Paulatinamente la economía colombiana ha venido saliendo de la convalecencia que le indujo tanto la pandemia como el estallido social de los años anteriores.
Pero a pesar del avance de la reactivación económica que ha corrido de la mano de la de las empresas y muestra algunas cifras macroeconómicas alentadoras como el crecimiento del PIB, los altos niveles de desempleo y de informalidad – directamente relacionados con la desigualdad y la pobreza- siguen siendo inaceptables. Todo lo cual nos indica que, si la economía no sirve a la mayoría de las personas, está siendo en realidad una economía fallida o al menos una muy coja.
Esa economía que no sirve a la mayoría de las personas tiene varias de sus causas en un contexto más amplio. En los años ochenta del siglo XX y hasta los primeros de éste, la globalización económica, como respuesta de un exaltado capitalismo, fue considerada el fundamento del crecimiento mundial, en buena parte porque el comercio aumentó de manera más acelerada que el PIB de los países.
No obstante, con el paso del tiempo comenzó a mostrarse un agotamiento de esa globalización y del libre comercio como instrumentos para impulsar el bienestar en el grado que alguna vez se les pretendió otorgar. En forma gradual pero cada día más intensa, aparecieron los reclamos acerca de las limitaciones del modelo global en la solución de problemas como la inequidad social, la concentración de la riqueza, la pobreza y la marginalidad, no sólo en los países menos desarrollados, sino también en los más adelantados.
Luego vino la crisis financiera del 2008 que afectó los flujos de capital y la desaceleración se extendió a Europa y el nuevo escenario con China como actor importante, golpeó la demanda de “commodities” y produjo ajustes fiscales que han implicado reducción de beneficios a grupos de población de las clases media y baja. Y, claro está, el inconformismo se extendió, pero la respuesta a la “desgastada” globalización, ha sido, en países como el nuestro, el regreso de la heterodoxia económica representada en los postulados de la economía neoclásica (o neoliberal), postulados estos que se derivan de raíces anglosajonas eminentemente individualistas, por no decir egoístas.
Por todo lo anterior y para encontrar soluciones viables y especialmente justas a los actuales problemas socioeconómicos del país, desde el proyecto de la “Concordia Nacional” hemos enfocado la mirada prioritariamente en la socioeconomía que se sostiene en postulados de raíz no individualista sino comunitarista. Es que la socioeconomía- tronco de donde provienen distintas ramas de la economía solidaria como el cooperativismo – aborda las cuestiones analíticas, políticas y morales que surgen en la intersección de la economía y la sociedad, explorando cómo la economía es o debe ser gobernada por las relaciones sociales, las reglas institucionales, las decisiones políticas y los valores culturales, y NO por “la mano invisible del mercado” o “los precios justos” impuestos por la interacción de la oferta y la demanda, neutralizando las “fallas del mercado”, y menos por las burbujas financieras que se inflan y revientan en las bolsas de valores.
No se trata de acabar con la economía neoclásica, sino regular, pero sin darle prioridad desde el Estado para solucionar problemas como el desempleo y la informalidad. Lo cierto es que no es por simple coincidencia que Joseph Stiglitz, premio nobel de economía en el 2001, haya sostenido en medio de la tercera Cumbre Mundial de Economía Solidaria realizada en el 2016 (Quebec, Canadá),
que “las cooperativas son la única alternativa frente al modelo económico fundado en el egoísmo y la desigualdad”.
Así las cosas, en el proyecto de la “Concordia Nacional” el gobierno, será aliado de la economía solidaria donde el cooperativismo constituye, no el único tipo de emprendimiento socioeconómico, pero sí el que más experiencia acumulada tiene dándole prioridad no al capital, sino al trabajo y a la cooperación. Experiencia esta que ha mostrado que una de las mayores ventajas económicas de las cooperativas es que todas las personas comparten las ganancias, lo cual hace crecer la dinámica de prosperidad que a su vez ayuda a reducir la desigualdad, estimulando además la productividad de los empleados. Aún más, hay un reconocimiento general respecto a lo que significa el modelo cooperativo en términos de democratización de la propiedad, inclusión y participación social en las decisiones colectivas y en el desarrollo productivo, en particular en sectores que requieren fomento en sus primeras etapas y luego en la consolidación de las cadenas productivas, no solo en la industria manufacturera, agricultura, construcción de vivienda, transporte e infraestructura y servicios, sino en áreas tales como la salud, la educación y el entretenimiento.
Sin embargo, las cooperativas en Colombia presentan importantes dificultades para posicionarse como un modelo a seguir. A veces por desconocimiento, a veces porque el modelo económico que hoy rige los mercados no contribuye a su difusión y fortalecimiento. En los últimos años, en buena medida a causa de la pandemia, la economía ha sufrido el debilitamiento de su aparato productivo tanto a nivel agrario como industrial, lo cual, claro está, también ha afectado el cooperativismo, que ha tenido dificultades para incursionar en esos sectores de la economía. El sector cooperativo ha crecido en otros campos como el dedicado a actividades de ahorro, crédito y operaciones financieras que tienen un tamaño muy modesto y no siempre logran competir en igualdad de condiciones con las grandes entidades financieras del país.
De todas maneras, desde el gobierno de la “Concordia Nacional” las cooperativas tendrán una oportunidad de crecimiento y consolidación abriendo la posibilidad de que las pequeñas empresas también se asocian y se conviertan en cooperativas. Por ejemplo, se puede pensar en la posibilidad de tener una gran superficie cooperativa, más allá de lo que ya existe, por ejemplo, con Colanta, a nivel de todo el país, o como la cooperativa Consumo, en Medellín, para impulsar una cadena de mercados con presencia fuerte a nivel nacional como el Éxito, o un almacén como Alkosto.
Se buscará también lograr que los campesinos, quienes corren con los riesgos de producción, se asocien y distribuyan sus propios productos generando mejores ganancias para ellos mismos, evitando así a los intermediarios. Esto mismo puede aplicarse en diferentes negocios como la distribución de combustible y la participación en empresas de economía mixta con el Estado.
Ahora bien, para sacar adelante este proyecto, se comenzará por remover obstáculos en materia normativa, revisando y actualizando la que ya existe. La legislación vigente, Ley 79 de 1988, con 33 años y la Ley 454 de 1998 concebida para un período de crisis hace 23 años, hacen que junto con la supervisión- que debe ampliarse a un acompañamiento cercano y amistoso- no contribuyan efectivamente al desarrollo del sector, sino que más bien limitan su crecimiento dejándolo rezagado. Los entes reguladores deben facilitar e incentivar la adhesión de más socios, mediante claridad y pertinencia en las normas, minimizando los trámites, a la vez que deben ofrecer un fuerte impulso a la capacitación de los interesados.
Por último, pero no menos importante, hay que hablar del liderazgo que pueda ejercer la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, para impulsar iniciativas con el gobierno, los particulares y empresas transnacionales que se puedan atraer hacia estos proyectos. Es claro que se debe contar con una estrategia sectorial del cooperativismo para abordar estos proyectos y de esta manera cerrar la brecha existente en la desigualdad económica y social.
Por coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez