¡NO POR MUCHO MADRUGAR AMANECE MÁS TEMPRANO!
Por Amylkar David Acosta Medina, Miembro de Número de la ACCE
Bogotá, abril de 2026
MÁS ALLÁ DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES
La convocatoria impulsada por la ministra (E) de Medio ambiente y desarrollo sostenible Irene Vélez, bajo el sugestivo lema de “la transición más allá de los combustibles fósiles”, plantea una discusión necesaria, pero mal encuadrada. No porque la Transición energética carezca de urgencia —todo lo contrario—, sino porque se presenta como una disyuntiva excluyente: o fósiles o futuro. Y la realidad, terca como siempre, se mueve en zonas grises y tiene sus viceversas.
Empiezo por decir que el mundo atraviesa por un punto de inflexión en la manera de entender e interpretar la Transición energética. Lo que durante años se concibió como una ruta lineal hacia la descarbonización, hoy se redefine bajo el peso de nuevas realidades geopolíticas, económicas y tecnológicas. La Transición ya no es únicamente una carrera por reducir emisiones, sino un delicado equilibrio entre sostenibilidad, seguridad y soberanía energética.
La disrupción causada por eventos como la guerra en Ucrania puso en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas energéticos altamente dependientes de fuentes externas. Europa, por ejemplo, comprendió que la dependencia del gas ruso no solo era un problema ambiental, sino un riesgo estratégico. A partir de entonces, el abastecimiento seguro de energía dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una prioridad de Estado.
LA TRANSICIÓN, LA SEGURIDAD Y LA SOBERANÍA ENERGÉTICA
En este nuevo contexto, la seguridad energética —entendida como la garantía de suministro continuo, confiable y a precios razonables— ha recobrado centralidad. Países que antes apostaban por el desmonte acelerado de los combustibles fósiles ahora revisan sus cronogramas, reactivan proyectos de exploración o prolongan la vida útil de sus activos energéticos tradicionales. No se trata de un retroceso, sino de una adaptación pragmática frente a un entorno incierto.
Al mismo tiempo, la soberanía energética ha ganado protagonismo. Las naciones buscan reducir su exposición a mercados volátiles y a decisiones externas, fortaleciendo su capacidad interna de generación. Esto incluye desde el impulso a las energías renovables hasta el aprovechamiento de recursos propios, sean estos hidrocarburos, potencial hidroeléctrico o minerales estratégicos para la Transición.
El caso de Dinamarca, considerado como uno de los países más comprometidos con la Transición energética, es patético, pues acaba de anunciar que extiende la producción de petróleo y gas hasta 2050 para garantizar la seguridad energética…producir más combustibles fósiles para depender menos de productores externos.
Y de contera, en su más reciente Informe la AIE sobre el Estado de la innovación energética 2026 acota que el mundo ha pasado de una década de aceleración climática a una “década de fragilidad sistémica”, caracterizada por las perturbaciones en las cadenas de suministros, el aumento de la demanda de electricidad de los centros de datos de IA, la guerra en Europa y el renovado énfasis en la política industrial.
La Transición energética, en consecuencia, deja de ser un dogma uniforme para convertirse en un proceso diferenciado, donde cada país define su propio ritmo y combinación de fuentes según sus condiciones geográficas, económicas y sociales. La narrativa de una transición única y acelerada cede espacio a un enfoque más realista, en el que conviven múltiples trayectorias. Por ello, hemos sido reiterativo en que nosotros debemos darnos nuestra propia hoja de ruta de la Transición energética a la colombiana.
Este viraje no implica abandonar los compromisos climáticos, sino reconocer que su cumplimiento depende de sistemas energéticos resilientes. Los principios hay que modularlos con el pragmatismo. Sin seguridad ni soberanía, la transición pierde viabilidad política y social. La verdadera transformación energética será aquella que logre armonizar estos tres pilares: sostenibilidad ambiental, seguridad del suministro y autonomía estratégica.
SIN RENUNCIAR A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
En suma, el mundo no está renunciando a la Transición energética; la está madurando. La está llevando del terreno de las aspiraciones al de las realidades, donde las decisiones no solo se miden en toneladas de CO₂ evitadas, sino en su capacidad de sostener economías, garantizar bienestar y preservar la estabilidad de las naciones. No hay que perder de vista que no se puede llegar a la tarde sin pasar por el medio día.
Colombia no enfrenta una elección binaria, sino un desafío de sincronización. Pretender un salto abrupto hacia una economía post-fósil, sin las condiciones técnicas, fiscales y sociales adecuadas, equivale a desmontar el puente antes de haber cruzado el río. La Transición energética no es un acto de fe; es un proceso de ingeniería económica, institucional y tecnológica que exige tiempos, inversiones y, sobre todo, realismo.
El país sigue dependiendo de los hidrocarburos no solo como fuente de energía, sino como columna vertebral de sus finanzas públicas y su balanza externa. El petróleo y el gas aportan una fracción significativa de las exportaciones, de los ingresos fiscales y de la estabilidad macroeconómica. Desconocer esta realidad en nombre de un horizonte deseable, pero aún distante, puede resultar más costoso que virtuoso.
No se trata de negar la urgencia climática ni de perpetuar la dependencia de los combustibles fósiles. Se trata de evitar el error de plantear la transición como una ruptura súbita en lugar de una transformación gradual. Países que hoy lideran la Transición energética —desde Europa hasta China— no han renunciado de un día para otro a los fósiles; han gestionado su declive mientras construyen alternativas viables y competitivas. Para caminar se precisa afirmar un pie mientras se levanta el otro para no irnos de bruces.
EL MUNDO SIGUE CONSUMIENDO LOS FÓSILES
La verdadera discusión no es si Colombia debe ir más allá de los combustibles fósiles —eso es inevitable—, sino cómo y a qué ritmo hacerlo sin sacrificar crecimiento, empleo y estabilidad. La electrificación del transporte, la expansión de las energías renovables, el fortalecimiento de las redes de transmisión y la promoción de la eficiencia energética son piezas claves, pero requieren financiamiento, planeación y continuidad en las políticas públicas.
Contrariamente a lo planteado por el Presidente Gustavo Petro en los prolegómenos de tan publicitado como cuestionado evento, pensando con el deseo, en el sentido que “el petróleo y el gas ya no se van a vender en el mundo” y por lo tanto hay que abandonarlo cuanto antes, porque, según él, además “si exportamos petróleo, gas y carbón matamos a la humanidad”, el mundo sigue consumiéndolos y la demanda tanto por petróleo como de carbón viene de récord en récord.
Las cifras no mienten, en el caso del petróleo la demanda, por primera vez superó la barrera de los 100 millones de barriles/día y el año anterior registró los 104 millones, otro tanto ocurre con el carbón, cuya demanda pasó de los 8.700 millones de toneladas en 2023 a las 8.845 millones de toneladas en 2025!
LA DEPENDENCIA DE LOS FÓSILES
Por lo demás, Colombia que depende, como depende, del petróleo y del carbón, ya que son los dos principales renglones de exportación y como tales los mayores generadores de divisas, son además las dos principales fuentes de ingreso tanto para la Nación, que recauda el impuesto de renta y recibe de manos de ECOPETROL ingentes recursos por concepto de dividendos, como de las entidades territoriales, que tienen en el Sistema general de regalías (SGR) que paga la industria extractiva su principal fuente de financiación de sus proyectos y programas de inversión.
Además, la Transición energética demanda recursos que sólo ellos pueden proporcionar, Colombia debería imitar a Brasil, que ha creado un Fondo para financiar la Transición energética, el cual se nutre de las utilidades que le reporta su industria petrolera.
Además, existe un riesgo geopolítico y económico, que se ha exacerbado con la guerra en el Golfo Pérsico, que no puede ignorarse: en un mundo donde la demanda de energía sigue creciendo y donde los mercados energéticos son altamente volátiles, renunciar prematuramente a los recursos propios puede traducirse en mayor dependencia externa y vulnerabilidad.
Definitivamente, cuando la energía depende del mundo tener recursos propios hace toda la diferencia con respecto al resto de países, pues del petróleo y del carbón podemos decir que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos, depender de ellos que depender las importaciones de los mismos, como nos pasa actualmente con el gas natural, el cual estamos importando para satisfacer la demanda esencial desde diciembre de 2024, a precios muy altos y expuesto a los albures de los vaivenes de la geopolítica global.
La Transición energética, bien entendida, no es una cruzada contra los combustibles fósiles, sino una estrategia para reducir progresivamente su peso en la matriz energética mientras se consolidan nuevas fuentes. Es una Transición, no una sustitución instantánea, entendiendo además que dicha Transición no debe poner en riesgo la seguridad energética como tampoco la soberanía energética y la sostenibilidad fiscal.
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA NO ES UN ACTO DE FÉ
Por eso, la narrativa de “más allá de los combustibles fósiles” como un punto de llegada inmediato, cuando debería ser un punto de partida, resulta engañosa. No hay atajos. Hay caminos. Y el de Colombia debe ser uno que combine ambición ambiental con responsabilidad económica y social. En suma, la disyuntiva es falsa. No se trata de escoger entre petróleo o planeta, sino de gestionar inteligentemente el tránsito de uno hacia otro. La verdadera irresponsabilidad no es avanzar hacia energías limpias, sino hacerlo sin medir las consecuencias de un salto al vacío.
La convocatoria impulsada por la Ministra Irene Vélez, bajo el rimbombante eslogan de “la transición más allá de los combustibles fósiles”, se presenta como una invitación a repensar el modelo energético. Pero, en realidad, encierra una premisa problemática: la idea de que la superación de los hidrocarburos es una cuestión de voluntad política y no de restricciones materiales, tecnológicas y económicas.
Porque la Transición energética no es un acto de fe ni un decreto administrativo. Es, ante todo, un proceso de sustitución gradual condicionado por la disponibilidad de alternativas confiables, asequibles y escalables. Pretender que puede acelerarse al margen de estas condiciones equivale a desconocer la complejidad del sistema energético global, que aún hoy depende en más de un 80% de los combustibles fósiles.
Más que una disyuntiva —fósiles versus renovables— lo que existe es una coexistencia inevitable durante varias décadas. Incluso las economías más avanzadas, que lideran la incorporación de energías limpias, han tenido que recurrir nuevamente al carbón o al gas en momentos de estrechez, como ocurrió tras la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Ahora se repite con la guerra del Golfo Pérsico. La realidad, tozuda, se impone sobre el discurso.
En el caso colombiano, la discusión adquiere matices aún más delicados. El país no solo depende fiscalmente de la renta petrolera, sino que su seguridad energética descansa en buena medida en la producción de gas natural, combustible de transición por excelencia. Desconocer esta realidad no acelera la transición; la pone en riesgo.
De ahí que el verdadero dilema no sea si avanzar o no hacia energías limpias —un consenso ya consolidado—, sino cómo hacerlo sin desfinanciar al Estado, sin comprometer la estabilidad macroeconómica y sin poner en entredicho la confiabilidad del sistema energético.
La transición, entonces, no puede plantearse “más allá” de los combustibles fósiles como si estos fueran prescindibles en el corto plazo, sino “a partir de” ellos: utilizándolos de manera más eficiente, reduciendo su huella ambiental y, sobre todo, aprovechando sus rentas para financiar el salto hacia una matriz energética más diversificada y sostenible.
La Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas (COP) han sido reiterativas en dos principios consensuados: el primero, que las responsabilidad en la lucha contra el cambio climático es solidaria, común a todos los países, pero diferenciada y el segundo es que no ha llegado todavía la hora de darle la espalda a los fósiles, como lo ha pretendido el Presidente Petro al firmar el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, sino empezar a tomar distancia de los mismos, de manera planeada y cautelosa.
Bogotá, abril de 2026
