¿Podrá la justicia demostrar más delitos y corrupción en el Gobierno Petro con el Libro de la Verdad?
Jorge Medina Rendón
El llamado Libro de la Verdad ya no está solamente en poder del gobierno que lo elaboró.
El presidente Abelardo de la Espriella lo entregó el martes 18 de agosto a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para que esas instituciones examinen los hallazgos identificados durante el proceso de transición con la administración de Gustavo Petro.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que se conformará un equipo especial para realizar la valoración técnica y jurídica de los casos y adoptar las decisiones correspondientes. (El País Cali)
La entrega cambia el centro de la discusión.
Ya no se trata de preguntar si las denuncias del nuevo gobierno llegarán a la justicia.
Ya llegaron.
La pregunta, mucho más difícil y de mayores consecuencias políticas y judiciales, es otra:
¿Podrán la Fiscalía y los demás organismos competentes demostrar, a partir del Libro de la Verdad y especialmente de los documentos que sustentan sus hallazgos, que durante el gobierno de Gustavo Petro se cometieron más hechos de corrupción y delitos de los que hasta ahora conoce Colombia?
La respuesta no está escrita en las 135 páginas.
Tendrá que surgir de las investigaciones.
Porque el documento, por sí mismo, no demuestra penalmente que Petro, sus ministros o sus funcionarios hayan cometido delitos.
Ni siquiera sus autores dicen que lo haga.
En su presentación se advierte expresamente que el Libro no pretende sustituir a la justicia, anticipar responsabilidades ni transformar sus hallazgos en condenas. Esa tarea, reconoce el propio gobierno, corresponde a las autoridades competentes y debe realizarse respetando el debido proceso.
El propio De la Espriella reiteró esa posición al hacer la entrega: señaló que no le corresponde establecer responsabilidades penales y que serán la administración de justicia y los organismos competentes los encargados de hacerlo. (El País Cali)
Pero eso no significa que el Libro carezca de consecuencias judiciales.
La verdadera importancia de lo entregado podría encontrarse detrás de sus páginas: en los contratos, resoluciones, movimientos presupuestales, informes de auditoría, documentos internos, registros de SECOP, estudios previos, órdenes de pago, interventorías y actuaciones administrativas que puedan respaldar cada señalamiento.
Allí comienza el verdadero trabajo de los investigadores.
UN LIBRO QUE YA TERMINÓ EN DENUNCIAS
El capítulo más delicado del documento es probablemente el elaborado alrededor de las actuaciones del Equipo Élite Anticorrupción.
El propio informe asegura que, cuando encontró situaciones que consideró suficientemente graves, promovió solicitudes de intervención preventiva, denuncias penales, quejas disciplinarias, acciones fiscales y actuaciones judiciales.
En algunos casos, según el documento, esas actuaciones produjeron suspensiones de procesos contractuales, apertura de investigaciones y medidas preventivas. En otros, la información fue puesta en conocimiento de las autoridades para establecer si existían responsabilidades.
Es decir, una parte de lo encontrado durante el empalme ya había comenzado a abandonar el terreno de la controversia política antes incluso de la entrega general del Libro.
Y a partir de allí comienza un largo rosario de casos.
$786.000 MILLONES Y EL AGUA DE SANTA MARTA
Uno de los primeros expedientes señalados corresponde a ESSMAR y al proceso para diseñar, construir, suministrar, instalar y poner en funcionamiento una planta desalinizadora para Santa Marta.
Valor señalado por el documento:
$786.000 millones.
El proceso llamó la atención del Equipo Élite durante el empalme y fue sometido a actuaciones de control preventivo.
La pregunta judicial no consiste en determinar si el proyecto era políticamente conveniente.
Lo que deberán establecer los organismos competentes es si la contratación cumplió las normas, si las advertencias planteadas por el empalme tienen fundamento y, si existieron irregularidades, quiénes participaron y qué responsabilidades individuales podrían derivarse de ellas.
CAMINOS PAGADOS, PERO SIN CAMINO
Otro hallazgo toca uno de los programas más sensibles para la Colombia rural: Caminos Comunitarios para la Paz.
El informe habla de más de $612.000 millones comprometidos con Juntas de Acción Comunal para intervenir infraestructura vial.
Pero cita resultados de auditorías de la Contraloría que muestran situaciones difíciles de explicar.
En Antioquia, por ejemplo, seis convenios por más de $2.289 millones aparecían con ejecución presupuestal del ciento por ciento mientras las intervenciones permanecían suspendidas y registraban cero por ciento de avance físico.
Aquí el empalme dio un paso adicional.
Según el Libro, el Equipo Élite presentó denuncia penal, acción fiscal y queja disciplinaria para que las autoridades determinen las eventuales responsabilidades.
Ahora los investigadores tendrán que reconstruir qué ocurrió entre el dinero comprometido o desembolsado y las obras que no avanzaron.
EL ESCUDO ANTIDRONES DE MÁS DE $6,3 BILLONES
El tamaño de otro proyecto hace inevitable detenerse.
Más de $6,3 billones.
Ese es el valor señalado para el denominado Escudo Nacional Antidrones, concebido en momentos en que los grupos armados incrementaron la utilización de aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos.
El Libro recoge cuestionamientos relacionados con la estructuración del proceso, la competencia entre oferentes, la metodología de evaluación, posibles conflictos de interés y el desempeño técnico de equipos previamente adquiridos.
La preocupación no es menor porque detrás de cualquier eventual falla contractual no solamente existirían recursos públicos comprometidos.
También está en juego la capacidad del Estado para proteger soldados, policías y comunidades frente a una tecnología que los grupos armados ilegales están utilizando como arma.
En este caso, determinar si existieron irregularidades no será solamente seguir el dinero. También habrá que establecer qué se compró, cómo se estructuró el proceso, quién evaluó las alternativas y si aquello que se pretendía adquirir respondía efectivamente a las necesidades de seguridad del país.
LA DIAN Y MÁS DE $310.000 MILLONES EN TECNOLOGÍA
La entidad encargada de recaudar buena parte de los recursos con los cuales funciona Colombia tampoco escapó al diagnóstico.
El Libro señala dos contratos tecnológicos del Fondo DIAN superiores a $310.000 millones y cuestiona sus resultados.
Los sistemas involucrados corresponden a gestión aduanera y tributaria y, según el documento, sus entregas se proyectaban hasta 2028.
El asunto tiene una dimensión que supera ampliamente un contrato tecnológico.
Una DIAN con sistemas deficientes significa dificultades para recaudar impuestos, combatir la evasión y el contrabando, tramitar operaciones aduaneras y administrar recursos que finalmente financian hospitales, colegios, seguridad e infraestructura.
Los investigadores deberán establecer si lo encontrado corresponde simplemente a problemas de ejecución contractual o si existen conductas capaces de generar otro tipo de responsabilidades.
$2,2 BILLONES PARA HOSPITALES
En salud aparece otro de los grandes interrogantes.
El documento afirma que el 29 de diciembre de 2025, cuando faltaban apenas tres días para terminar la vigencia fiscal, el Ministerio de Salud viabilizó y asignó más de $2,2 billones para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria.
Según el Libro, las iniciativas no contaban todavía con estudios completos de conveniencia y necesidad, diseños definitivos ni presupuestos de obra concluidos.
Para el 30 de junio de 2026, sostiene el informe, solamente 28 de los 60 proyectos, por alrededor de $834.000 millones, habían presentado la documentación completa.
La cifra restante supera $1,3 billones.
Y aparece entonces una pregunta inevitable: ¿por qué se comprometieron recursos de semejante magnitud antes de disponer de todos los estudios que garantizaran la ejecución, operación y sostenibilidad de las obras?
Responderla administrativamente es una cosa.
Determinar si detrás de alguna de esas decisiones existió una conducta penal, fiscal o disciplinaria es otra completamente distinta.
UN CONTRATO DE CIBERSEGURIDAD DE $300.000 MILLONES
En las últimas semanas del gobierno anterior avanzaba también un proceso de Colombia Compra Eficiente para adquirir servicios de ciberseguridad destinados a diferentes entidades del Estado.
El valor estimado, según el Libro, rondaba los $300.000 millones.
El Equipo Élite identificó cuestionamientos sobre estudios de mercado, posibles restricciones técnicas, exigencias que podían limitar la participación y un cronograma que reducía considerablemente el tiempo disponible para preparar propuestas.
Una vez más aparece uno de los elementos recurrentes del documento: decisiones contractuales de gran tamaño tomadas o aceleradas cerca del cambio de gobierno.
Será la investigación la que determine si aquella circunstancia fue simplemente administrativa o si detrás de ella existió alguna irregularidad.
CONTRATAR MIENTRAS DESAPARECÍA EL MINISTERIO
El Ministerio de Igualdad dejó otro capítulo.
Mientras avanzaba su proceso de liquidación, FONIGUALDAD continuaba adelantando procesos contractuales por más de $68.000 millones, según la revisión del Equipo Élite.
El caso fue trasladado a la Procuraduría para que determine si existen responsabilidades disciplinarias relacionadas con esos procesos.
Contratar mientras una entidad se encuentra en proceso de liquidación no constituye automáticamente corrupción.
Precisamente por eso el órgano de control deberá establecer la legalidad, necesidad, pertinencia y justificación de esos compromisos.
UN HOSPITAL CON NÓMINA, PERO SIN PACIENTES
El Hospital San Juan de Dios aporta una de las imágenes más paradójicas del informe.
Una institución que todavía no atendía pacientes tenía, según la auditoría citada en el Libro, 39 funcionarios y una nómina cercana a $343 millones mensuales.
Además existía un marco administrativo que proyectaba la vinculación de hasta 1.686 servidores públicos.
El caso fue puesto en conocimiento de la Procuraduría y la Contraloría para examinar las decisiones relacionadas con la conformación de esa planta.
La pregunta vuelve a ser la misma: ¿se trató de una decisión administrativa cuestionable o existen hechos capaces de generar responsabilidades?
LAS TIERRAS QUE NO TERMINARON TITULADAS
La política agraria también aparece entre los hallazgos que trascendieron el diagnóstico administrativo.
En uno de los casos examinados sobre adquisición y formalización de tierras, los análisis citados por el Equipo Élite concluyeron que, de 537 predios revisados, únicamente tres habían sido debidamente titularizados.
El Equipo afirma haber presentado denuncia penal, promovido acción fiscal y preparado queja disciplinaria.
Aquí vuelve a aparecer la diferencia fundamental entre denuncia y culpabilidad.
El hallazgo abre una investigación.
No dicta una sentencia.
LOS $160.000 MILLONES Y 7.500 FAMILIAS
El documento también dedica atención al caso ASOMUFFAA.
Según los antecedentes recopilados, la organización habría recibido más de $160.000 millones provenientes de miles de familias y fue intervenida judicialmente por presunta captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público.
El Equipo Élite trasladó información a la Procuraduría para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias relacionadas con las actuaciones de vigilancia adelantadas en el caso.
Aquí la pregunta no se limita a qué ocurrió con el dinero de miles de familias. También se extiende a determinar si las instituciones encargadas de vigilar actuaron oportunamente y conforme a sus responsabilidades.