El Gobierno colombiano respondió este viernes a los reparos de la comunidad internacional por los abusos de la fuerza pública denunciados durante las protestas en su contra y dijo que es garante de la protesta pacífica, por lo que ha tomado todas las medidas para respetar ese derecho en los últimos 10 días.
“Con todas nuestras embajadas y consulados en el exterior, estamos ratificando al mundo que Colombia es un Estado de Derecho, con instituciones democráticas sólidas, separación de poderes y órganos de control independientes”, dijo en una declaración la canciller, Claudia Blum.
Agregó que “el Gobierno de Colombia toma todas las medidas para garantizar la protesta pacífica” y que eso “se evidencia en las manifestaciones de miles de colombianos que se han expresado en forma pacífica” desde el pasado 28 de abril.
Sin embargo, la fuerza pública ha sido acusada de múltiples abusos que incluyen el asesinato de civiles, agresiones físicas contra manifestantes y la prensa, abusos sexuales y detenciones arbitrarias.
Organismos internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han cuestionado el “desproporcionado uso de la fuerza” por parte de agentes de la Policía para reprimir las marchas en las que han muerto al menos 24 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Sobre esa situación, Blum explicó que el Gobierno ha comunicado a las embajadas y consulados en el país “las medidas e investigaciones que han iniciado las instituciones autónomas para asegurar que los casos de posible violación a los derechos humanos o uso excesivo de la fuerza sean debidamente sancionados”.
Respecto a las caóticas jornadas, que han afectado las ciudades con bloqueos y vandalismo, la canciller aseguró que “desafortunadamente, el derecho a la reunión y a la movilización ha sido afectado por vándalos y actores violentos”.
Agregó que “estos han agredido a la ciudadanía y a la fuerza pública, e impactado en algunas regiones la seguridad alimentaria, la vacunación (contra el coronavirus) y salud, la movilidad, y otros derechos de los colombianos”.
Blum aclaró además que el Gobierno colombiano rechaza “siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad, y que buscan alimentar la polarización e impedir la construcción de consensos en nuestra patria”.
Las movilizaciones comenzaron en contra de la ya retirada reforma tributaria del Gobierno del presidente Iván Duque, pero continúan contra un intento de reformar la salud, la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.
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