Por Amylkar D. Acosta Medina (1)
¡Vísperas de mucho y día de nada!
Ahora que el Presidente de la República Gustavo Petro, en la recta final de su mandato y con el sol a sus espaldas, resolvió recomponer su gabinete ministerial y luego de la renuncia del titular del Ministerio de Minas y Energía Andrés Camacho se designó en su reemplazo a Edwin Palma, es propicia la oportunidad para que este último le dé un timonazo a la política del sector minero – energético y trate de recuperar el tiempo perdido para el mismo por sus dos antecesores y le imprima la dinámica requerida para sortear la gran crisis en que se debate el Sistema eléctrico y el abastecimiento de gas natural.
Este sector, según el Dane, fue el de peor desempeño el año anterior, con una caída del 5,2%, restándole 0.3 puntos porcentuales al magro crecimiento del 1.7% del PIB. Salta a la vista que en el incumplimiento delatado por el propio Presidente Petro “de 146 de sus 195 compromisos”, la cartera de Minas y Energía tiene un lugar protuberante.
PÉSIMA GESTIÓN
Al final de su pésima gestión frente al Ministerio este queda maltrecho con la barrida de la tecnocracia que inició Irene Vélez y continuó Camacho sin solución de continuidad. Nos dejó una de las dos empresas que presta el servicio de energía en el Caribe (Air e) intervenida y con serios problemas, la otra (Afinia) a punto de tirar la toalla y todas las empresas comercializadoras de energía a punto de un apagón financiero y el riesgo de un racionamiento, como lo han denunciado ellas y lo advirtieron en un pronunciamiento conjunto recientemente la Contraloría General y la Procuraduría, que puede llegar a comprometer la continuidad de la prestación del servicio.
Deja a las empresas comercializadoras de energía con una deuda por concepto de los subsidios por valor de $2.7 billones, suma esta que, si se cumple por parte del Ministerio de Hacienda con los prometidos abonos, se incrementará, en lugar de disminuir, escalando a finales de abril hasta los $3 billones. Además, se va debiéndole a las comercializadoras de gas natural y de gas propano (GLP), por concepto de subsidios, $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente.
Incumplió, además, con la orden que le impartió el Presidente Petro en mayo del año pasado para que titularizara la deuda de los estratos 1,2 y 3 por concepto de la opción tarifaria ($2.8 billones) y de esta manera asumirla por parte de la Nación, la cual han seguido pagando los resignados usuarios. De cumplirse esta promesa presidencial ello ipso facto reduciría el valor de la factura de energía un 24%! El Ministro Palma viene de desempeñarse como Agente interventor de la empresa Air e, así es que conoce de primera mano las afugias de las empresas comercializadores y es sabedor de la necesidad de que el Ministerio de Hacienda les desembolse la suma adeudada a las empresas prestadoras de los servicios públicos.
Se comprometió el Ministro Camacho a que se tomarían medidas para bajar las tarifas de energía, más sin embargo las medidas tomadas directamente desde su despacho y/o desde la CREG no lo han logrado, sólo han servido de espejismo. Y ante su fracaso en su fementido propósito terminó por convencer al Presidente Petro de que las altas tarifas que estamos pagando los usuarios son “ilegales” pues las atribuyen a la especulación por parte de los generadores, contra quienes la han emprendido. Pese a su alarde, para embaucar incautos, de estar como Ministro “del lado de los usuarios”, también con ellos quedó en deuda.
Su negacionismo lo llevó a descartar la escasez de gas, pues para él se trataba de un caso de “acaparamiento” irregular y al no haber escasez, según él, no vio necesaria las importaciones para cubrir la demanda esencial (residencial, comercial e industrial), la que se viene dando desde el 1 de diciembre y a consecuencia de ello se elevó la tarifa que pagan los usuarios de gas del interior del país entre el 20 y el 36%, la cual considera “injustificada” y lo atribuye a la especulación de parte de las empresas, lo cual derivó en el atropello por parte de las superintendencias de industria y de servicios públicos , desatando una cacería de brujas contra las empresas y lo que fue más grave contra NATURGAS, que es el gremio que las representa.
Fue incapaz de poner en marcha los parques eólicos en La Guajira, le dijo al país que “no hay proyectos suspendidos” cuando todo el país sabe que la mayoría de ellos han sido abandonados por las empresas desarrolladoras de los mismos. Ello es muy grave porque su entrada en operación habrían contribuido a la confiabilidad, a la firmeza en la prestación del servicio y desde luego también a que los usuarios pudieran sentir un alivio en las tarifas que tanto los agobia. La parálisis de la ejecución de estos proyectos se ha venido a sumar a otros proyectos de generación y de transmisión, destacándose entre estos, por su mayor gravedad, la llamada Línea colectora que ejecuta el Grupo energía Bogotá (GEB), la cual está llamada a inyectar al Sistema interconectado nacional (SIN) la energía que lleguen a generar los parques eólicos, que a falta de licencia ambiental se ha dilatado y por ello sólo entrará en funcionamiento en el segundo trimestre del año entrante.
LA HOJA DE RUTA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN VEREMOS
Tal vez en el frente en donde menos avance ha tenido este gobierno es justamente en la que ha sido su mayor apuesta: la transición energética justa. Contemplada en la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de desarrollo, que hasta ahora se ha quedado en el papel, ya que su avance se reduce a la entrada de 1.9 GW en granjas solares – fotovoltaicos, 9% de la matriz eléctrica, de los 6 GW, 28% de la misma, a los que se comprometió el Presidente Petro. Resulta inverosímil que a estas alturas, cuando al Gobierno sólo le restan 17 meses para cumplir su mandato y después de más de dos años largos desde que la ex ministra Irene Vélez anunciara en noviembre de 2022, en el marco de la COP 27, que se tendría la Hoja de ruta de la Transición energética justa para mayo de 2023, sólo se cuente con unos “documentos”, que debían servirle de insumos, en los que se plantean unos “escenarios”, fruto de los “diálogos nacionales” que se propiciaron para el efecto. Es como tener al alcance de la mano las piezas de un lego, pero sin armarlo. En ello la ex ministra Irene Vélez y el ex ministro Camacho se rajaron. Por ello, el mejor legado que puede dejar en este frente el Ministro Palma es armarlo!
UN MINISTRO DESPISTADO
Una de sus últimas actuaciones fue coadyuvar la presentación, con mensaje de urgencia, del proyecto de ley prohibiendo el uso de la técnica del fracking en Colombia, calificando como “astrología” la falta de información técnica sobre la misma, después de que fue este mismo gobierno del cual hizo parte el que nos privó de la misma al apagar abruptamente los dos pilotos que estaban llamados a proporcionarla. Dudo que el Ministro Palma, quien viene de las entrañas de ECOPETROL y quien ha luchado en su defensa desde la USO, que presidió por luengos años, vaya a acolitar en su trámite en el Congreso de la República este esperpento que daría al traste con el futuro de la empresa.
Lo más preocupante para el sector es que a lo errático de la gestión ministerial, se sumaron los mensajes y señalamientos temerarios inculpando a los generadores de energía y últimamente a las empresas distribuidoras de gas como especuladores y responsabilizándolos de las altas tarifas, al extremo de llevar al Presidente Petro a afirmar temerariamente que las tarifas de energía que se cobra a los usuarios son “ilegales”, mientras el Ministro afirma que el alza en las de gas son “injustificadas”, amén de la actuación de las superintendencia de servicios públicos y la de industria, han creado un clima de hostilidad hacia las empresas y hacia el empresariado del sector. Con el agravante de que varias medidas que se han tomado desde el Ministerio, mediante decretos y resoluciones y/o resoluciones de la CREG atentan contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista.
Y hablando de la CREG, insistió el Ministro con terquedad aragonesa en el nombramiento, en calidad de encargados, a los expertos comisionados de la CREG, contraviniendo lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, lo reiterado en sus providencias por parte de la Corte Constitucional, la reconvención de la Procuraduría General de la Nación y la orden perentoria de parte del Tribunal administrativo de Cundinamarca, respaldada por el Consejo de Estado en el sentido de que se cumpla con el ordenamiento legal. Ello ha mantenido a la CREG al garete, en permanente estado de interinidad, al extremo de llegar a su virtual parálisis por no contar con el quorum reglamentario para la toma de decisiones.
QUÉ SE ESPERA DEL MINISTRO PALMA
Entre las decisiones que deberá acometer sin tardanza el novel Ministro están entre otras: con carácter urgente, además de destrabar la ejecución de los proyectos en curso, abrir dos subastas, una de reconfiguración y otra de expansión de la capacidad de generación para evitar el déficit de oferta de energía en firme (OEF) que, según la Unidad de planeación minero – energética (UPME) se tendrá el próximo año. La pronta ampliación de la capacidad de regasificación, para poder responder al creciente volumen de gas importado, dado que la Sociedad portuaria del Cayao (SPEC) se tornará insuficiente a muy corto plazo.
Y desde luego dar señales que incentiven y estimulen la actividad exploratoria de hidrocarburos que viene de capa caída. Tanto es así que entre enero de 2023 y diciembre de 2024 la reducción acumulada de la actividad de perforación de los taladros activos en Colombia tuvo una caída del 56.4%, al pasar de 55 a 24 equipos de perforación activos y ello en medio de la precariedad de las reservas con las que se cuenta. Desde luego que tal comportamiento se refleja no sólo en la persistente caída de las reservas sino también de la producción de crudo, que cayó hasta los 755.500 barriles/día, 4% menos que al cierre del 2023. Ello no da más espera. Ardua e ímproba tarea la que le queda por delante al Ministro Palma: desfacer entuertos!
Finalmente, con el Ministro Camacho se perdió la interlocución entre el sector privado y el gobierno, ni siquiera acudió a las convocatorias que le hicieron los organismos de control. Con la llegada de Edwin Palma como Ministro se augura que el diálogo y la concertación se restablezcan para bien del sector y del país. En ello él, que ha sido un curtido luchador sindical, tiene una amplia experiencia y le ayuda su talante proclive a llegar a acuerdos, partiendo del reconocimiento, rindiéndose ante la evidencia, de la existencia de los problemas en lugar de soslayarlos y mimetizarlos, que fue cuanto hizo el ex ministro Camacho.
Barranquilla, marzo de 2025
www.amylkaracosta.net
[1] Miembro de Número de la ACCE