La crisis política de Perú no daba señales de acabar el martes, incluso después de que la nueva presidenta afirmó que buscará “acortar” aun más los plazos para unas elecciones anticipadas, en medio de protestas con siete muertos, bloqueos de carreteras, ataques a la policía e incendios de sedes públicas y privadas.
La crisis política, una constante en la nación minera, cruzó las fronteras debido al apoyo brindado a Castillo por parte de los gobiernos de izquierda de México, Argentina, Colombia y Bolivia, que ha generado el enojo de la cancillería peruana.
Los manifestantes piden el cierre del Congreso, elecciones inmediatas, una asamblea constituyente y la renuncia de Dina Boluarte, quien asumió el poder luego de la destitución de Pedro Castillo debido a su intento de disolver el parlamento dominado por la oposición, quebrando el orden constitucional.
“Calma por favor, esta situación que esta enlutando al país nos congoja a toda la familia peruana”, manifestó a periodistas Boluarte tras un acto público. “Todos tenemos derecho a protestar, pero a generar vandalismo, a quemar hospitales, ambulancias, comisarías, tomar aeropuertos, eso no habla de ser una marcha de protesta normal, eso ya esta llegando a extremos”.
Boluarte sostuvo que buscará “acortar” los plazos en su propuesta de adelantar dos años las elecciones generales, inicialmente planteada para abril del 2024.
La mandataria, que fue la vicepresidenta de Castillo, debería completar el actual mandato de cinco años hasta julio del 2026.
Entre los muertos “con proyectiles de armas de fuego” por las protestas figuran cuatro adolescentes, mientras que los heridos suman decenas entre civiles y policías debido a duros enfrentamientos, principalmente en regiones del interior del país, según la Defensoría del Pueblo y reportes policiales.
La dirección de educación de Lima informó en un comunicado que suspendió las clases presenciales el martes para “garantizar la seguridad de estudiantes y docentes”. En tanto, la Corte Superior de Justicia dijo que no atenderá al público tras sufrir el lunes ataques de “vándalos” con piedras contra sus oficinas.
Los ministros de Defensa, Alberto Otárola, y de Interior, César Cervantes, y oficiales de alto rango de las fuerzas armadas llegaron el martes a la región de Arequipa, uno de los focos de las protestas, y se reunían con autoridades locales en busca de acciones para frenar las manifestaciones en la zona.
Las regiones donde se han desarrollado violentas protestas son Arequipa, Apurimac y Cusco, ubicadas en el sur y Andes del país. Un reporte de la radio y televisión por cable RPP Noticias mostró imágenes de oficinas de la fiscalía de Arequipa y de la región de Huancavelica parcialmente incendiados en protestas.
Una estación policial en Apurimac fue atacada con explosivos improvisados y artefactos pirotécnicos “que contenían dinamita y perdigones”, dejando 15 agentes heridos, dos de ellos con “pronóstico reservado”, dijo la policía en un comunicado.
Legisladores de izquierda, que apoyan las manifestaciones y reclaman la liberación de Castillo, han rechazado las acusaciones del Gobierno de que habrían “infiltrados” en las protestas.
“#DinaBoluarte y el #CongresoGolpista le han declarado la guerra al pueblo reprimiéndolo, negándose a cumplir con los reclamos de nuevas elecciones inmediatas y el #ReferéndumConstituyente”, dijo el legislador Jaime Quito, del partido marxista Perú Libre que llevó al poder a Castillo.
“ES UN GOLPE DE ESTADO”
En una carta publicada por Twitter, Castillo -que se encuentra detenido en una prisión policial- calificó en la víspera a Boluarte como “usurpadora” y pidió no caer en el “juego sucio” de la propuesta de adelantar las elecciones.
El martes, en una declaración ante una corte de apelaciones por su reclusión preliminar, Castillo pidió a las fuerzas de seguridad “deponer” sus armas en las protestas; y rechazó la acusación de “rebelión y conspiración” en su contra.
Ante la “masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de parar el derramamiento de sangre de mi pueblo”, dijo después por Twitter.
En un comunicado conjunto el lunes, México, Argentina, Colombia y Bolivia dijeron que Castillo ha sido víctima de “hostigamiento” político y exhortó a Perú a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada” en las urnas.
La cancillería peruana replicó: “Las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo (…) constituyen un golpe de Estado”.
Grupos de derechos humanos han criticado a la policía por el uso de armas de fuego y gases lacrimógenos en las protestas, que están afectado también al sector minero con el bloqueo de una carretera clave que usa la importante mina de cobre Las Bambas, propiedad de la china MMG Ltd.
Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.
Tres aeropuertos -los de Apurimac, Arequipa y de la turística Cusco- han suspendido sus operaciones por las protestas.
(Reporte de Marco Aquino; Editado por Ricardo Figueroa y Javier Leira)
Por Marco Aquino
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