La Fiscalía General de la Nación priorizó las acciones investigativas contra la corrupción. En ese sentido, se establecieron estrategias focalizadas en los territorios para poner en evidencia a quienes se apropian o destinan equivocadamente los recursos públicos.
El trabajo realizado hasta el momento en Atlántico ha permitido imputar a 94 personas por diferentes conductas asociadas con corrupción, desde febrero de 2020.
Adicionalmente, en algo más de 33 meses se realizaron 39 acusaciones contra exalcaldes, exconcejales, contratistas, particulares y funcionarios, entre ellos servidores judiciales e integrantes de la fuerza pública.
De otra parte, 144 procesos avanzan en etapa de juicio por diferentes delitos y se han obtenido 17 condenas por el ofrecimiento y entrega de dádivas a funcionarios, la apropiación de dineros públicos en beneficio propio o de terceros, la expedición de actos administrativos contrarios a la ley o direccionar los contratos de obras y servicios para favorecer a conocidos, amigos o empresas que no cumplen los parámetros normativos.
“No importa la condición que se tenga, no existe excusa para poner en riesgo o despilfarrar o robarse los recursos que deben ser destinados a garantizar las condiciones de vida de la ciudadanía. No hay derecho que la gente pague sus impuestos y otros se los roben”, enfatizó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.