La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, logró la judicialización de cuatro presuntos integrantes de una red señalada de ingresar al país cargamentos de celulares de contrabando.
De acuerdo con los elementos de prueba Álvaro Yazid y Miguel Ángel Vargas Ruiz, Maritza Ruiz de Vargas y María Estela Granados Araque habrían constituido en Barranquilla (Atlántico) una empresa ilegal dedicada a la adquisición y comercialización de productos de tecnología.
Labores de policía judicial evidenciaron que, entre 2010 y 2019, estas personas, al parecer, ingresaron por diferentes puertos del país grandes cantidades de réplicas de teléfonos móviles de reconocidas marcas. Los equipos provenían de Vietnam, Taiwán, China, Finlandia, Holanda, República de Corea, Estados Unidos, Panamá e India, entre otros países.
La Fiscalía estableció que la mercancía ingresaba a territorio nacional mediante la declaración de precios que estaban muy por debajo de los valores fijados en el mercado. Adicionalmente, detectó que, presuntamente, fueron adulteradas facturas con el propósito de pagar menos impuestos.
Finalmente, los celulares que entraban de contrabando eran distribuidos en el comercio informal. En ese sentido, se generó una competencia desleal y una grave afectación a la industria nacional y a los comerciantes legales.
Los análisis financieros, patrimoniales y contables realizados indican que los hoy procesados habrían incrementado su patrimonio injustificadamente, realizaron movimientos financieros irregulares e incurrieron en anomalías en las declaraciones de renta que presentaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cuatro señalados integrantes de la red delictiva los delitos de concierto para delinquir; enriquecimiento ilícito de particulares, por cuantía de 147.000 millones de pesos; lavado de activos, en 10.000 millones de pesos; y contrabando.