La justicia que investiga el conflicto armado en Colombia imputó este lunes crímenes de guerra y lesa humanidad a 19 militares por el asesinato de 303 personas, la mayoría civiles, que presentaron como caídos en combate entre 2005 y 2008.
Las ejecuciones forman parte de los llamados “falsos positivos”, una escandalosa trama de sangre que armaron oficiales del Ejército para inflar sus resultados en la lucha contra las guerrillas.
En una declaración pública, la justicia especial de paz (JEP) aseguró haber reunido evidencia para formular cargos a los 19 militares, además de un agente de inteligencia y dos civiles, por el asesinato y desaparición forzada de cientos de personas en el departamento de Casanare (este).
Los uniformados pertenecían a la Brigada XVI, donde se terminó implantando “una organización criminal” para asesinar y presentar “falsamente” a civiles como guerrilleros o delincuentes “dados de baja en combate”, señalaron los magistrados.
Entre las 303 víctimas la mayoría son hombres entre los 18 y 25 años, pero también hay “nueve mujeres, una persona LGBTI, ancianos, personas con deficiencias cognitivas” y otras que fueron engañadas con promesas de trabajo.
La JEP también determinó que las tropas ejecutaron a civiles que “fueron incentivados a consumir alcohol o estupefacientes”.
Los efectivos de la Brigada XVI recibieron a cambio “permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior y reconocimientos” para propiciar su ascenso.
La misma práctica se extendió a varias unidades militares entre 2002 y 2008, bajo el gobierno de derecha de Álvaro Uribe. La JEP estima que los militares cometieron 6.402 asesinatos en ese periodo.
Los 19 militares, y los otros tres imputados este lunes, deberán en las siguientes semanas reconocer o rechazar los cargos. Un general y cuatro coroneles en retiro están entre los imputados.
Si confiesan su responsabilidad y reparan a sus víctimas podrán recibir penas alternativas a la cárcel, de lo contrario se exponen a penas de 20 años de prisión.
Surgida del acuerdo de paz de 2016 con la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), la JEP se ocupa de los crímenes atroces cometidos en casi seis décadas de conflicto por rebeldes y agentes estatales.
Los magistrados también han imputado a los altos mandos de la organización armada, hoy un partido político de izquierda, por 21.000 secuestros.
En junio, la cúpula de la disuelta guerrilla reconoció su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas, para acogerse a los beneficios penales.
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