La Corte Internacional de Justicia declaró que la crisis climática además de amenazar al planeta, viola el derecho internacional y los derechos humanos.
La inacción climática es una posible responsabilidad legal para los Estados, que ya no pueden seguir con compromisos vagos o financiar combustibles fósiles sin consecuencias.
Climate Reality Latinoamérica y aliados llaman a los gobiernos de América Latina a actuar con urgencia, ambición y justicia climática, o enfrentarán impactos jurídicos, políticos y sociales.
La inacción climática es ahora una grave violación del derecho.
Por primera vez en la historia, el principal tribunal de la ONU declara que la crisis climática no solo amenaza la vida en el planeta, ahora también vulnera el derecho internacional y los derechos humanos.
Esto deja a América Latina ante un punto de quiebre: o responde con urgencia y ambición, o enfrentará las consecuencias jurídicas, políticas y humanas de la inacción.
Climate Reality Latinoamérica, en asociación con Climate Action Network América Latina (CANLA), World’s Youth for Climate Justice (WY4CJ), FIMA y diversas organizaciones de la sociedad civil, celebra la histórica Opinión Consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que clarifica y fortalece las obligaciones jurídicas de los Estados frente a la crisis climática.
Es un llamado urgente para que esta decisión resuene en todos los rincones de la región y se actúe frente a una advertencia jurídica de esta magnitud.
La CIJ establece que seguir financiando combustibles fósiles o postergar la acción climática ya no es sólo inmoral, es un posible crimen contra el derecho internacional.
La Opinión Consultiva establece que los Estados no pueden seguir ocultándose detrás de promesas vagas, pues sus compromisos climáticos deben ser concretos y medibles. Además, obliga a cooperar internacionalmente para proteger a las generaciones futuras. No cumplir con esto podría convertir a los Estados en responsables legales del colapso climático.
“Ya no estamos hablando de promesas morales, ahora son responsabilidades legales claras que los Estados deben cumplir. Los gobiernos de América Latina no pueden seguir ignorando las advertencias científicas ni los impactos humanos de esta crisis. Esta Opinión Consultiva es un llamado urgente a actuar, no dentro de 10 años, sino ahora, con políticas ambiciosas que prioricen a las personas y al planeta por encima de los intereses fósiles”, afirmó Itzel Morales Lagunes, directora de The Climate Reality Project Latinoamérica.
Este dictamen construye el marco legal para que comunidades vulnerables, juventudes, pueblos indígenas y organizaciones sociales puedan exigir justicia climática a través de litigios, reclamen financiamiento por pérdidas y daños, y promuevan una transición energética justa. Otorgar subsidios o licencias para combustibles fósiles puede constituir un acto ilícito internacional atribuible al Estado.
También determina que las NDCs son obligaciones de resultado, sujetas a estándares de ambición, equidad y rendición de cuentas, no meros compromisos políticos. Además, obliga a los Estados a actuar bajo la mejor ciencia disponible, cumplir con normas de mitigación y adaptación, cooperar activamente entre sí y atender tratados como el Acuerdo de París, la CMNUCC y derechos humanos.
“Este pronunciamiento responde a una demanda global por justicia climática, liderada por Vanuatu y las juventudes del Pacífico, y llega en un momento decisivo para la COP30, donde los países deben garantizar que el sistema multilateral rinda cuentas e impulse las NDCs, en un contexto donde estamos lejos del objetivo de 1.5 °C. La Corte ha sido contundente: los Estados tienen la obligación de prevenir daños significativos y proteger los derechos, más allá de sus fronteras, y el sistema debe responder efectivamente. En este ‘año de la adaptación’, además, la Opinión refuerza la responsabilidad internacional y deja claro que garantizar los medios de implementación es un deber ineludible para proteger a quienes ya enfrentan los impactos más severos”, señaló Karla Maass Wolfenson, Responsable de Incidencia y Campañas, CANLA.
La Opinión llega en un momento clave del calendario internacional, a meses de la COP30 en Belém do Pará, Brasil. Climate Reality se suma al llamado para que los países de América Latina adopten políticas públicas alineadas con la Opinión de la CIJ, reformen sus marcos normativos para elevar la ambición climática, reconozcan que la inacción tiene consecuencias jurídicas, especialmente para los países históricamente responsables de las emisiones, y financien la adaptación y reparación de daños ya existentes, con justicia climática y enfoque en derechos humanos.
La Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia no puede ser ignorada. La región enfrenta una disyuntiva entre seguir postergando la acción o asumir con seriedad y responsabilidad el mandato legal que ahora impone el derecho internacional.
Climate Reality Latinoamérica continuará trabajando junto a sus aliados para visibilizar este precedente histórico y exigir a los Estados acciones concretas, inmediatas y con justicia climática en el centro.