El presidente colombiano Gustavo Petro declaró el viernes el “estado de conmoción” en el noreste del país, una figura que le da facultades extraordinarias legislativas y la posibilidad de restringir algunos derechos con la que busca atender una reciente escalada de violencia en una zona fronteriza con Venezuela que ha dejado en los últimos días al menos 80 muertos y 36.000 desplazados.
La figura jurídica, que no había sido usada por ningún gobierno desde hace más de una década, lo faculta por un plazo inicial de 90 días —prorrogable dos veces— para dictar medidas para restablecer “el orden público” como restringir el derecho a la libre circulación o imponer toques de queda.
Según el gobierno, el estado de conmoción interior busca hacer frente a la violencia desatada en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, por enfrentamientos entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
El decreto de estado de conmoción interior fue publicado por la presidencia el viernes y en él se detalla que solo regirá para la región del Catatumbo, no para todo el país.
Ante la violencia, de la que el gobierno responsabiliza principalmente al ELN, el presidente suspendió la mesa de negociación que mantenía activa con esa guerrilla la semana pasada y la fiscalía reactivó el miércoles las órdenes de captura contra 31 altos mandos y voceros guerrilleros en los diálogos.
Atender a las comunidades
La ley colombiana establece que en estado de conmoción, el gobierno puede expedir decretos con fuerza de ley —sin que pasen primero por el Congreso— y temporalmente imponer contribuciones fiscales, modificar el presupuesto gubernamental y restringir algunos derechos fundamentales.
Los decretos que se emitan en la conmoción interior tienen control posterior y automático por parte de la Corte Constitucional, que en caso de no encontrarlos ajustados a la ley puede dejarlos sin efecto.
Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con la declaratoria buscan atender a las comunidades afectadas por la violencia, especialmente a los desplazados; hacer inversiones sociales en una región con poca presencia estatal y fortalecer las capacidades militares, lo que incluye interceptar comunicaciones e intensificar el control de la producción y comercialización de la coca.
Desde el lunes, cuando Petro anunció que decretaría la conmoción interior, sectores opositores al gobierno han criticado su decisión advirtiendo que se usaría como una “excusa” para decretar leyes que no ha logrado que sean aprobadas por el Congreso de manera ordinaria.
Petro rechazó de inmediato las advertencias desde su cuenta de X, antes Twitter: “Quienes desde la oposición creen que la conmoción interior sólo es para reelegirme o cobrar los impuestos que no permitió el Congreso en la ley de financiamiento y no es cierto”. En cambio, el mandatario aseguró que con el decreto se financiarán mejoras para el Catatumbo y se defenderá la “soberanía nacional”.
La violencia en Catatumbo se desató por un intento de tomar control sobre el territorio estratégico por su cercanía a la frontera y de sus economías ilícitas, como el narcotráfico. Analistas han dicho que existía una tregua entre los dos grupos armados que se rompió.
La facilidad para cruzar la frontera de 2.200 kilómetros entre Colombia y Venezuela ha servido a los armados para escabullirse de las autoridades colombianas. El ejército calcula que en Norte de Santander, donde se ubica Catatumbo, hay más de 50 pasos informales.
La víspera, el presidente colombiano aseguró que ha contactado con el gobierno venezolano para establecer un plan conjunto que permita la “erradicación de bandas armadas en la frontera”, especialmente para bloquear los pasos ilegales.
ASTRID SUÁREZ Yahoo Noticias Agencia AP
Lo que dice la Casa de Nariño sobre la conmoción interior
El presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial firmaron el decreto 0062 del 24 de enero de 2025, en el que se declara “el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.
En la norma, el Gobierno nacional sustenta la facultad que le otorga la Constitución Política en su artículo 213, que establece que “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior (…)”.
Con base en las facultades constitucionales, el Gobierno queda habilitado para “dictar decretos legislativos en aras de conjurar las causas de la perturbación al orden público e impedir la extensión de sus efectos, para lo cual podrá, entre otras, suspender las leyes incompatibles con este estado de excepción”.
La decisión del presidente Gustavo Petro fue adoptada debido a la situación de orden público que se registra en la zona del Catatumbo, donde el Eln y disidencias de las Farc mantienen combates, que han generado asesinatos selectivos, muerte de civiles y desplazamiento masivo de la población.
Por esta razón, el decreto determinó declarar la conmoción interior “por el término de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura, La Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patíos, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.
En las consideraciones del decreto se recordó que el Gobierno, en el marco de la política de Paz Total, “ha incentivado y promovido la presencia y las ofertas institucionales en la región del Catatumbo, mediante programas dirigidos a la sustitución de los cultivos ilícitos y la vinculación a actividades de economía productiva legal, entre otros”.
Dice además que de acuerdo con informes oficiales “los municipios de Norte de Santander pertenecientes a la región del Catatumbo concentraban 43.178 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales el 63,3 % (27.329 hectáreas) estaban ubicadas en los municipios de Sardinata y Tibú; así mismo, que, desde entonces, dichos cultivos se han incrementado, habida cuenta de la reactivación del mercado de la coca para fines ilícitos”.
Y continúa: “El Eln ha incrementado sus ataques y hostilidades contra la población civil y, especialmente, contra los firmantes del acuerdo final de paz en la región del Catatumbo, lo cual es promovido y financiado, entre otros, con los recursos provenientes de las actividades y economías ilegales en esta región”.
La norma anota que “desde el 16 de enero de 2025, la grave perturbación del orden público en la región del Catatumbo se ha intensificado como consecuencia del despliegue militar, las hostilidades y las operaciones armadas del Eln en contra de la población civil y las instituciones, lo que ha generado una grave e imprevisible crisis humanitaria que compromete, entre otras, a poblaciones especialmente vulnerables como el pueblo indígena Barí, líderes sociales, niños, niñas y adolescentes, campesinos y campesinas”.
“Que, según la información reportada por las autoridades territoriales en los Puestos de Mando Unificados, en el marco de la escalada de violencia y con corte al 21 de enero de 2025, se han confirmado 381 homicidios (incluidos 5 firmantes del acuerdo final de paz), sin que sea posible descartar la existencia de un número mayor de víctimas mortales ante las extremas dificultades que enfrentan las autoridades para la recolección e identificación de cuerpos en las zonas más afectadas por la confrontación, así como múltiples casos de I lesiones personales y desapariciones forzadas”, dice la norma.
Con respecto al desplazamiento forzado, se denuncia que, de acuerdo con la información proporcionada por el Comité de Justicia Transicional, con corte a 22 de enero de 2025, “el consolidado de la población desplazada forzadamente es de 36.137 personas. En contraste, durante todo el año 2024 el RUV (Registro Único de Víctimas) reportó un total de 5.422 desplazados forzadamente” y recuerda que, con corte a 21 de enero de 2025, del total de personas desplazadas forzadamente, 16.482 se encuentran resguardadas en albergues y refugios ubicados en distintos municipios de Norte de Santander.
De la misma manera, se refiere al informe del ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de que, debido a la situación de orden público, entre el 17 y el 19 de enero pasado hubo un flujo migratorio hacia Venezuela que alcanzó las 700 personas diarias; y que los días 20 y 21 de enero de 2025 se presentó una leve disminución a cerca de 400 personas por día.
Hasta el 21 de enero, la Alcaldía de Cúcuta ha atendido a 15.086 personas como consecuencia del escalamiento de las hostilidades y los ataques a la población civil en la región del Catatumbo; además, en los municipios de Tibú, Teorama y San Calixto se presenta el confinamiento de 7.122 personas y que, en general, los municipios receptores de población víctima del conflicto afrontan desbordamiento institucional, lo cual afecta negativamente su capacidad de protección de derechos de esta población.
Ante esta situación, el decreto advierte sobre las dificultades que existen en la atención de servicios primarios de salud, así como asistencia humanitaria, y el riesgo en la prestación de los servicios públicos esenciales (agua, energía y gas) porque no se han podido adelantar las labores de mantenimiento.
“En atención a la gravedad de la situación excepcional que se vive en la región del Catatumbo, caracterizada por el aumento de la violencia, la crisis humanitaria, el impacto en la población civil, las amenazas a la infraestructura crítica y el desbordamiento de las capacidades institucionales, se hace imprescindible la adopción de medidas extraordinarias que permitan conjurar la perturbación, restablecer la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, así como garantizar el respeto de los derechos fundamentales”, anota la norma.
Y establece que “en estos términos, el Gobierno nacional da cuenta del cumplimiento del presupuesto valorativo para la declaratoria de la presente conmoción interior”.