Pobreza, inseguridad, informalidad laboral, crisis energética y rezagos educativos forman parte de la agenda que deberá enfrentar quien asuma la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030.
A pocos días de que Colombia elija al próximo presidente de la República, el Caribe colombiano vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que se repite durante cada campaña electoral: ¿qué lugar ocupará realmente la región en las prioridades del nuevo gobierno?
El interrogante no es menor. Aunque el Caribe representa una plataforma estratégica para el comercio exterior, el turismo, la producción agropecuaria, la actividad portuaria, la generación energética y la integración de Colombia con el mundo, una parte considerable de su población continúa viviendo entre la pobreza, el empleo precario, las deficiencias de los servicios públicos y las profundas desigualdades territoriales.
La cartilla “Caribe 2030: prioridades para una agenda de desarrollo regional”, elaborada por Fundesarrollo, CESORE y Atarraya, busca precisamente llevar estas necesidades al centro del debate nacional.
El documento reúne reflexiones, desafíos y propuestas construidas desde el territorio, con la intención de que el próximo Plan Nacional de Desarrollo no vuelva a mirar al Caribe solamente como escenario electoral, turístico o productor de recursos naturales.
Una pobreza que todavía tiene rostro caribeño
Colombia ha registrado avances recientes en la reducción de la pobreza. Sin embargo, los promedios nacionales esconden grandes diferencias entre regiones.
En 2024, la pobreza multidimensional afectaba al 18,5 por ciento de la población del Caribe, una proporción considerablemente superior al promedio nacional. Este indicador no mide únicamente los ingresos: también refleja privaciones relacionadas con educación, vivienda, salud, trabajo, acceso al agua y condiciones de la niñez.
Detrás de las estadísticas se encuentran hogares que todavía carecen de agua potable permanente, jóvenes que abandonan sus estudios para trabajar, comunidades rurales sin vías adecuadas y familias cuyos ingresos no alcanzan para cubrir de manera estable su alimentación y sus servicios básicos.
Por eso, el próximo gobierno tendrá que evitar que la política social se limite a transferencias temporales. La región necesita intervenciones integrales que combinen nutrición, educación, vivienda, saneamiento básico, empleo y fortalecimiento de las economías locales.
Tener trabajo no siempre significa salir de la pobreza
Uno de los mayores problemas estructurales del Caribe es la elevada informalidad laboral. Miles de personas sobreviven del comercio callejero, los oficios ocasionales, el mototaxismo, el trabajo doméstico no formalizado y pequeñas actividades productivas sin protección social.
En ciudades como Cartagena, aun después de algunas reducciones recientes, cerca de la mitad de los trabajadores permanecía en la informalidad. En otras capitales y municipios caribeños, la proporción es todavía mayor.
Esto significa que una parte importante de la población trabaja sin estabilidad, pensión, cobertura plena de seguridad social, vacaciones ni posibilidades reales de acceder al crédito. La consecuencia es un círculo difícil de romper: bajos ingresos, baja productividad, escasa capacidad de ahorro y mayor vulnerabilidad frente a cualquier enfermedad o crisis económica.
La creación de empleo formal deberá estar vinculada con una estrategia de desarrollo productivo. El Caribe necesita aprovechar mejor sus puertos, su posición geográfica, el turismo, la agroindustria, las energías renovables, la economía digital y las industrias culturales.
Pero atraer inversión no será suficiente. También será necesario formar trabajadores, reducir trámites para las pequeñas empresas, facilitar el crédito productivo y conectar la educación técnica y universitaria con las necesidades reales de cada departamento.
La paradoja energética
Pocas contradicciones resultan tan evidentes como la situación energética del Caribe. La región posee algunos de los mayores potenciales solares y eólicos de Colombia, pero millones de sus habitantes padecen tarifas elevadas, interrupciones frecuentes y un servicio que durante años ha generado inconformidad social.
La crisis de Air-e, las deudas acumuladas dentro del sistema, las pérdidas de energía, las dificultades regulatorias y la falta de inversiones suficientes han convertido el problema eléctrico en una amenaza para hogares, hospitales, instituciones educativas y empresas.
La energía cara reduce los ingresos disponibles de las familias y resta competitividad a la industria. También ahuyenta nuevas inversiones y profundiza las desigualdades, especialmente en una región donde las altas temperaturas hacen que el consumo eléctrico no sea un lujo, sino una necesidad cotidiana.
El nuevo gobierno deberá tomar decisiones de fondo. No bastará con cambiar operadores o intervenir empresas. Será necesario diseñar un modelo adaptado a las condiciones climáticas, sociales y económicas del Caribe; modernizar redes; combatir las pérdidas; garantizar los subsidios correspondientes y facilitar una transición hacia energías renovables que también beneficie a las comunidades.
El Caribe no puede limitarse a producir energía limpia para el resto del país mientras sus propios habitantes continúan soportando precariedad y tarifas difíciles de pagar.
Educación: la brecha que condiciona el futuro
Los rezagos educativos constituyen otra de las grandes barreras regionales. Las diferencias comienzan en la primera infancia, se profundizan en la educación básica y terminan reflejándose en el acceso desigual a la universidad y al empleo de calidad.
En numerosos municipios persisten dificultades de infraestructura, conectividad, alimentación escolar, transporte y disponibilidad de docentes especializados. En las zonas rurales, étnicas y dispersas, estudiar todavía exige superar distancias y obstáculos que no enfrentan los estudiantes de las principales capitales.
Una agenda seria para el Caribe debería ampliar la atención integral a la primera infancia, fortalecer la jornada única, mejorar la formación de maestros, cerrar la brecha digital e impulsar programas técnicos y tecnológicos conectados con las vocaciones productivas del territorio.
La calidad de la educación también deberá ocupar un lugar central. Aumentar la cobertura sin asegurar aprendizaje significaría prolongar las mismas desigualdades con cifras aparentemente más favorables.
El agua sigue siendo una deuda histórica
Mientras las grandes ciudades promocionan desarrollos inmobiliarios, turismo e infraestructura, comunidades enteras de La Guajira, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar continúan enfrentando dificultades para acceder a agua segura.
La distancia entre las zonas urbanas y rurales sigue siendo profunda. Hay municipios con acueductos incompletos, redes deterioradas, baja continuidad y plantas que no garantizan la calidad del agua.
La solución requiere inversiones, pero también transparencia. Durante décadas se han anunciado proyectos que terminan inconclusos, sobredimensionados o atrapados en disputas contractuales.
El próximo gobierno deberá establecer metas verificables, cronogramas públicos y sistemas de seguimiento ciudadano. Llevar agua potable al Caribe no puede continuar siendo una promesa repetida cada cuatro años.
Seguridad, economías ilegales y control territorial
La inseguridad se ha convertido en una preocupación creciente para ciudadanos, empresarios y autoridades. Extorsiones, homicidios, disputas entre organizaciones criminales, narcotráfico y control ilegal de barrios y corredores estratégicos afectan distintas zonas de la región.
El problema no se resolverá únicamente aumentando el número de policías. Se requiere fortalecer la inteligencia, la investigación criminal, la justicia y la coordinación entre autoridades locales y nacionales.
Al mismo tiempo, debe atenderse el entorno social que facilita el reclutamiento de jóvenes por estructuras delincuenciales: deserción escolar, falta de oportunidades, consumo problemático de drogas, violencia intrafamiliar y ausencia institucional.
La seguridad deberá entenderse como protección de la vida, pero también como condición indispensable para la inversión, el turismo, el empleo y la convivencia.
Cambio climático: una amenaza que ya llegó
El Caribe es una de las regiones colombianas más expuestas a sequías, inundaciones, erosión costera, huracanes, pérdida de ecosistemas y elevación del nivel del mar.
La emergencia climática amenaza viviendas, vías, playas, cultivos, fuentes de agua y actividades económicas. Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y numerosos municipios costeros tendrán que realizar inversiones crecientes para adaptarse a escenarios más extremos.
La protección de manglares, ciénagas, bosques secos y fuentes hídricas no puede tratarse como un asunto secundario. Estos ecosistemas constituyen barreras naturales frente a desastres y sostienen la pesca, el turismo y la seguridad alimentaria.
El nuevo gobierno deberá convertir la adaptación climática en una política transversal, con recursos suficientes y responsabilidades claramente definidas entre la Nación y los territorios.
Una región que necesita hablar con una sola voz
Los problemas del Caribe no comienzan ni terminan en las fronteras departamentales. La energía, el agua, la seguridad, las vías, el medioambiente, la logística y el desarrollo productivo exigen coordinación regional.
La Región Administrativa y de Planificación del Caribe puede desempeñar un papel más decisivo, pero necesita capacidad técnica, financiación y una agenda respaldada por gobernadores, alcaldes, universidades, empresarios y organizaciones sociales.
La región también deberá exigir transparencia a sus propios dirigentes. No toda la responsabilidad corresponde al Gobierno central. La corrupción, la improvisación y la baja capacidad de ejecución de algunas administraciones territoriales han contribuido a prolongar los rezagos.
Del diagnóstico a los compromisos
El Caribe colombiano ha sido estudiado ampliamente. Sus carencias aparecen en informes académicos, documentos oficiales, discursos políticos y planes de desarrollo. Lo que ha faltado es continuidad, coordinación y cumplimiento.
El presidente que resulte elegido deberá pasar de las declaraciones generales a compromisos medibles: cuánto se invertirá, en qué departamentos, mediante cuáles programas, durante qué plazo y con qué indicadores de resultados.
La región no necesita una nueva colección de promesas. Necesita que sus prioridades formen parte de las decisiones presupuestales y de las políticas nacionales durante los próximos cuatro años.
El Caribe posee los recursos humanos, naturales y productivos para convertirse en uno de los grandes motores del desarrollo colombiano. Pero esa posibilidad seguirá aplazada mientras una porción significativa de sus habitantes carezca de servicios básicos, educación pertinente, seguridad y trabajos dignos.
El desafío del próximo gobierno será demostrar que el Caribe no solo cuenta cuando llegan las elecciones. También cuenta cuando se distribuyen los recursos, se diseñan las políticas y se decide el futuro del país.
Fuentes y soporte de las cifras
La publicación de Fundesarrollo identifica la cartilla como un trabajo conjunto con CESORE y Atarraya, orientado a plantear retos y propuestas territoriales para la agenda pública del Caribe. (Fundesarrollo)
El DANE reportó que la pobreza multidimensional nacional bajó al 9,9 % en 2025; el último dato regional detallado disponible señala que el Caribe registró 18,5 % en 2024, una de las incidencias más altas del país. (DANE)
En Cartagena, la informalidad laboral fue del 49 % durante el trimestre diciembre de 2024-febrero de 2025, aun después de una reducción de 5,9 puntos porcentuales. (Secretaria de Planeación Distrital)
Fundesarrollo ha advertido que la crisis eléctrica puede traducirse en más interrupciones, pérdida de competitividad y profundización de las brechas sociales, y ha planteado la necesidad de resolver la situación de Air-e y diseñar un esquema regulatorio que considere las condiciones diferenciales del Caribe. (Fundesarrollo)
“Caribe 2030: las deudas que heredará el próximo presidente de Colombia”
La región que conecta al país con el mundo llega a las elecciones presidenciales marcada por la pobreza, la informalidad, la inseguridad, la crisis eléctrica y una histórica brecha en servicios públicos.
