Bogotá, Marzo de 2025. La Constitución de 1991 proclamó a Colombia como un país “pluriétnico” y “multicultural”, asumiendo la responsabilidad de proteger la diversidad y la igualdad de sus habitantes.
Según datos del Dane (citado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026), la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera asciende a 4.671.160 personas, la indígena a 1.905.617, y la comunidad rom suma 2.649 individuos. A pesar del reconocimiento constitucional, estas poblaciones continúan viviendo violencias históricas asociadas al conflicto armado, el despojo de tierras y múltiples formas de exclusión social.
Las disparidades se evidencian, por ejemplo, en el índice de pobreza multidimensional (IPM). Para 2023, el IPM de los hogares con jefes de hogar indígenas alcanzó el 37,1%, mientras que en las comunidades negras y afrodescendientes fue de 21,8%.
Estas cifras superan el promedio nacional de 12,1% y son mayores en zonas rurales, reflejando la exclusión estructural que experimentan estos grupos. Por otro lado, el mercado laboral muestra brechas similares.
Entre febrero de 2024 y enero de 2025, el DANE muestra que la tasa de desocupación en comunidades afrodescendientes y palenqueras alcanzó el 12,9%, superando el 7,7% de la población indígena y el 9,9% de quienes no se identifican con ningún grupo étnico-racial.
Asi mismo, la ocupación general de la población étnica fue más baja que la de la población no étnica, especialmente para las mujeres afrodescendientes, cuyo índice de participación laboral es menor. Las ocupaciones más frecuentes para quienes se autorreconocen en un grupo étnico fueron agricultura, ganadería y pesca (24,4%) y comercio (13,9%), mientras que para la población no étnica prevalecieron comercio (18,1%) y agricultura (12,9%).
Ante este panorama, la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (Codess) insta a renovar esfuerzos para erradicar el racismo y garantizar un trato equitativo para todas las personas.
Con este propósito, Codess se acoge a los lineamientos del Sistema de Naciones Unidas sobre diversidad, participación e inclusión, y realiza investigaciones de campo que involucran a distintos actores y grupos vulnerables.
Así, contribuye a visibilizar los desafíos que afrontan las comunidades étnicas, a fin de promover políticas y acciones que atiendan su situación de manera integral y efectiva.