La transformación rural es una realidad y la piedra angular para la no repetición: v informe de seguimiento
Enero de 2026. El más reciente informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo analiza los avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en los territorios más afectados por la violencia y la desigualdad.
Los progresos normativos, un impulso sostenido a la transformación rural y la resistencia comunitaria se consolidan como factores clave para la paz.
Los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza y el abandono estatal continúan apostándole a la paz.
Así lo concluye el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad (en adelante, el Comité), que analiza cómo se consolidan las transformaciones propuestas por la Comisión en los 170 municipios y las 16 subregiones que hacen parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Acuerdo de Paz.
El Comité identificó que la paz se afianza en estos municipios mediante políticas de transformación rural que han recibido un impulso significativo desde 2022; avances normativos en favor de poblaciones históricamente marginadas, como los pueblos étnicos, las mujeres y las personas LGBTIQ+; y la persistente resistencia comunitaria, expresada en procesos sociales que disputan el futuro a la violencia.
Todo ello ocurre en un contexto adverso: 2025 fue el año de mayor crisis humanitaria en dos décadas, con la cifra más alta de desplazamientos forzados en 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.
El Comité, creado en el marco del Acuerdo de Paz, tiene la función de hacer seguimiento y monitoreo de las recomendaciones incluidas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Desde el inicio de su funcionamiento en 2022, publica informes semestrales.
En ejercicio de su autonomía e independencia, en esta ocasión decidió concentrar el análisis en la apropiación de las recomendaciones en los territorios PDET, una condición indispensable para avanzar en la no repetición en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
Julia Eva Cogollo Cabarcas, presidenta del Comité, destacó los hallazgos del monitoreo: “Nos emociona ver en las comunidades una acción decidida por transformar sus territorios. Invitamos a que los planes de acción de los PDET, actualmente en proceso de actualización,incorporen las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad, de manera que la no repetición se fortalezca con enfoques como la seguridad humana, la
perspectiva de las víctimas en el exilio y la transformación de la cultura de guerra en Colombia”.
Durante seis meses de trabajo, el Comité trianguló información de 29 entidades nacionales, 11 gobernaciones y 134 informes de alcaldías, y sostuvo diálogos presenciales y virtuales con más de 270 liderazgos de las 16 subregiones PDET. A partir de este ejercicio, el V Informe concluye:
La transformación rural es una realidad. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en zonas PDET se redujo casi a la mitad entre 2018 y 2023 (de 39,8 % a 23,7 %), aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. La extensión legal de los PDET hasta 2034 implica que esta política atravesará al menos tres periodos presidenciales adicionales, consolidándose como una política de Estado.
El Comité hace un llamado a la Agencia de Renovación del Territorio para que incorpore las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en la actualización de los planes de acción PDET.
Las mujeres son protagonistas de la transformación y deben serlo de la implementación. El enfoque de derechos de las mujeres presenta los mayores niveles de ejecución dentro de los PDET (62 %). Se destaca el Programa Especial de Adjudicación de Tierras para mujeres campesinas y pesqueras, que ha entregado más de 7.600 hectáreas a nivel nacional.
El Comité llama a garantizar la centralidad de las mujeres, en toda su diversidad, mediante participación efectiva, autonomía económica y articulación con el Sistema Nacional de Cuidado.
Hitos normativos recientes fortalecen las garantías para poblaciones históricamente excluidas. En cumplimiento de compromisos de la Constitución de 1991, se han expedido decretos que reconocen el SISPI (Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural) y el SEIP (Sistema Educativo Indígena Propio) como políticas de Estado, y se han reconocido las primeras Entidades Territoriales Indígenas. Asimismo, la creación del Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de las Personas LGBTIQ+ dota al Estado de herramientas para enfrentar la violencia basada en prejuicios.
Las garantías de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación tienen un enfoque territorial. Las primeras sentencias de la JEP en 2025 (casos 01, sobre secuestro, y 03, sobre ejecuciones extrajudiciales) incorporaron las voces de víctimas de territorios PDET en la definición de las sanciones propias.
Los 37 Planes Regionales de Búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas priorizan las subregiones más afectadas por la desaparición forzada. A su vez, los Planes Territoriales del Centro Nacional de Memoria Histórica en 16 municipios PDET descentralizan la construcción de memoria guiándola hacia los territorios.
El Comité hace un llamado a la Unidad para las Víctimas a agilizar los procesos de reparación colectiva.
