La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación y condenó la campaña de estigmatización y hostigamiento de la Alcaldía de Medellín contra el diario El Colombiano.
La organización instó a suspender esa práctica peligrosa, que podría desencadenar en actos de violencia física.
El Colombiano denunció que el alcalde Daniel Quintero (en la foto) y algunos de sus funcionarios menoscaban la credibilidad del periódico, al que calificaron como “pasquín”, y hostigan y estigmatizan en redes sociales a su directora, Luz María Sierra, en represalia por investigaciones periodísticas y críticas sobre presuntas irregularidades, nepotismo y actos de corrupción.
Además, la Alcaldía obstaculiza, demora o no responde pedidos de acceso a información. Según el medio, desde su llegada a la Alcaldía en 2020, Quintero mantiene una actitud de alejamiento con los medios de comunicación, en especial con El Colombiano y sus periodistas.
Quintero fue suspendido de su cargo el 10 de mayo por expresar en un video su respaldo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro. La Procuraduría General lo acusa de infringir la ley que prohíbe a los funcionarios públicos participar en la política electoral. No se especificó hasta cuándo durará la suspensión, aunque presumiblemente será hasta que finalice la segunda vuelta electoral y se anuncie el nuevo presidente del país.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, instó al político y a su equipo de trabajo a “cesar el hostigamiento contra El Colombiano“. Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, expresó “preocupación por la continua estigmatización y el descrédito proveniente de la Alcaldía, que tememos pueda incentivar violencia y amenazas”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, añadió que “en una democracia los periodistas y medios cumplen una función fiscalizadora de la administración pública, que muchas veces está sujeta a tensiones naturales, pero esto no justifica campañas de descrédito desde el poder”.
Canahuati y Jornet recordaron, además, que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estable que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
La semana pasada, funcionarios de la Alcaldía arremetieron en contra de la directora del diario por cuestionar un viaje del alcalde y otras nueve personas a Washington, DC, para denunciar su suspensión ante la CIDH.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.