El Gobierno nacional ordenó suspender las licencias de operación a cinco empresas de vigilancia y seguridad privada, con oficinas principales ubicadas en Barranquilla, por presuntos incumplimientos graves a la normatividad vigente, incluido aparentes vínculos con estructuras criminales.
Estas acciones se efectuaron en cumplimiento de las directrices impartidas por la Presidencia de la República y hacen parte de la estrategia interinstitucional liderada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en coordinación con el Ministerio de Defensa, la Policía y Fiscalía General para el fortalecimiento del control de armas, con el propósito de prevenir la instrumentalización de la vigilancia privada por parte de estructuras del crimen organizado.
La medida de suspensión fue adoptada como resultado de una serie de operativos de control adelantados a las empresas Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda.
El acto administrativo se fundamentó en el marco de las competencias legales de inspección, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia, y en los hallazgos preliminares en su actuación administrativa.
Las empresas intervenidas acumulaban un volumen considerable de actividad operativa, con un total de 696 personas en servicio, 21 vehículos automotores, y un total de 483 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas, desplegados en zonas de la región Caribe, entre ellos los departamentos de Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre.
Durante el procedimiento de intervención se requirió al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) para que disponga la custodia provisional del armamento asignado a las empresas en calidad de portes y tenencias, hasta tanto se resuelvan de manera definitiva las medidas adoptadas, en coordinación con las unidades policiales con jurisdicción en las zonas intervenidas.
Hallazgos
En las actuaciones se evidenciaron hechos que podrían comprometer la transparencia en la operación de las empresas, incluidas presuntas fallas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, y utilización final al servicio de estructuras y actores criminales, lo mismo que posibles vínculos de socios de una empresa con organizaciones delictivas, objeto de investigación en la actualidad por parte de las autoridades competentes.
La investigación encontró eventuales omisiones en los controles aplicados a la selección del personal operativo, al evidenciarse la vinculación de un número significativo de trabajadores con investigaciones penales activas por delitos de alto impacto.
Se encontraron elementos para suponer probables omisiones administrativas, operativas y contables, incluyendo una deuda acumulada desde 2013 con el Fondo de Vigilancia y la ausencia de presentación de estados financieros correspondientes al año 2019.
La Policía Metropolitana de Barranquilla, bajo la dirección del general Edwin Urrego, ha acompañado los procedimientos y ha dispuesto los espacios físicos para la custodia provisional del armamento, garantizando condiciones de seguridad, transparencia y trazabilidad del armamento durante el proceso.
Por instrucciones del Procurador General de la Nación, Juan Gregorio Eljach, las actuaciones adelantadas contaron con el acompañamiento de funcionarios de la procuraduría, quienes actuaron como garantes del debido proceso, el respeto a las garantías procesales y la transparencia institucional durante el desarrollo de los procedimientos.
Con esta actuación el Gobierno reafirma su compromiso con el Estado Social de Derecho, el fortalecimiento institucional y la garantía de legalidad en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, protegiendo los derechos fundamentales de la ciudadanía y contribuyendo a la seguridad del país.
Con información del Ministerio de Defensa y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada