reconfiguración sostenida del control territorial por la coexistencia y disputa de estructuras armadas y redes de criminalidad organizada. (Alertas Tempranas)
Los riesgos señalados incluyen homicidio, extorsión y microtráfico. La advertencia se concentra particularmente en un corredor estratégico que permite conectar territorios del centro del Atlántico con otros espacios regionales.
Dos meses antes había aparecido una señal todavía más clara de movilidad territorial. Una alerta para Sitionuevo, Magdalena, identificó la expansión de una estructura desde el Atlántico hacia ese departamento utilizando el complejo de la Ciénaga Grande de Santa Marta como corredor estratégico. (Alertas Tempranas)
Ese dato cambia la escala de la discusión. La inseguridad ya no puede observarse únicamente desde los límites administrativos de Barranquilla ni solamente desde el área metropolitana.
El Caribe también tiene sus propios mapas del delito
La Defensoría caracteriza actualmente su macrorregión Caribe con 135 municipios de Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y el archipiélago de San Andrés y Providencia. En la clasificación consultada, siete municipios figuraban con llamado a acción urgente, 81 con acción prioritaria y 47 bajo observación permanente. (Defensoría del Pueblo)
Las dinámicas no son iguales en toda la región. En el sur de Bolívar, por ejemplo, una alerta emitida en febrero de 2026 relacionó el riesgo de cuatro municipios con la disputa por un corredor entre los ríos Magdalena y Cauca, asociado con minería ilegal, narcotráfico y extorsión. (Defensoría del Pueblo)
En Magdalena el problema incluye corredores alrededor de la Ciénaga Grande y estructuras con presencia consolidada en zonas vinculadas a la Sierra Nevada. En Atlántico aparecen simultáneamente dinámicas metropolitanas, corredores intermunicipales y disputas por rentas urbanas.
Lo común no es una misma organización dominando todo el Caribe. Lo común es la existencia de organizaciones capaces de utilizar vías, puertos, zonas rurales, centros urbanos y límites departamentales como partes de circuitos que exceden una sola jurisdicción.
Las respuestas también empiezan a cruzar fronteras
Las operaciones recientes muestran que las autoridades están empleando esquemas que superan una ciudad. En junio, una intervención nacional contra secuestro y extorsión incluyó Barranquilla, Cartagena y departamentos como Magdalena y La Guajira, además de otras regiones del país, y reportó afectaciones a varias organizaciones. (Policía Nacional de Colombia)
En agosto, otra operación coordinada entre Policía y Fiscalía se ejecutó simultáneamente en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, además de otras ciudades y departamentos, con 111 capturas por extorsión, secuestro y delitos relacionados. (Policía Nacional de Colombia)
El Gobierno Nacional anunció además la creación de un bloque especializado contra la extorsión, concebido para concentrar capacidades de inteligencia y operación de Fuerzas Militares y Policía, con articulación de Fiscalía y Rama Judicial. (Presidencia)
También fueron trasladadas desde Barranquilla veinte personas privadas de la libertad identificadas por las autoridades como integrantes o dirigentes de estructuras criminales. La medida busca limitar la posibilidad de continuar coordinando delitos desde centros de reclusión. (Presidencia)
Son herramientas distintas —operaciones simultáneas, inteligencia, control penitenciario, persecución de extorsión— que muestran una comprensión cada vez más interinstitucional del problema.
La pregunta que dejó abierta 2023
Barranquilla ya tenía en el período 2020-2023 un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Incluía fortalecimiento de capacidades institucionales, focalización territorial, tecnología, infraestructura, prevención, cultura ciudadana y participación comunitaria.
El informe de gestión de entonces registraba un cumplimiento del 85,05 % de las metas de la política denominada Ciudad segura y de promoción de los derechos humanos. Pares planteó una pregunta que mantiene interés tres años después: por qué ese nivel de ejecución no parecía trasladarse proporcionalmente a resultados operativos ni a percepción de seguridad.
La observación no permite concluir que toda la política haya fracasado. Sí obliga a diferenciar dos formas de medirla. Una corresponde al número de proyectos, inversiones o actividades ejecutadas; otra intenta determinar si esas acciones modificaron de forma duradera los factores que producen violencia.
Ese segundo criterio cobra relevancia frente a estructuras que sobreviven a capturas, reemplazan integrantes, se fragmentan o trasladan parte de sus actividades.
Policía, justicia y cárceles forman parte de la misma cadena
El informe de 2023 también había identificado elevados niveles de desconfianza hacia Policía y organismos de justicia entre los participantes de sus ejercicios ciudadanos. Como recomendación, propuso fortalecer efectividad, trato al ciudadano, transparencia, rendición de cuentas y coordinación entre Policía, justicia y sistema penitenciario.
La discusión actual sobre política criminal amplía esa cadena. La información que administra el Ministerio de Justicia comprende delitos, judicialización, privación de libertad, ejecución de sanciones y retorno a la libertad. Es decir, la política criminal no termina con una captura. (Ministerio de Justicia)
Las entidades territoriales también tienen responsabilidades dentro del sistema penitenciario y carcelario. El Ministerio mantiene lineamientos dirigidos expresamente a alcaldías y gobernaciones sobre su participación y obligaciones en este componente. (Ministerio de Justicia)
El desafío consiste entonces en conectar prevención, inteligencia, Policía, Fiscalía, jueces, sistema penitenciario, resocialización y prevención de reincidencia, sin borrar las competencias legales que corresponden a cada institución.
Jóvenes, barrios y reproducción criminal
En 2023, Pares planteaba que una de las prioridades debía ser impedir el reclutamiento y utilización de menores y jóvenes por organizaciones criminales. Su razonamiento era que limitar esa incorporación afecta directamente la posibilidad de los grupos de reemplazar integrantes y mantenerse en el territorio.
Este componente sitúa una parte de la política de seguridad fuera de las estaciones de Policía. Permanencia escolar, formación para el trabajo, empleo juvenil, recuperación del espacio público, deporte y cultura aparecen en diferentes enfoques de prevención como instrumentos para intervenir territorios donde la criminalidad encuentra capacidad de renovación.
Eso no convierte la política social en sustituto de la acción policial ni de la justicia. Plantea una intervención paralela sobre las condiciones que pueden facilitar reclutamiento, reincidencia o sustitución de integrantes capturados.
De contar delitos a seguir estructuras
Los sistemas tradicionales permiten saber cuántos homicidios, extorsiones, capturas o incautaciones ocurrieron dentro de un territorio. El Ministerio de Justicia reconoce, además, la necesidad de integrar datos de las diferentes etapas de la política criminal y señala las limitaciones que acompañan cada indicador. (Ministerio de Justicia)
La expansión de estructuras entre municipios y departamentos añade una pregunta distinta. No solamente interesa saber dónde ocurrió un homicidio, sino qué organización puede estar relacionada, qué renta estaba en disputa, dónde más opera y qué sucede después de una captura o intervención.
Un seguimiento de ese tipo permitiría observar si una estructura pierde capacidad, se divide, cambia de denominación, terceriza actividades o simplemente se desplaza hacia otra jurisdicción.
No reemplazaría las estadísticas de delitos. Las complementaría.
De Barranquilla al Atlántico
La primera escala de coordinación sigue siendo metropolitana. Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia comparten movilidad, actividad económica, corredores viales y dinámicas criminales que difícilmente pueden ser contenidas por límites municipales.
La segunda escala es departamental. La alerta de agosto sobre cinco municipios del centro del Atlántico demuestra que algunas de las disputas ya se encuentran lejos del núcleo metropolitano. (Defensoría del Pueblo)
Esto abre espacio para una coordinación estable entre distrito, municipios, departamento, Fuerza Pública, Fiscalía, justicia y organismos de prevención. El propósito sería impedir que la reducción de la presión criminal en un municipio signifique simplemente su traslado al siguiente.
Y del Atlántico al Caribe
La alerta sobre Sitionuevo ofrece probablemente el ejemplo más directo. Una estructura que se expande desde Atlántico hacia Magdalena demuestra que las fronteras administrativas pueden resultar irrelevantes para la movilidad criminal. (Alertas Tempranas)
De allí surge una posibilidad para la discusión de los próximos años: aumentar la cooperación entre los departamentos del Caribe para compartir información sobre desplazamientos, corredores, estructuras, economías ilícitas, redes de extorsión y movimientos posteriores a grandes operaciones.
No significaría sustituir a Policía, Fiscalía, justicia o autoridades nacionales. Tampoco crear necesariamente una nueva institución regional. Podría estructurarse mediante mecanismos permanentes de intercambio de información y coordinación dentro de las competencias existentes.
Una operación fuerte en Atlántico podría generar alertas preventivas en Magdalena y Bolívar. Una reconfiguración detectada en el sur de Bolívar podría ser observada desde departamentos vecinos. La aparición de una modalidad de extorsión en varias capitales podría analizarse como fenómeno común y no como una suma de casos aislados.
Evitar que el delito simplemente se mude
Esta dimensión regional plantea un criterio sencillo para evaluar los resultados.
Si una organización deja un territorio pero conserva sus integrantes, recursos, armas, redes de financiación y capacidad de operar en otro departamento, el problema geográfico se redujo para una jurisdicción, pero la organización sobrevivió.
Por esa razón, varios de los enfoques actualmente discutidos en política criminal apuntan a complementar los indicadores convencionales con otros: pérdida de rentas ilegales, desarticulación financiera, reducción del reclutamiento, recuperación territorial, imposibilidad de mando desde prisión y ausencia de recomposición posterior.
Se trata de medir no solamente cuánto delito ocurrió, sino cuánta capacidad de producir delito conservan las estructuras.
Lo que queda por hacer
El diagnóstico de Pares de 2023 proponía revisar exhaustivamente la política de seguridad, sus presupuestos y los efectos concretos de los proyectos; mejorar la información sobre extorsión y amenazas; fortalecer la confianza institucional; coordinar Policía, justicia y sistema carcelario, y superar intervenciones exclusivamente reactivas.
Tres años después, algunas de esas líneas aparecen en medidas actualmente en ejecución: operaciones conjuntas, refuerzo de inteligencia, acciones contra la extorsión, coordinación entre niveles de gobierno, traslado de internos y actuaciones simultáneas en varios departamentos. (Alcaldía Barranquilla)
Lo que todavía necesita evaluación es su continuidad y resultado. Las variaciones de cinco semanas pueden mostrar eficacia inmediata; para hablar de transformación estructural será necesario observar períodos más largos, reincidencia, recomposición de organizaciones y comportamiento de las economías que las financian.
También queda pendiente una articulación territorial más amplia. La evidencia de 2026 muestra conexiones entre Barranquilla, municipios del Atlántico, Magdalena y corredores de Bolívar. Las operaciones nacionales ya funcionan en varios departamentos simultáneamente; la información territorial podría avanzar en la misma dirección.
Una historia que todavía se está escribiendo
En 2023 el interrogante era cómo había llegado Barranquilla a una situación en la que homicidio, extorsión y disputas entre organizaciones comenzaban a alterar de manera evidente la percepción ciudadana y algunas actividades económicas.
En 2026 la pregunta es más amplia.
Los datos muestran que las autoridades pueden contener episodios de violencia y producir reducciones importantes durante determinados períodos. Las alertas muestran, al mismo tiempo, organizaciones capaces de fragmentarse, disputar nuevos territorios y extenderse a corredores que conectan departamentos.
Por eso, el siguiente capítulo de la seguridad de Barranquilla probablemente no se escribirá solamente en Barranquilla.
Se escribirá también en Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y los municipios del centro del Atlántico; en los corredores que llevan hacia Magdalena y Bolívar; en los procesos judiciales; en las cárceles; en la persecución del dinero de la extorsión y en los barrios donde las organizaciones buscan nuevos integrantes.
La pregunta dejó de ser únicamente cuándo comenzó la crisis.
Ahora también es necesario establecer qué tendría que ocurrir para poder afirmar, con datos y no con percepciones, que las estructuras que la alimentan están perdiendo de manera sostenible territorio, rentas y capacidad de reproducción.