Cobros a Terceros en facturas de servicios públicos: un debate vigente

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Por Guillermo de la Hoz Carbonó 

La prestación de servicios públicos en Colombia ha sido objeto de intensos debates, especialmente en lo que respecta a los cobros adicionales que se incluyen en las facturas de servicios como la energía eléctrica.

Los cobros a terceros, que abarcan tasas e impuestos destinados a diferentes entidades, han generado controversia en la región Caribe, donde los usuarios se enfrentan a facturas elevadas y cuestionan la legalidad y transparencia de tales cargos. Dependiendo de la entidad territorial, estos cobros a terceros podrían alcanzar hasta el 30% de las facturas. 

La Ley 142 de 1994, conocida como la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, establece el marco legal para la prestación de estos servicios en Colombia. Aunque la ley busca garantizar la eficiencia y continuidad en la prestación de los servicios, también permite que las empresas prestadoras incluyan en las facturas cargos adicionales relacionados con tasas e impuestos locales.

Esta práctica ha sido respaldada por normativas locales, como ordenanzas y acuerdos distritales y municipales, que autorizan la inclusión de cobros por conceptos como alumbrado público, aseo y seguridad.

Sin embargo, la jurisprudencia ha abordado la constitucionalidad de los aludidos cobros. En la Sentencia C-504 de 2020, la Corte Constitucional enfatizó que la prestación de servicios públicos es una función inherente a la finalidad social del Estado y que las tarifas deben reflejar criterios de costos, solidaridad y redistribución de ingresos. Esto implica que cualquier cobro adicional debe estar claramente justificado y no vulnerar los derechos fundamentales de los usuarios. 

Ahora, los recursos obtenidos a través de los cobros adicionales suelen destinarse a financiar servicios complementarios, como el alumbrado público y programas de seguridad ciudadana. No obstante, la falta de transparencia en la gestión y asignación de estos fondos ha generado desconfianza entre los ciudadanos. La percepción de que estos recursos no se invierten adecuadamente en mejoras tangibles para la comunidad, ha alimentado el descontento y la oposición a estos cargos.

Intervención de Air-e

En 2024, la empresa Air-e, encargada de la distribución de energía en Atlántico, La Guajira y Magdalena, fue intervenida debido a problemas financieros y operativos. Carlos Diago, nombrado como agente interventor, implementó medidas para aliviar la carga financiera de los usuarios, incluyendo la suspensión temporal del cobro de la opción tarifaria y de los cargos a terceros en las facturas de energía. Diago argumentó que estos cobros eran inconstitucionales y que su eliminación reduciría significativamente el valor de las facturas para los usuarios.

Sin embargo, estas decisiones generaron controversia. Mientras algunos sectores celebraron la reducción en las tarifas, otros, incluyendo autoridades locales y analistas, criticaron la medida por considerarla improvisada, caso del gobernador del Atlántico, y por su potencial impacto negativo en las finanzas públicas destinadas a seguridad y otros servicios. Además, se señaló que la eliminación de estos cobros podría generar inseguridad jurídica y afectar la prestación de servicios complementarios financiados con estos recursos. 

Las Entidades Territoriales

Las asambleas y los concejos distritales y municipales han jugado un papel crucial en la autorización de estos cobros adicionales. A través de ordenanzas y acuerdos, han respaldado la inclusión de tasas e impuestos en las facturas de servicios públicos, argumentando la necesidad de financiar servicios esenciales para la comunidad. No obstante, esta práctica ha sido cuestionada por su impacto en la economía de los hogares y por la percepción de arbitrariedad en la imposición de los cargos.

Es fundamental que los ciudadanos del Caribe colombiano se informen y participen activamente en los debates sobre la estructura tarifaria de los servicios públicos. La transparencia en la gestión de los recursos y la claridad en los cobros son derechos de todos los usuarios. Al exigir rendición de cuentas y participar en los espacios de decisión, la comunidad puede influir en la implementación de políticas más justas y equitativas.

La intervención de Air-e y las decisiones tomadas por el entonces interventor Carlos Diago han puesto de manifiesto la necesidad de revisar y debatir la legalidad y pertinencia de los cobros a terceros en las facturas de servicios públicos. Es imperativo que las autoridades locales y nacionales trabajen de la mano con la comunidad para garantizar que los recursos recaudados se utilicen de manera eficiente y transparente, y que las tarifas reflejen verdaderamente los costos del servicio sin cargas adicionales injustificadas.

Lo preocupante según lo que sigue a continuación, es el traspaso de los cobros de terceros que venía haciendo Air-e a las facturas de la Triple A, es decir, bajará el valor de lo que reparte la empresa de energía y subirá el valor del recibo de la compañía de acueducto y alcantarillado.  No olvidemos que la Triple A tiene el hándicap o el estigma de la mega corrupción de un exgerente cuya condena acaba de ser rebajada por la honorable Corte Suprema de Justicia.

Desde distintos estamentos se mira con muchas reservas el cambio reservas, se está dando un compás de espera a ver cómo funciona el nuevo proceso pero la aspiración real de muchos si no de todos, es que a corto y mediano plazos las empresas de servicios públicos estén dedicadas a sus propios menesteres y no tentadas a repetir los funestos episodios de la empresa eléctrica con el cobro a terceros en las facturas de los servicios públicos domiciliarios.

Referencias:

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-504 de 2020.

El Heraldo. “A Petro es a quien hay que pedirle cuentas por mis decisiones en Air-e: Carlos Diago”. Publicado el 6 de noviembre de 2024.

El Heraldo. “La salida en falso de Air-e es una improvisación en su máxima expresión”. Publicado el 6 de octubre de 2024.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-186 de 2022.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-042 de 2021.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-154 de 2020

https://www.infobae.com/colombia/2025/02/14/corte-suprema-redujo-la-pena-a-ramon-navarro-condenado-por-el-millonario-desfalco-de-triple-a/ 1