Por Amylkar D. Acosta Medina [1]

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, el Gobierno Nacional ha terminado por aceptar que en Colombia sí hay una escasez de gas, que esta es creciente, que la producción nacional del mismo es insuficiente para satisfacer la demanda esencial y que por lo tanto se requiere importarlo para conjurar un eventual racionamiento, dejando atrás el negacionismo de la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez, para quien, según ella, Colombia tendría asegurado el abastecimiento hasta el año 2042 y del ex ministro Andrés Camacho, quien sostuvo que aquí no había escasez sino acaparamiento por parte de algunas empresas que estaban acaparándolo y especulando con el mismo y ordenó investigaciones por ello a la Superintendencia de servicios públicos, las cuales nunca llegaron a ningún Pereira.

Luego de admitir, por fuerza de las circunstancias, la imperiosa necesidad de importar el gas vendría el embeleco de traerlo desde Venezuela primero y desde Catar después, al tiempo que el Presidente Petro, en una actitud errática primero le recrimina a ECOPETROL por estarle “mamando gallo en el tema”, porque “este Gobierno dijo; transición energética significa reemplazar , no acompañar los combustibles fósiles” e interpeló a su Presidente Ricardo Roa con este interrogante: “¿por qué vamos a promover el uso de gas natural si eso es muerte?”. Pero ello no fue óbice para posteriormente, en medio de un Consejo de Ministros el 7 de abril, manifestarle que no entendía “por qué Ecopetrol no está importando gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas como sí importa gasolina no permite negociación con los colombianos (…) la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa el gas” que requiere el país.
En el entretanto, la empresa ECOPETROL, consciente de la necesidad de su aprestamiento para importar gas, habida cuenta que al tiempo que es el principal productor de este energético es también el mayor consumidor, había dado los pasos conducentes para ello. En efecto, contrató para ello los servicios de la empresa Puertos Inversiones y Obras (PIO SAS), para la instalación de una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSU, por sus siglas en inglés) en Buenaventura y una planta regasificadora en Buga (Valle del Cauca), hasta donde se transportará en camiones cisternas, una especie de isocontenedores, en estado líquido, a falta de un gasoducto, con el que no se cuenta. Operación esta compleja y costosa. Esta planta tendrá una capacidad muy limitada, de sólo 60 MMPCD, si se compara con la Sociedad portuaria del Cayao (SPEC), instalada en Barú (Cartagena), con una capacidad de 450 MMPCD y estará disponible en el segundo trimestre de 2026.
Es de anotar que actualmente sólo se cuenta con la regasificadora que instaló la Sociedad portuaria del Cayao (SPEC) en Barú, Cartagena, con una capacidad inicial de 400 MMPCD y actualmente, luego de su ampliación, es de 450 MMPCD, la cual se proyecta hasta 530 MMPCD para el 2026. La misma fue instalada gracias a la iniciativa del denominado Grupo térmico de la Costa, integrado por tres plantas generadoras (TEBSA, Termocandelaria y Celcia) y me correspondió como Ministro de Minas y Energía licenciar su proyecto mediante las resoluciones 062 de 2013 y 022 de 2014.
Fue inaugurada finalizando el 2016 y desde entonces le ha servido de fuente de abastecimiento del combustible a dicho parque térmico y así poder cumplir con sus obligaciones de Oferta de energía en firme (OEF) adquiridas por el Cargo por confiabilidad. De no haber sido por la SPEC el país se habría apagado el año pasado cuando la sequía que trajo consigo el fenómeno de El Niño puso a prueba el respaldo del parque térmico, operando a su máxima capacidad, hasta cubrir el 58% de la demanda de energía.
En este contexto y dado que las necesidades de importación serán mayores y crecientes ha surgido otra iniciativa que es a todas luces muy prometedora, por parte de la empresa transportadora de gas TGI, filial del Grupo energía Bogotá (GEB). Así lo anunció el Presidente de este Juan Ricardo Ortega. Según sus declaraciones, la misma consiste en conectar la red con el campo Chuchupa, uno de los históricos productores de gas en La Guajira, utilizando la licencia ambiental de una infraestructura ya existente, lo cual abreviaría los términos para su entrada en operación. Tiene, además la ventaja de contar con la infraestructura del gasoducto que opera HOCOL, empresa del grupo empresarial ECOPETROL, hoy subutilizado, pues de su capacidad de transporte de 500 MMPCD sólo esta transportando 70 MMPCD.
Según la compañía, esto permitiría arrancar operaciones en menos de un año. Como lo manifestó Ortega, “contamos con el barco, el capital y la capacidad técnica para poner en marcha esta solución”. Para luego es tarde. Queda en manos del Gobierno nacional apoyar esta iniciativa para garantizar el abastecimiento en los próximos años contando con esta otra regasificadora, que tendría una capacidad mucho mayor que la de Buga, pues estamos hablando de 260 MMPCD para el primer trimestre de 2027, justo cuando el país podría afrontar una crisis de desabastecimiento, la cual se escalaría hasta los 400 MMPCD para el 2029.
Este proyecto anunciado por Juan Ricardo Ortega es de tal importancia y urgencia para el país que amerita ser considerado como de interés nacional estratégico (PINE) y ser tratado como tal, en aplicación del Documento CONPES 3762 de 2013, en orden a agilizar sus trámites y poder contar más pronto con tarde con esta regasificadora. Tanto más en cuanto que, según el Gestor del Mercado de gas, Colombia tendrá una creciente necesidad de importar gas, con un déficit que pasará de 117 millones de pies cúbicos diarios en 2026 (16% de la demanda) a 224 millones en 2027 (37%) y 260 millones en 2028 (43%) para cubrir la demanda nacional.
DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL VS DEMANDA ESENCIAL E INDUSTRIAL (2026)

Por mi parte, yo insistiría en que, pensando en el mediano y largo plazo, se contemple instalar allí un complejo bidireccional, de tal suerte que lo urgente, que es ampliar la capacidad regasificadora, no impida que se disponga también de una planta de licuefacción, previendo que, cuando sea declarada la comercialidad de SIRIUS y recuperemos la autosuficiencia de provisión de gas natural, dispongamos de la facilidad para exportar los excedentes.
Riohacha, octubre de 2025
www.amylkaracosta.net
[1] Miembro de Número de la ACCE