La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a cinco soldados colombianos como víctimas de minas antipersonal en el caso 05, que trata la situación de violaciones graves de derechos humanos que se dieron en el conflicto armado en dos regiones del suroeste del país.
La justicia transicional, creada por el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, reconoce “las afectaciones a la vida y la integridad sufridas por los miembros de la fuerza pública”, y su derecho a ser atendidos por este tribunal.
“La utilización de minas antipersonal puede considerarse como un crimen de guerra, teniendo en cuenta la naturaleza indiscriminada de estas armas y su potencial de causar sufrimientos innecesarios”, consideró la Sala de Reconocimiento de la JEP que trata el caso 05, uno de los siete macrocasos abiertos por este tribunal.
El caso 05 prioriza la investigación de violaciones a derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos durante el conflicto en 17 municipios del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, y tiene acreditadas a unas 180.000 víctimas.
Estas zonas del suroeste del país son regiones con una alta densidad de población afrodescendiente e indígena, que se vieron sometidas a hechos como desplazamientos forzados, torturas, violencia sexual, homicidios y la siembra de minas antipersonal durante los más de 50 años de conflicto con las FARC.
Según la JEP, entre 2000 y 2013 el conflicto en esta zona dejó 7.582 muertos y en algunos municipios, en 2001 la tasa de homicidios alcanzó la escalofriante relación de 100 muertes por cada 100.000 habitantes.
Hasta el momento, la JEP solo ha emitido decisiones sobre dos casos: el de los secuestros por parte de las FARC donde acusó al último secretariado (mando colectivo)de estos crímenes, y en el conocido como el de los “falsos positivos” donde recientemente acusó a una veintena de altos cargos militares por ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes.
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