Los colombianos van a las urnas este domingo para elegir alcaldes, concejales, ediles, gobernadores y diputados regionales en unas elecciones que servirán para medir la aprobación o rechazo al Gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro y que podrán influir en la votación presidencial del 2026.
Aunque Colombia ostenta la que es considerada como una de las democracias más antiguas y continuas de América Latina, es probable que la votación del domingo enfatice el poder de las familias políticas locales y regionales, así como de las coaliciones en lugar de los partidos, según analistas.
“Hay combinación de factores. La oposición y los sectores tradicionales de la política han intentado vender las elecciones como un plebiscito al presidente y yo creo que mucho voto va a ser así”, dijo el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila.
“Va a haber un gran castigo para el Pacto Histórico”, aseguró refiriéndose a la coalición de izquierda que llevó a la presidencia a Petro el año pasado, quien actualmente tiene altos índices de desaprobación, mientras no logra que el Congreso apruebe leyes decisivas para lograr su promesa de reducir la desigualdad y la pobreza.
Para estas elecciones surgió una proliferación de fuerzas lideradas por políticos locales que buscan los cargos sin consideraciones ideológicas.
La mayoría de los candidatos llegan en coaliciones que involucran a varios partidos o respaldados por firmas de ciudadanos.
“Hay una disputa muy grande entre élites tradicionales y nuevas fuerzas políticas. La mayoría de los caciques tradicionales volvieron a las regiones. Sin lugar a duda, aquí lo que está en juego es la campaña presidencial del 2026”, explicó Ávila.
Casi 39 millones de colombianos están habilitados para votar y elegir 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, más de 12.000 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles entre 125.906 candidatos, según la Registraduría Nacional.
La campaña fue precedida por amenazas a candidatos y un deterioro de la seguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales que siguen activos a pesar de los esfuerzos de Petro para negociar la paz y poner fin a un conflicto interno de seis décadas que dejado más de 450.000 muertos.
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo alertó que más del 36% de los municipios enfrentan riesgo extremo o alto de violencia que afecte el proceso electoral, un aumento desde el 23% en las elecciones de 2019.
También hay riesgo de fraudes como la compra de votos y la suplantación de electores, según observadores.
“Las principales denuncias han sido por irregularidades en la función pública, en publicidad y medios de comunicación,” dijo Mauricio Vela, coordinador del observatorio político electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), que promueve el ejercicio de los derechos civiles.
“Sin embargo, durante el día electoral los delitos que más se denuncian tienden a ser la compra y venta de votos”, afirmó.
(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)
Por Luis Jaime Acosta
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