El Departamento de Estado de EE.UU. señaló este martes a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su informe anual sobre derechos humanos, en el que expresó su preocupación por las torturas y ejecuciones extrajudiciales que supuestamente se perpetraron en esos países.
Este documento, publicado hoy y relativo a 2020, sirve de guía al Congreso estadounidense a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.
En la introducción del texto, el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que las “restricciones” del Gobierno en Cuba siguen vulnerando la libertad de expresión, asociación, religión, creencias y movimiento.
En la sección dedicada a la isla, Washington aseguró que “los funcionarios del Gobierno, por orden de sus superiores, cometieron la mayor parte de los abusos a derechos humanos”, entre los que citó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra disidentes políticos.
EE.UU., que calificó a Cuba de “Estado autoritario”, dijo que “la libertad de prensa prácticamente no existe” en este país y que se “niega” a los cubanos el derechos a formar partidos políticos.
Por otro lado, el documento se refirió al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como “régimen ilegítimo”, ya que la Administración de Joe Biden sigue reconociendo como mandatario interino de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, que se proclamó como tal en enero de 2019 con el apoyo de Donald Trump (2017-2021).
“La corrupción de Nicolás Maduro ha agravado la terrible crisis humanitaria del pueblo venezolano”, escribió Blinken en la parte inicial del informe.
En el documento EE.UU. también acusa a las fuerzas de seguridad venezolanas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y tratos crueles e inhumanos contra los detenidos.
Además, Washington reiteró que no reconoce el resultado de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, en las que el chavismo obtuvo el 92 % de los escaños y no participó el sector de la oposición liderado por Guaidó.
Sobre Nicaragua, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó que el “régimen corrupto” del presidente, Daniel Ortega, aprobó en los últimos meses leyes que son “cada vez más represivas” y limitan la capacidad de operar de la oposición política, la sociedad civil y los medios independientes.
Washington también acusó a Ortega y a grupos paramilitares supuestamente vinculados a él de llevar a cabo “una campaña de acoso, intimidación y violencia” contra aquellos que son percibidos como “enemigos”, entre los que se incluyen activistas de grupos de derechos humanos y por la democracia.
En ese sentido, EE.UU. responsabilizó a los paramilitares y fuerzas de seguridad de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, que supuestamente quedaron impunes.
El informe anual del Departamento de Estado examina el comportamiento de los Gobiernos de todo el mundo respecto a los derechos humanos, aunque no el de EE.UU., donde grupos como Amnistía Internacional (AI) denunciaron un aumento de las violaciones de los derechos de minorías y migrantes bajo el Gobierno de Trump.
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