Estados Unidos reactivó este martes sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela en represalia por el mantenimiento de la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado, una medida que el gobierno de Nicolás Maduro tachó de “grosero e indebido chantaje”.
Poco más de tres meses fue lo que duró una nueva etapa entre Washington y Caracas, abierta con la flexibilización parcial de sanciones económicas decidida en octubre. Fue un gesto en apoyo a un acuerdo para las elecciones presidenciales de este año suscrito entre el gobierno y la oposición con mediación de Noruega.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció que “Estados Unidos no renovará la licencia” que brinda alivio al sector petrolero y del gas cuando expire el 18 de abril de 2024, en represalia al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de mantener una inhabilitación política de 15 años contra Machado.
Horas antes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dio plazo hasta el 13 de febrero para “liquidar cualquier transacción” pendiente con Minerven, la minera estatal de extracción de oro de Venezuela.
“Venezuela toda rechaza el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el gobierno de Estado Unidos”, reaccionó la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la red X.
Rodríguez anunció la “revisión de cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano”.
“Venezuela está preparada para cualquier circunstancia”, dijo por su parte Pedro Tellechea, ministro venezolano de Petróleo. “Si nos colocan más sanciones nosotros nos prepararemos para las sanciones, las medidas que tome Estados Unidos, las consecuencias, seguramente ellos también las van a tener”.
“Falta de avances”
Washington toma estas medidas “a falta de avances” entre el gobierno y la opositora Plataforma Unitaria, “particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año”, especificó Miller.
Desde la firma de Barbados, que fijó las elecciones presidenciales para el segundo semestre del año -aún sin fecha- con observación internacional, Estados Unidos y Venezuela retomaron la repatriación de migrantes venezolanos a su país, un asunto que pesa al gobierno de Joe Biden, que busca la reelección.
Delcy Rodríguez anunció en respuesta a las sanciones que “a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos”, que eran especiales porque los países no tienen relaciones formales.
Venezuela y Estados Unidos hicieron además un canje de presos, entre los que se contó Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro y acusado en Estados Unidos de lavado de dinero.
Pero en los últimos días 36 personas, entre civiles y militares, fueron detenidas en Venezuela, incluidos tres colaboradores de Machado, a quienes las autoridades vinculan con cinco “conspiraciones” para asesinar a Maduro.
“Las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluido el arresto de miembros de la oposición democrática y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados”, se quejó Miller.
Presión sobre Biden
Machado, que arrasó en las elecciones primarias de la principal alianza opositora, con más de 2.4 millones de votos (92% del escrutinio) ha descartado abandonar la carrera presidencial, pese a que en la práctica no podrá inscribir su candidatura.
“Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato, punto”, zanjó Machado el lunes. “Represento a esa mayor soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí”.
Estados Unidos no ve una alternativa a Barbados, que sigue considerando “el mecanismo más viable para resolver la crisis política, económica y humanitaria de larga duración de Venezuela y celebrar elecciones competitivas e inclusivas”, insistió Miller.
Y para eso es esencial -añadió- que la oposición pueda “elegir libremente a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024”, que deberían celebrarse durante la segunda mitad del año en una fecha por determinar, bajo supervisión internacional.
Biden llevaba días sometido a presiones, incluso de su Partido Demócrata, para que reimpusiera las sanciones.
Algunos congresistas republicanos van más allá e instan al gobierno a “buscar cooperación internacional para el arresto y extradición de Nicolás Maduro”, a quien Washington ha acusado hace años de narcotráfico. El Departamento de Justicia estadounidense ha ofrecido incluso una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Eva RODRIGUEZ LORENZO con Javier TOVAR en Caracas
Yahoo Noticias Agencia AFP