El Congreso colombiano aplazó este jueves la votación en primer debate del Acuerdo de Escazú, un trámite necesario para su ratificación en el país y cuyo futuro ahora es incierto porque el plazo para su discusión está próximo a cumplirse.
Las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes programaron para hoy la votación, pero tras la exposición de las proposiciones a favor y en contra del acuerdo la sesión fue suspendida en medio de gran expectativa porque el Congreso tiene hasta el 20 de junio, cuando termina esta legislatura, para convocar a una nueva votación; si eso no ocurre el proyecto quedará hundido.
“El uribismo con sus congresistas en comisiones segundas sabotearon la discusión y votación para ratificar Escazú”, lamentó hoy el senador ponente Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde.
TRÁMITE BLOQUEADO
El futuro del Acuerdo de Escazú en Colombia ha sido dilatado durante meses en el Congreso pese a que el presidente Iván Duque firmó el proyecto de ley en diciembre de 2019.
El trámite legislativo ha estado detenido porque un bloque de congresistas, incluidos miembros del oficialista Centro Democrático, partido del cual Duque hace parte, y los gremios más importantes desaprobaron su contenido y pidieron que fuera archivado.
Duque ha sido señalado por algunos sectores de no hacer suficientes esfuerzos para que el acuerdo sea ratificado, pero el Gobierno se ha desmarcado de esos reclamos con el argumento de que ya hizo su parte, que fue suscribir el proyecto y enviarlo con mensaje de urgencia.
El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el pasado 22 de abril en una decena de países, fue firmado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre, en lo que es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y que da apoyo a los derechos humanos en general y los ambientales en particular.
ACUERDO NECESARIO
Un estudio de la ONG Global Witness publicado en julio del año pasado señala que América Latina fue el lugar más peligroso para los defensores de la tierra en 2019 y Colombia lidera esa estadística con 64 crímenes.
Por ello, un grupo de organizaciones ambientalistas y universidades del país presionaron toda esta semana al Congreso para que aprovechara la oportunidad, la última en este periodo legislativo, de ratificar el acuerdo, una herramienta que calificaron como “vital” para regular los derechos en defensa del medioambiente y “para que la Justicia sea efectiva alrededor del uso sostenible de nuestros recursos naturales”.
“Con la ratificación de este instrumento regional, el país contará con un mejor marco legal para la transparencia y mayor seguridad jurídica que contribuyen al desarrollo de proyectos e incentivan las inversiones”, valoraron en un comunicado el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), el centro de estudios DeJusticia y la campaña Escazú Ahora Colombia, entre otras instituciones.
Congresistas de la oposición que impulsaron la firma del acuerdo han manifestado su preocupación por los “mitos” que frenaron su ratificación, argumentos como que el acuerdo representa una amenaza para la soberanía nacional” o que “en Colombia ya hay suficientes mecanismos de participación y cuenta con un marco legislativo para proteger el ambiente”.
En ese sentido, organizaciones ambientalistas defendieron en un comunicado que el acuerdo “no atenta contra la soberanía nacional, pues no contiene disposiciones sobre los espacios terrestre, marítimo o aéreo del territorio nacional”.
Destacaron también que la Corte Constitucional de Colombia ha reconocido que el país tiene un déficit de protección constitucionalmente inadmisible “debido a la inexistencia de una regulación definida de mecanismos de participación ciudadana ambiental e instrumentos de coordinación y concurrencia”.
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