La retención de las cuentas del Distrito es improcedente, puesto que afecta los recursos del Sistema General de Particiones, que al amparo de la Constitución Política de Colombia, son inembargables, según la alcaldía distrital.
Los recursos para la atención de la población migrante corresponde girarlos al Gobierno Nacional, que aún no ha realizado el pago a las entidades de salud que les prestan servicios asistenciales.
Las cuentas bancarias del Distrito de Santa Marta se encuentran embargadas debido a un proceso de cobro coactivo seguido por el Hospital Julio Méndez Barreneche, lo cual trae graves consecuencias para todos los samarios.
Es inadmisible que frente a la difícil situación que afronta el ente territorial por causa de la pandemia, el Distrito enfrente ahora el embargo de sus cuentas, en las que están los recursos del Sistema General de Participaciones, por causa de un proceso de cobro coactivo seguido por el Hospital Julio Méndez Barreneche, intervenido actualmente por la Superintendencia Nacional de Salud.
Este embargo le impide a la Alcaldía de Santa Marta disponer de los recursos de destinación específica, que se necesitan con urgencia para avanzar en la ejecución de todos los programas de salud pública y del plan de vacunación para contrarrestar el contagio del Covid -19, lo que pone en riesgo a la población.
El proceso adelantado por la Supersalud, que además se da por concepto de facturas derivadas de la prestación de servicios de salud de urgencia a población vulnerable no asegurada, particularmente a los migrantes en condiciones de irregularidad; es fatal para la salud del Distrito, más aún en tiempos de pandemia. Saldar esa obligación requiere el aporte de la Nación, que aún no ha girado los recursos necesarios para subsidiar el pago a las entidades de salud que les prestan servicios asistenciales.
Por esta razón, la alcaldesa Virna Johnson radicó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, por presuntas faltas disciplinarias dentro del proceso de cobro coactivo seguido por el Hospital, toda vez que al amparo de la Constitución Política de Colombia y otras leyes, los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables, ya que gozan de protección constitucional reforzada.
De igual manera, la mandataria de los samarios interpuso una queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia por la aplicación arbitraria de medida cautelar de embargo por parte de las entidades bancarias que congelaron las cuentas del Distrito, y dirigió un oficio ante el Ministerio de Salud, a fin de pedir instrucciones para la cofinanciación de la deuda con el Gobierno Nacional por población migrante, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta concreta por parte de esa cartera.
Por otra parte, en manifestación de buena fe, y con el ánimo de proteger a los samarios y garantizar su derecho a la salud, la Alcaldía Distrital radicó ante el Hospital Julio Méndez Barreneche una solicitud de acuerdo de pago en el que se compromete a pagar la deuda de la población samaria, dado que la de los migrantes le corresponde al gobierno nacional; sin embargo, como respuesta recibimos un oficio negando la propuesta de conciliación.
La Alcaldía de Santa Marta cataloga el accionar del interventor de la Supersalud, Oscar Gálvez, como inaudito, irresponsable, inhumano, e inconstitucional; por lo que denunciará a todo aquel que mediante actuaciones indebidas y con fines politiqueros, acuda a la justicia para menoscabar los intereses de los samarios.