En definitiva, al considerar la alternativa de acelerar la integración controlada de la autogeneración y generación distribuida al Sistema Interconectado Nacional, SIN, se persiguen tanto el objetivo de disminuir las pérdidas como el de aportar a la integración de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER) en la matriz energética, lo que permite así una descarbonización de esta y un proceso de descentralización de
los sistemas energéticos en el país.
Asi lo detalla el formato de memoria justificativa del proyecto de resolución “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015, único reglamentario del sector administrativo del sector Minas y Energía, y se establecen políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público domiciliario de energía eléctrica”.
Al mismo tiempo explica que “articular los dos anteriores como un escenario de política pública para el sector de energía eléctrica, permitirá avanzar en objetivos planteados por este gobierno relacionados con atener las problemáticas de prestación del servicio, especialmente en la región Caribe, así como la descentralización y eficiencia en tarifas”.
El documento que hace parte de la normativa que se encuentra en borrador y ha sido presentada para que los distintos sectores y la ciudadanía expresen sus opiniones, hace un recuento de lo actuado para definir hoy una maqueta de proyecto.
Recuerda que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía (MinEnergía) lideró acciones para atender la problemática presentada por el por el aumento en las tarifas de energía eléctrica en el país; por lo anterior, coordinó sesiones técnicas con los prestadores del servicio y gremios del sector, así como mesas de trabajo junto con representantes de la sociedad civil, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, las cuales se materializaron en la propuesta denominada “Pacto por la Justicia Tarifaria”.
i) La expedición de regulación para disminuir las tarifas de energía en el país a corto plazo. Frente a este punto se identificó por parte de este ministerio la problemática inflacionaria que estaba afectando las tarifas debido a los efectos de actualización mensual con los
indexadores de IPP e IPC. Para ello se trabajó con la CREG en la expedición de medidas regulatorias a corto plazo mediante las resoluciones CREG 101 027, 101 029 y 101 031 de septiembre de 2022, las cuales permitieron ajustar tales indicadores como medida principal y dar señales para evitar trasladar a los usuarios incrementos tarifarios por encima de los indexadores temporales definidos. Igualmente se expidió la Resolución CREG 101 028 que flexibilizaba las medidas operativas que afectan el valor a pagar por Restricciones en el
sistema.
ii) La renegociación de contratos entre empresas generadoras y comercializadoras de energía con el fin de beneficiar a los usuarios en su tarifa final. En este punto se trabajó con los agentes del mercado mayorista de energía para que se renegociaran los contratos con el fin
de ajustar los efectos que los indexadores estuvieran generando en los contratos de compra y venta de energía. Resultado de esto se renegociaron cerca de 857 contratos, de los cuales el 53% eran con destino a atender el mercado regulado y 47% el mercado no regulado, tal como fue informado por la CREG en la Circular 097 de 2022.
iii) Definición de un indicador para el sector. Con esta medida se han liderado por parte del MinEnergía mesas de trabajo con el DANE, el Banco de la República y la CREG en la cual se han analizado las diferentes metodologías tarifarias y la información institucional para la
definición de un indicador.
iv) Diálogo vinculante en el que el Gobierno facilita la participación de los ciudadanos y las empresas para la consolidación de alternativas a mediano y largo plazo. Se han llevado a cabo 4 mesas específicas con los usuarios, vocales de control, representantes de la comunidad
con el fin de atender las problemáticas particulares de la región Caribe e identificar alternativas para las condiciones de prestación del servicio en dicha región.
El ministerio ha venido haciendo seguimiento al comportamiento de la energía, especialmente a cada uno de los componentes de la fórmula tarifaria con el fin de identificar las políticas que deben establecerse para un mejor aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y no convencionales de energía, la promoción de éstos últimos y el desarrollo de las actividades de comercialización y distribución.
El Ministerio de Minas y Energía en un segundo ejercicio de consulta convocó a empresas, entidades, gremios, usuarios, representantes de ligas de usuarios y vocales de control a participar en la construcción de la segunda fase del Pacto por la Justicia Tarifaria, proceso en el que se recibieron 117 propuestas y comentarios, de los cuales 66 hacen referencia a necesidades de cambios normativos relacionados con el funcionamiento del sector eléctrico colombiano.
Con base en lo anterior, el gobierno ha presentado las condiciones identificadas en los aspectos en los cuales se propone fijar lineamientos de política. La justificación y la normativa en borrador pueden consultarse en los siguientes enlaces:
3. Formulario para recepción de comentarios