La jueza 28 de Conocimiento de Bogotá suspendió nuevamente este viernes la audiencia de preclusión del caso por fraude procesal y soborno de testigos contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe hasta que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva si se acepta o no la acreditación de otras dos víctimas en el proceso.
Se trata de la médica Deyanira Gómez y del periodista Gonzalo Guillén, cuyas solicitudes de acreditación como víctimas del caso deberán ser definidas en segunda instancia por el Tribunal de Bogotá.
Durante la audiencia de este viernes, la jueza Carmen Helena Ortiz decidió aceptar como “víctima provisional” a Gómez, quien fue pareja del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel La Picota de Bogotá y a quien supuestamente el abogado Diego Cadena, que hacía parte del equipo de Uribe, le ofreció ayudas si cambiaba las declaraciones que hizo contra el expresidente (2002-2010).
La togada argumentó que por los hechos investigados dentro del caso, Gómez fue víctima de hostigamientos e intimidaciones que llevaron a que la mujer recibiera un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y luego se exiliara.
Los delegados de la Fiscalía y la Procuraduría, así como la defensa del exmandatario, apelaron la decisión que otorgó el reconocimiento a la expareja de Monsalve como víctima provisional al considerar que en este momento del caso no procede, y dicha apelación deberá ser resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá.
En el caso del periodista Gonzalo Guillén, que pedía ser reconocido como víctima por el daño a su prestigio, honra y buen nombre que dice haber sufrido por este caso, la jueza no lo reconoció como víctima porque considera que esas afectaciones no tienen nada qué ver con el caso.
LO QUE SIGUE EN EL CASO
El proceso por supuesto fraude procesal y soborno de testigos comenzó en febrero de 2012 cuando Uribe demandó por presunta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no sólo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.
El fiscal delegado del caso, Gabriel Jaimes, pidió el pasado 5 de marzo no investigar a Uribe, líder del partido gobernante Centro Democrático, al considerar que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.
Si, una vez se retome la audiencia, la jueza acepta la solicitud de preclusión de la Fiscalía, las víctimas podrían apelar esa decisión y el caso pasa al Tribunal Superior de Bogotá.
Y si, por el contrario, la jueza niega la solicitud de preclusión, la Fiscalía se vería enfrentada a tener que decidir si presenta una acusación con lo que tiene o si reformula con más argumentos su petición de preclusión.
En todo caso, si la jueza niega la preclusión, la Fiscalía y la defensa de Uribe también podrían apelar esa decisión, con lo cual el caso también pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.
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