La Contraloría General de la República haaperturado procesos de responsabilidad fiscal en el último año por el orden de los $6 billones de pesos, una cifra que, según el Vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, indica que siguen persistiendo problemas en el uso de los recursos públicos y, por tanto, una consecuencia directa para quienes dan garantías de la buena o correcta ejecución de los mismos.
“En los temas de regalías, en este año de gestión hemos aperturado procesos de responsabilidad fiscal por $254 mil millones. Y hemos cerrado las auditorías del primer semestre con hallazgos fiscales que suman $222 mil millones, de los cuales $100 mil millones corresponden a recursos de OCAD PAZ”, añadió Zuluaga al instalar el Foro “La Protección al Patrimonio Público a través del Contrato Fiscal y del Contrato de Seguro”, convocado por el organismo de control en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Contraloría General de la República.
“Hemos recaudado este último año $422 mil millones, algunos de esos recursos de aseguradoras. Una cifra que comparada con los recursos recaudados en los 4 años anteriores ($240 mil millones), significa casi el doble”, destacó igualmente Zuluaga.
Dijo que esos $422 mil millones están hoy en el Tesoro Nacional y pueden ser utilizados por el Gobierno para los proyectos que necesitan financiarse en el actual Plan Nacional de Desarrollo
También subrayó la importancia de que, en su primer año de gestión, la actual administración de la CGR haya logrado reducir la cuantía de los elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos en el país, de $15 billones a $14.3 billones, liderando mesas de trabajo que han permitido recuperar obras en criticidad, al ayudar a resolver controversias contractuales y poner al servicio de la ciudadanía estos proyectos.
Demandas contra el Estado
La directora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, habló en el inicio del Foro y reveló que actualmente hay 362.600 proceso activos de demandas contra el Estado, con pretensiones por $606 billones
Y en cuanto a demandas por controversias contractuales, hay activos 2.050 procesos, con pretensiones por $20 billones.
Consideró como una vena rota las demandas que se tramitan por el tema de atención de cesantías y derechos laborales de los maestros.
Vulnerabilidad del sector de Infraestructura
Por su parte, el ministro de Transporte, William Camargo, dijo que cada vez es más evidente la vulnerabilidad que se tiene frente a la provisión de bienes del Estado, no solamente en el sector de infraestructura sino también en otros temas que recientemente han sido objeto de atención, como es el caso del SOAT.
“Por la infraestructura que tenemos, por su dispersión y por su extensión, y también por las competencias que tiene en su administración, no cuenta con las coberturas suficientes para garantizar el restablecimiento oportuno de los servicios que se afectan cuando ella se ve impactada por diferentes sectores”, anotó.
Citó entonces un ejemplo reciente: el puente de Los Grillos, un contrato que tenía pólizas, que cumplió sus ciclos de póliza de estabilidad, de obra y garantía, y que al momento de su siniestro no estaba asegurada (no tenía cobertura). “Eso nos empieza a reflejar una debilidad en la forma como la infraestructura del Estado se está gestionando”.
Para el ministro de Transporte, un puente es una estructura que se construye para 20, 50, 100 años, y las coberturas de las pólizas deberían estar construidas con esa misma longevidad.
Camargo dijo también que “muchas entidades territoriales contratan las pólizas, pero no hay un seguimiento riguroso de cómo están asociadas estas pólizas a los activos que administran.
Reporte a la CGR de proyectos con alto nivel de riesgo
Entre tanto, el vicepresidente de La Previsora de Seguros, Gelman Rodríguez, le propuso al Vicecontralor en funciones de Contralor General la posibilidad de firmar un convenio donde la aseguradora del Estado le pueda reportar a la Contraloría, de manera periódica, aquellos proyectos que tienen un nivel de riesgo de incumplimiento.
A su vez, el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), Hernando Monroy consideró necesario revisar permanentemente todos los elementos en la cadena de aseguramientos. “Debemos tener un manual de buenas prácticas, para minimizar riesgos en daños jurídicos, económicos y reclamaciones”, dijo.
La directora del INVÍAS, Mercedes Gómez, mencionó como algunos contratistas llegan a las obras sin el respaldo financiero requerido o no tienen la experticia necesaria para el tema particular de la obra que asumen, lo que al final genera situaciones de parálisis y que algunos proyectos no se pueden terminar.
Recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece la posibilidad de tener un seguro paramétrico, que se está analizando por parte del INVÍAS, lo que se supone debe ser una buena noticia para las aseguradoras.
La presidente (e) de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Carolina Barbanti, destacó la interacción que hace esta entidad con la CGR, para verificar que los ejercicios de contratación que está haciendo van por el camino correcto. “Cuando la Contraloría nos advierte de algún proceso, lo recibimos de manera positiva, para tener acciones preventivas y planes de mejoramiento”.
El CEO de Mapfre Colombia, Rafael Prado González, fue enfático en decir “Las aseguradoras estamos para pagar. Nosotros no ganamos plata por no pagar. Ganamos plata cuando cuantificamos bien los riesgos. Cuando no emitimos una póliza o resaltamos una inconsistencia, eso debería ser tenido en cuenta por todos. Esa información debería ser recibida de inmediato, como alertas, por el estado”.
La presidente (e) de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Carolina Barbanti, destacó la interacción que hace esta entidad con la CGR, para verificar que los ejercicios de contratación que está haciendo van por el camino correcto. “Cuando la Contraloría nos advierte de algún proceso, lo recibimos de manera positiva, para tener acciones preventivas y planes de mejoramiento”.
Una causa común
Al finalizar este foro, el Contralor Delegado para el Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía, destacó que todos los intervenientes en este Foro hayan estado de acuerdo en la necesidad de proteger el patrimonio público y expresaran su firme voluntad para que los proyectos se hagan y se hagan bien, a satisfacción.
Manifestó la necesidad de que la Contraloría reciba información en tiempo real sobre los cumplimientos contractuales, a través de la DIARI y de las Contralorías Delegadas.
También subrayó que, en el tema de seguimiento a los proyectos de infraestructura, la CGR “no disfruta los hallazgos fiscales” y lo importante es que los proyectos se ejecuten dentro de los plazos y costos previstos y, por supuesto, que presten el servicio para el cual fueron diseñados.