El país redujo la pobreza, pero sigue enfrentando millones de reclamos por salud, violencia armada, desplazamiento, asesinatos de líderes sociales, concentración de la tierra y amenazas contra la prensa.

La Defensoría del Pueblo puso las cifras sobre la mesa. El desafío ahora es convertirlas en decisiones.

Colombia comienza un nuevo ciclo político con una paradoja difícil de ignorar: varios de sus principales indicadores sociales muestran avances, pero detrás de ellos persisten profundas fracturas territoriales, sociales e institucionales.

La pobreza disminuye, pero el campo continúa rezagado. Millones de ciudadanos están cubiertos por el sistema de salud, pero cientos de miles terminan recurriendo a la tutela para reclamar atención.

El país habla de paz mientras cientos de municipios permanecen bajo alertas tempranas. Se formalizan tierras mientras su propiedad continúa entre las más concentradas. Y la democracia celebra elecciones mientras periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos siguen enfrentando amenazas y asesinatos.

Ese es el país que retrata la Defensoría del Pueblo en “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir”, documento presentado al nuevo Gobierno, al Congreso y a la ciudadanía como una línea base para las decisiones públicas de los próximos años.

No es simplemente un inventario de problemas. Es una advertencia.

COLOMBIA ES MENOS POBRE, PERO SIGUE SIENDO PROFUNDAMENTE DESIGUAL

Uno de los datos positivos es contundente.

La pobreza monetaria nacional cayó al 28 % en 2025. Un año antes se encontraba en 31,8 %, lo que representa una reducción de 3,8 puntos porcentuales. La pobreza extrema también disminuyó: pasó de 11,7 % a 9,6 %.

La comparación de más largo plazo es todavía más significativa. En 2020, año marcado por la pandemia, la pobreza monetaria había alcanzado el 43,1 %. Para 2025 estaba quince puntos porcentuales por debajo.

Pero Colombia no mejora al mismo ritmo en todas partes.

Mientras la inseguridad alimentaria en las cabeceras municipales pasó de 26,8 % en 2022 a 18,1 % en 2025, en los centros poblados y zonas rurales dispersas apenas descendió de 32,5 % a 31,4 %.

Hay, entonces, dos Colombias avanzando a velocidades diferentes.

SALUD: ESTAR ASEGURADO NO SIGNIFICA SER ATENDIDO

Pocas cifras muestran con tanta claridad la distancia entre el derecho escrito y el derecho realmente ejercido.

Durante 2025 se registraron 2.048.427 reclamos relacionados con salud y 312.573 tutelas vinculadas con este derecho.

El volumen resulta revelador.

La cobertura del sistema puede ser extensa, pero cuando cientos de miles de colombianos deben acudir ante un juez para obtener medicamentos, procedimientos o atención, el problema deja de ser exclusivamente administrativo.

Se convierte en una discusión sobre derechos fundamentales.

La pregunta para el nuevo Gobierno no es únicamente cuántas personas tienen afiliación al sistema.

Es cuántas reciben efectivamente el servicio cuando lo necesitan.

LA EDUCACIÓN TAMBIÉN ENCIENDE UNA ALERTA

La cobertura neta en educación básica y media descendió de 92,35 % en 2019 a 88,21 % en 2024.

La deserción ha mejorado frente a los niveles registrados en 2022, pero la caída de la cobertura revela otra vulnerabilidad: niños y jóvenes que están quedando por fuera del sistema educativo.

El desafío no consiste solamente en construir colegios.

También exige garantizar permanencia, alimentación escolar, transporte, conectividad, calidad educativa y oportunidades posteriores para los estudiantes.

Porque cada joven que abandona la escuela no representa únicamente una estadística educativa.

Puede convertirse también en una persona más expuesta al desempleo, la informalidad, la pobreza o las economías ilegales.

UNA GENERACIÓN QUE TAMBIÉN PIDE AUXILIO

Entre los datos más dolorosos del documento aparece uno que debería tener suficiente fuerza para convertirse por sí solo en política de Estado.

En 2025 se registraron 1.080 presuntos suicidios entre personas de 5 y 28 años.

De ellos, 326 correspondieron a niños y adolescentes entre 5 y 17 años y otros 754 a jóvenes entre 18 y 28.

La salud mental deja así de ser una conversación secundaria.

La cifra describe una emergencia silenciosa que atraviesa hogares, escuelas, universidades y comunidades.

Colombia puede discutir crecimiento económico, seguridad o infraestructura, pero ninguna agenda de desarrollo estará completa si una generación pierde la esperanza de vivir.

LAS MUJERES: EL PESO INVISIBLE DEL CUIDADO Y LA VIOLENCIA VISIBLE

Las desigualdades también tienen rostro de mujer.

La economía del cuidado representa cerca del 20 % del Producto Interno Bruto, pero las mujeres realizan el 76 % del trabajo de cuidado no remunerado.

Al mismo tiempo, durante 2025 fueron registrados 37.755 casos de delitos sexuales contra mujeres, y el 78,9 % de las víctimas eran menores de 18 años.

No estamos hablando solamente de desigualdad económica.

Estamos hablando de autonomía, tiempo, seguridad y vida.

396 MUNICIPIOS BAJO ALERTA

La violencia colombiana tampoco desapareció.

Cambió.

Se fragmentó.

Se adaptó.

La Defensoría mantiene 120 Alertas Tempranas territoriales vigentes, que abarcan 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos.

Eso significa que más de una cuarta parte de los municipios colombianos aparece vinculada a escenarios de riesgo advertidos oficialmente por el sistema de alertas.

Y la guerra incorpora ahora nuevas tecnologías.

Entre enero y mayo de 2026 fueron registrados 121 ataques con drones, que dejaron 21 muertos y 145 personas heridas.

La violencia armada colombiana ya no puede analizarse exclusivamente con las categorías del conflicto de hace veinte o treinta años.

Los actores cambian.

Las alianzas cambian.

Los territorios en disputa cambian.

Incluso las armas cambian.

651 MASACRES Y 2.380 VÍCTIMAS

Hay cifras que necesitan muy pocas interpretaciones.

Entre 2019 y el 18 de julio de 2026, Colombia registró 651 masacres con 2.380 víctimas.

Detrás de esos números existen familias, comunidades y territorios enteros marcados por la violencia.

El dato impide aceptar una lectura simplista de la seguridad nacional.

La disminución de determinados delitos en algunas ciudades no puede ocultar la persistencia de regiones donde el control territorial continúa disputándose mediante las armas.

CASI 395 MIL PERSONAS DESPLAZADAS EN EVENTOS MASIVOS

El desplazamiento forzado, uno de los símbolos más dolorosos de la historia reciente colombiana, tampoco pertenece al pasado.

Entre 2017 y lo corrido de 2026 fueron documentados 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 394.839 personas.

En promedio, el 35,73 % de esas víctimas pertenecía a pueblos étnicos.

El desplazamiento resume varios fracasos simultáneos.

Fracasa la seguridad.

Fracasa la protección territorial.

Fracasa el Estado cuando una familia debe abandonar su casa para conservar la vida.

LOS NIÑOS SIGUEN EN MEDIO DE LA GUERRA

La Defensoría reporta 682 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes durante 2024, otros 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026.

Pero advierte algo fundamental: una reducción de los casos reportados no necesariamente significa una reducción real del fenómeno, debido al temor y a las dificultades existentes para denunciar.

Hay otro dato estremecedor.

Entre agosto de 2022 y junio de 2026, 71 menores de edad murieron durante operativos militares.

La protección de los niños debería constituir una frontera infranqueable para cualquier estrategia militar o criminal.

Pero en Colombia esa frontera continúa siendo atravesada.

521 FIRMANTES DE PAZ ASESINADOS

Más de 11.000 antiguos combatientes continuaban, a mayo de 2026, vinculados al proceso de reincorporación derivado del Acuerdo de Paz.

Sin embargo, entre 2017 y 2026 fueron asesinados 521 firmantes del acuerdo.

La cifra plantea una contradicción profunda.

Un Estado que invita a abandonar las armas adquiere también la obligación de garantizar que quien lo haga pueda seguir vivo.

EL CAMPO SIGUE CONCENTRADO

La tierra continúa ocupando el centro de buena parte de los conflictos históricos colombianos.

El índice Gini de propiedad rural se sitúa en 0,89 y el 1 % de los mayores propietarios concentra el 45 % de la tierra rural del país.

Existen avances.

Entre 2022 y junio de 2026 fueron formalizadas 2.284.304 hectáreas.

Pero formalizar no significa necesariamente redistribuir.

Y ahí está una de las discusiones estructurales que Colombia aún no resuelve.

RESTITUIR EN EL PAPEL NO SIEMPRE SIGNIFICA DEVOLVER LA TIERRA

Entre 2022 y junio de 2026 se ordenó la restitución de 455.275 hectáreas.

Sin embargo, solamente 60.604 hectáreas habían sido efectivamente entregadas.

La distancia entre ambas cifras es enorme.

Otra vez aparece el mismo problema colombiano:

la diferencia entre la política anunciada y la política ejecutada.

EL BOSQUE TAMBIÉN RETROCEDE

La radiografía incorpora otro frente que durante décadas fue tratado como secundario y que hoy resulta inseparable de los derechos humanos: el ambiente.

La deforestación pasó de 113.608 hectáreas en 2024 a 119.483 en 2025, un incremento del 5,2 %.

La Amazonía concentró el 65 % de toda la deforestación nacional de 2025.

La defensa del ambiente en Colombia es también una discusión sobre territorio, economías criminales, seguridad y vida.

1.743 LÍDERES Y DEFENSORES ASESINADOS

Hay otra cifra que resume una de las mayores debilidades de la democracia colombiana.

Entre 2016 y junio de 2026 fueron asesinadas 1.743 personas lideresas y defensoras de derechos humanos.

Ser líder comunitario, reclamar una tierra, defender un río, denunciar una estructura criminal o representar una comunidad todavía puede convertirse en una actividad mortal.

Una democracia no puede medirse solamente por la realización periódica de elecciones.

También debe medirse por la posibilidad de disentir, denunciar, organizarse y reclamar derechos sin terminar asesinado.

EL PERIODISMO TAMBIÉN ESTÁ BAJO PRESIÓN

La libertad de prensa forma parte de esa misma ecuación.

Entre enero de 2025 y el 15 de julio de 2026 se registraron 711 agresiones contra periodistas, entre ellas 275 amenazas.

La libertad de prensa no es un privilegio de periodistas y medios.

Es el derecho de la sociedad a saber.

EL PAÍS QUE AVANZA Y EL PAÍS QUE TODAVÍA DUELE

La radiografía deja una conclusión imposible de reducir a una consigna política.

Colombia ha avanzado.

La reducción de la pobreza es real y significativa.

Negarlo sería desconocer los datos.

Pero Colombia también mantiene enormes deudas.

Más de dos millones de reclamos por salud.

Cientos de miles de desplazados.

Centenares de masacres.

Miles de líderes asesinados.

Niños atrapados en la guerra.

Periodistas amenazados.

Una concentración rural extrema.

Una Amazonía que continúa perdiendo bosque.

Y jóvenes para quienes vivir se ha convertido, en demasiados casos, en una batalla emocional.

La verdadera discusión, entonces, no debería ser si Colombia está mejor o peor.

Esa pregunta resulta demasiado simple para un país tan desigual y contradictorio.

La pregunta correcta es otra:

¿mejor para quién, peor dónde y qué sigue faltando?

La Defensoría llama a su documento una radiografía.

Y la metáfora resulta exacta.

Una radiografía no cura.

Una radiografía muestra lo que hay por dentro.

Permite descubrir fracturas que desde afuera pueden resultar invisibles.

Colombia acaba de recibir la suya.

Ahora corresponde al nuevo Gobierno, al Congreso, a los jueces, a los mandatarios territoriales y a la sociedad decidir qué hacer con el diagnóstico.

Porque después de conocer la enfermedad, la indiferencia también se convierte en una decisión.

Redacción La Gran Noticia

Informe preparado con asistencia de Inteligencia Artificial, bajo la supervisión de un periodista.