La Contraloría General de la República declaró responsables fiscales al ex alcalde de Mocoa (Putumayo), Mario Luis Narváez Gómez, y al ex tesorero municipal, Ever Clemente Ruiz, entre otros, por un caso de manejo irregular de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) mediante transferencias electrónicas que se dio en el año 2011.
A través de la Gerencia departamental de Putumayo, el organismo de control profirió dos fallos con responsabilidad fiscal por valor de $ 2.178 millones, que ya se encuentran debidamente ejecutoriados.
Dentro del trámite de los procesos, se logró demostrar la responsabilidad fiscal de los exfuncionarios y otros comprometidos en la realización de varias transferencias electrónicas desde cuentas bancarias del Municipio de Mocoa.
La decisión se tomó tras verificar que hubo un manejo irregular de recursos públicos, el cual se reconoció al efectuar pagos a favor de terceros, que no tenían ningún vínculo contractual con ese ente territorial.
Los recursos públicos, que correspondían al Sistema General de Participaciones (SGP), debieron haberse utilizado para la atención en salud de la población de ese municipio, pero fueron girados a favor de una empresa de servicios aduaneros con sede en Ipiales y una Fundación ubicada en Tumaco.
Responsables Fiscales deberán reintegrar los recursos perdidos
Al ser declarados fiscales, los entonces alcalde y tesorero municipal de Mocoa, que tenían a su cargo el manejo de la correspondiente cuenta bancaria, y la interventora del Régimen Subsidiado de Salud del Municipio de Mocoa para la época, deberán reintegrarle al tesoro público los recursos que se transfirieron sin que la comunidad de Mocoa obtuviera algún beneficio.
Auditoría a manejo de recursos del SGP, origen del proceso fiscal
Los procesos de responsabilidad fiscal finalizados se adelantaron como producto de una auditoría que realizó en su momento la Contraloría General de la República a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGR), cuyos hallazgos fueron trasladados entonces la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, dando pie a las respectivas investigaciones de carácter penal y disciplinario.