La fuerza élite, integrada por miembros de la Policía y de la Fiscalía General, diseñó un plan institucional de acción conjunta para identificar y judicializar a los responsables de estos actos violentos, como respuesta coordinada y articulada del Estado frente a los desafíos que plantea la acción ilegal de grupos criminales.
La estrategia incluye la implementación de una operación coordinada para redoblar la protección a guardianes del INPEC, acompañada del aseguramiento perimetral para las cárceles. El ministerio de Justicia se compromete a emprender acciones para evitar que decisiones judiciales arbitrarias afecten la buena marcha de las investigaciones para esclarecer los crímenes contra los servidores.
Se inició un proyecto de implementación de política criminal centrado en la seguridad carcelaria, que tendrá como eje central la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, que contribuyan a impedir la comisión de delitos desde los centros carcelarios y garanticen la vida y la seguridad de los funcionarios del INPEC.
Las indagaciones frente a los recientes ataques contra servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Policía, vinculados con el sistema penitenciario en todo el país, indican que los hechos responden a acciones de organizaciones que actúan de manera articulada. Dichas organizaciones fueron declaradas objetivo de alto valor y se priorizó su persecución y el desarrollo de las investigaciones.
Las autoridades ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes brinden información en www.minjusticia.gov.co, que permita identificar los autores materiales o determinadores. Los reportes de los posibles implicados se atenderán en la línea telefónica 157, donde se garantiza absoluta reserva de identidad.
El Gobierno nacional y las autoridades de investigación reunidas manifestaron que ningún acto de violencia hará retroceder al Estado en su deber de proteger la vida, la justicia y el orden constitucional.