“No necesitamos tantos buenos funcionarios como buenas instituciones” Karl Popper
Por Amylkar David Acosta Medina
Miembro de Número de la ACCE
Santa Marta, abril 4 de 2026
LA JUNTA ACTIVA EL FRENO DE EMERGENCIA
En un hecho inédito el Ministro de Hacienda y Crédito público (MHCP) Germán Ávila renunció a seguir participando en la Junta del Banco de la República, por no compartir su decisión de incrementar la tasa de intervención 100 puntos básicos hasta el 11.25%, mediante, según él, “la utilización de esa mayoría poco legítima”. Mayoría esta de una Junta integrada por 7 miembros, de los cuales 3 han sido designados por el Presidente de la República Gustavo Petro y el Gerente Leonardo Villar, cuyo mandato fue renovado por unanimidad, contando con el voto del ex ministro de Hacienda de este gobierno Ricardo Bonilla.
Como lo ha advertido el Gerente del Banco Leonardo Villar, dicha decisión obedece a que “las expectativas de inflación se mantienen elevadas”. No obstante, a ello ripostó el Ministro espetando que “eso es pura paja”. Ese es el nivel del debate planteado por él. Pero, la verdad sea dicha, si el gobierno no le quita el pie al acelerador al gasto, como se lo ha requerido el Comité Autónomo de la Regla fiscal (CARF) en forma reiterada, le toca al B de la R, como contrafómeque, activar el freno de emergencia para frenar la inflación, ahora atizada además por la guerra del Golfo Pérsico, apelando a su principal herramienta de la política monetaria tendiente a meter en cintura a la inflación.
LOS HECHOS SON TOZUDOS
No han faltado voces de quienes, en auxilio de la postura del Ministro Ávila y sus denuestos contra quienes se apartaron de sus designios, traen a colación el hecho de que el Banco central europeo, que preside Cristine Lagarde y la Reserva Federal de EEUU, que preside Jerome Powell, han cedido a la tentación de subir las tasas y han preferido mantenerlas estables. Empero, a ninguna de las dos juntas de esos bancos centrales les ha tocado lidiar con el desbordamiento del gasto público por parte de sus gobiernos, ni con un endeudamiento inusitado para insuflarlo, como sí le ha tocado a la actual Junta del B de la R. Los hechos son tozudos.
En efecto, desoyendo los llamados del CARF, el gobierno ha seguido gastando desenfrenadamente, sobre todo en burocracia y contratos adjudicados a dedo aceitando su maquinaria electoral. En vísperas de la entrada en vigencia la Ley 996 de 2005, de garantías, se firmaron más de 521,000 contratos directos por entidades estatales, según reportó la Contraloría. Esta contratación masiva sumó un valor superior a los $32,88 billones de pesos en enero, generando hallazgos y preocupación por la velocidad de la contratación. Se constituyó en piedra de escándalo el caso que reveló la Unidad investigativa de El Tiempo, que tuvo que recurrir a un derecho de petición para acceder a una información muy comprometedora que da cuenta del sinnúmero de contratos firmados por entidades del Gobierno central, sin mediar licitación o convocatoria pública, con Juntas de Acción Comunal, cabildos y resguardos indígenas por valor de $31 billones. Y ni se diga lo que ha pasado con el endeudamiento. Este último pasó de $1.031 billones en enero de 2025 a $1.205 billones, $170 billones más en solo un año.
Hay que traer a colación también el exagerado incremento en el salario mínimo legal, ahora vital. Mientras las centrales obreras pedían un incremento del 16%, que muchos analistas consideraron desproporcionado, la munificiencia del Gobierno fue mucho más generosa y lo elevó en el 23.78%, 7.78 puntos porcentuales por encima de la aspiración de los trabajadores. Todas estas son presiones que alimentan las “expectativas de inflación”, como lo delata el Gerente Villar.
ES LA AUTONOMÍA DEL B DE LA R LA QUE ESTÁ EN JUEGO
Los tiempos en los que la Junta Monetaria, que manejaba la política monetaria y cambiaria, era un apéndice del Ministerio de Hacienda, los dejó atrás la Constituyente de 1991, al otorgarle dichas facultades a la Junta de un B de la R autónomo. Como afirmó en su momento el renombrado hacendista y Delegado a la Asamblea Nacional Constituyente Alfonso Palacios Ruda, “por fin en la Constitución se va a enterrar el leviatán, se va a enterrar ese monstruo que es la Junta Monetaria”. Y, en efecto, se le dio cristiana sepultura, aunque ahora se pretende resucitar su espíritu con actitudes como las del Ministro.
Lo que está en juego es nada menos ni nada más que la autonomía del Banco de la República. Y esta no es un dogma vacío ni una reliquia institucional: es un pilar de la estabilidad macroeconómica que ha demostrado su valía a lo largo del tiempo, aquí y en Cafarnaún. Sin embargo, en medio de recientes cuestionamientos como los del Presidente de la República Gustavo Petro, quien considera y califica como “estrafalaria la posición de los 4 de la Junta directiva del Banco de la República ponen en riesgo el nivel de vida de la población colombiana y su empleo”, todo ello se está poniendo en tela de juicio. Y sentencia diciendo que “el Banco ha perdido su real independencia”, sólo por el hecho de no compartir su decisión, de la que participaron varios miembros de Junta que fueron designados por él mismo, de lo cual se arrepiente tardíamente por no plegarse a la posición minoritaria del Ministro Ávila.
De acuerdo con la Carta entre el Gobierno y la Junta directiva del Banco Emisor debe existir coordinación, más no subordinación. Lo dijo claramente la Corte Constitucional en su Sentencia C – 426 de 2020, “la Corte ha reconocido que la Banca Central debe ejercer sus funciones bajo un amplio margen de libertad e independencia, sin injerencias de las ramas del poder público o de otros órganos del Estado, salvo las admisibles para asegurar la coordinación, y no está condicionada a las dinámicas electorales”.
La coordinación entre el ejecutivo y la Junta del Banco no sólo es necesaria sino que es un mandato de la propia Constitución y así lo plantea la Corte Constitucional, cuando en su Sentencia C-481 de 1999 afirma que “la finalidad del Banco no es exclusivamente luchar contra la inflación. Esa es la función básica del Banco, pero la Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos económicos pues sus decisiones deben coordinarse con la política económica general y desarrollar el contenido social del Estado colombiano”. La deliberación es la forma en que pueden coordinarse y a ello renunció el Ministro cuando se abstuvo de participar de la decisión que no compartió. De allí que la Junta la presida el Ministro de Hacienda y Crédito Público, función ésta a la que no puede renunciar, tal como lo anunció, toda vez que al servidor público sólo le es dable hacer lo que le manda la Ley y esta le obliga, no tiene otra opción, ello hace parte del diseño institucional.
Es muy grave, entonces, la aseveración, temeraria por lo demás, del Ministro Ávila, en su invectiva contra la Junta, en el sentido que “Hay una dependencia del equipo económico del Banco de la República de un núcleo de inversionistas en el mercado de capitales y en el sector financiero. Solamente estamos obedeciendo al interés de un grupo de financieros”. “Estamos”, dijo el Ministro, muy grave!
El respeto institucional no es opcional. El Ministro de Hacienda, como cualquier funcionario público, está llamado a debatir, opinar y argumentar, pero no a presionar ni a deslegitimar. La línea roja entre el debate democrático y la injerencia indebida es clara, y cruzarla implica debilitar uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica del país. Hoy más que nunca, es necesario recordar que la fortaleza de las instituciones radica en su independencia. La autonomía del Banco de la República no se negocia ni se relativiza: se respeta. Porque en su solidez descansa, en buena medida, la confianza en el futuro económico de Colombia.
Pretender “disciplinar” o presionar indebidamente a la Junta equivale a desconocer y atropellar esa arquitectura institucional. Y peor aún, envía una señal peligrosa a los mercados y a la ciudadanía: que las reglas pueden cambiar según la conveniencia política del momento. No se puede pasar por alto el hecho de que la credibilidad y la confianza, una vez erosionadas, no se recuperan fácilmente ni a corto plazo, ellas suelen subir a menudo como palma y caer como cocos.
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y a quien nadie puede etiquetar de Neoliberal advierte que “cuando los gobiernos subordinan la política monetaria a sus necesidades fiscales o a cálculos de corto plazo, el resultado suele ser desastroso: inflación, pérdida de credibilidad y deterioro del bienestar general”. Es justamente en ese delicado equilibrio, basado en la coordinación entre el ejecutivo y la Junta, donde cobra sentido la autonomía del banco central. No se trata de aislarla del debate público, sino de protegerla de la injerencia que busca torcer sus decisiones técnicas. La Junta del Banco de la República no está para alinearse con el gobierno de turno, sino para cumplir un mandato constitucional claro: preservar la estabilidad de la moneda, sin desmedro de velar por el crecimiento y el empleo.
En una economía como la colombiana, expuesta a choques externos y a vulnerabilidades estructurales, la fortaleza institucional es un activo invaluable. La autonomía del Banco de la República ha sido, precisamente, una de las anclas de esa estabilidad. Socavarla por consideraciones coyunturales sería un error histórico. La discusión es válida, el debate es necesario, pero las líneas rojas también existen. Defender la autonomía de la Junta no es un acto de obstinación tecnocrática, sino un compromiso con la estabilidad, la confianza y el futuro económico del país.
La autonomía del Banco central no es un capricho tecnocrático ni una concesión graciosa del poder político: es una conquista institucional diseñada para blindar la estabilidad económica de los vaivenes de corto plazo y de las tentaciones populistas. En Colombia, dicha autonomía está encarnada en la Junta Directiva del Banco de la República, cuya misión principal, aunque no única —preservar el poder adquisitivo de la moneda (artículo 373 de la Constitución Política)— no puede ni debe subordinarse a intereses coyunturales del gobierno de turno.
LOS RIESGOS DE UNA JUNTA COMPLACIENTE
La historia económica —propia y ajena— es contundente. Países que han debilitado la autonomía de sus bancos centrales han terminado pagando un alto precio en inflación desbordada, devaluaciones abruptas y pérdida de confianza de inversionistas y ciudadanos. La tentación de bajar las tasas de interés artificialmente, a sombrerazos o de financiar el gasto público con emisión monetaria suele ser políticamente rentable en el corto plazo, pero devastadora en el mediano y largo plazo.
La Junta Directiva del Banco de la República no está para complacer al gobierno de turno, ni para obstaculizarlo. Está para cumplir un mandato técnico, basado en evidencia, análisis riguroso y una visión de estabilidad de largo aliento. Sus decisiones pueden ser incómodas, incluso impopulares, pero son precisamente esas características las que garantizan su valor: actuar sin presiones indebidas.
Defender la autonomía del banco central no es defender a una élite, a los grupos financieros, ni a un grupo de tecnócratas. Es defender a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, quienes son los primeros en sufrir las consecuencias de la inflación y la inestabilidad económica. Es proteger el ahorro, el empleo, el salario y la confianza en la moneda.
