En las últimas semanas ha habido una maratón de sesiones en el Concejo de Barranquilla, una corporación conocida por su escaso control político. Especialmente en las sesiones de sus comisiones, por fuera de las plenarias. La más activa ha sido la Comisión Tercera, que pasó de hacer cuatro sesiones en todo 2020, a 16 solo en agosto y lo que va de septiembre.
Esta inusual actividad política, donde solo tres de los 21 miembros están declarados en oposición, coincide con la entrada en vigencia de una ley, la 2075 de 2021, que cambió la manera en la que les pagan a los concejales. Ya no solo reciben un pago por cada sesión de plenaria a la que asistan, sino también por las de comisión.
En Barranquilla son 516 mil pesos por concejal, sin importar la duración o importancia de lo que se discuta en cada sesión. Y de las 16 que ha hecho la Comisión Tercera en las últimas semanas, algunas duran menos de un cuarto de hora.
Por ejemplo, la del pasado 12 de agosto. Fue de tan solo 11 minutos y ninguno de los concejales prendió la cámara. “Vamos a dar inicio a esta sesión de comisión, señor secretario, por favor, llame a lista y verifique el quórum”, empezó el presidente de la comisión, el conservador Andrés Ortiz. Cinco de los siete políticos de la comisión Tercera estaban presentes.
No había un tema definido a discutir. El concejal Ortiz pidió un minuto de silencio por las víctimas del covid. Pasó el minuto. El secretario leyó el tercer punto del orden del día: proposiciones. No había ninguna radicada y nadie pidió la palabra.
La sesión pasó al último punto del día: las constancias. El presidente Ortiz dijo, “doctor Trocha (en referencia al concejal de Cambio Radical), usted había pedido el uso de la palabra para constancia”. Trocha no respondió.
Tras unos segundos de silencio Ortiz agregó: “Voy a comunicarme para ver si el doctor Trocha se encuentra presente”. Pasaron tres minutos de incómodo silencio, que solo fue interrumpido por el concejal conservador Juan Camilo Fuentes, que llegó tarde y pidió que le tomaran asistencia.
El presidente Ortiz volvió a tomar la palabra y mencionó que Trocha, a quien le acreditaron su asistencia, quería preguntar por una investigación disciplinaria de la Personería. Luego, Ortiz hizo su propia una constancia: “Teniendo en cuenta que la semana pasada tuve la triste noticia que un familiar cercano fue secuestrado en la ciudad de Barranquilla(…)quiero que organicemos un debate de control político con todo lo que hacen referencia a la seguridad de Barranquilla”.
“Ha sido agotado el orden del día señor presidente”, dijo el secretario antes de que se cumplieran los 12 minutos de sesión, y se cerró la transmisión. Costo aproximado al erario: 3 millones de pesos.
Una practica cuestionada
A los concejales en todo Colombia les pagan por sesión. Eso hace que sea un trabajo bien pago en ciudades grandes, pero no tanto en pequeños municipios, donde pagan poco por sesión.
Por eso, la ley 2075 que se aprobó este año, impulsada por el partido Conservador, tuvo el fin de aumentar los honorarios a los concejales de municipios de categoría cuarta, quinta y sexta.
Pero, un parágrafo también les da la posibilidad a todos los concejales del país, excepto los de Bogotá, de remunerar las sesiones de comisión: “Las sesiones de comisiones permanentes a las que asistan los concejales serán remuneradas con el mismo valor de una sesión ordinaria”.
La ley entró en vigencia en enero de este año, pero durante los primeros meses, en Barranquilla no había claridad sobre si sí iban a pagar esas sesiones. Sin embargo, a finales de julio el tema se aclaró.
El presidente del Concejo, Samir Radi, señaló que: “Los Concejales desde enero siempre hemos sabido de la ley 2075, pero como es nueva y no se entendía su alcance solicitamos conceptos al respecto a Mintrabjo, MinInterior y a Función Pública. Ya habiendo conceptuado fueron pagas con retroactivo desde el mes de enero”.
Precisamente a partir de ese momento, a finales de julio que se sabía que serían pagas, fue que se dispararon las sesiones. En la Tercera, de enero a junio hubo ocho sesiones, y desde agosto, hasta la fecha, 16.
Respecto al aumento de sesiones en las últimas semanas, el presidente de la Comisión Tercera, Andrés Ortiz, nos dijo que en meses anteriores estuvo delicado por el covid y su papá estuvo hospitalizado, pero que siempre que esté bien y sea necesario convocara sesiones. “Yo tengo un deber con la ciudadanía, que me dio la oportunidad de que el Concejo sea visible, por eso creo que nuestro trabajo es ejercer los debates de control político que sean necesarios. No importa si vamos a llegar a 100 o 200 sesiones”, dijo Ortiz.
Más allá de haber aumentado considerablemente el número de sesiones de comisión, los concejales están sesionando por fuera del periodo ordinario (la ley establece que son en marzo y abril; junio y julio; y octubre y noviembre). Tampoco están sesionando en el periodo extraordinario, que es el que convoca el alcalde cuando tiene urgencia para que se debatan proyectos de acuerdo.
Dos expertos consultados consideran que las sesiones que se realizan por fuera de los periodos, ordinarios y extraordinarios, no tienen validez legal y sería ilegal pagarlos. La Comisión Tercera ha realizado 12 sesiones por fuera de esos períodos, la Comisión Segunda ha hecho cuatro sesiones y la Comisión Primera tres.
El representante conservador y coautor de la ley 2075, Gustavo Padilla, le dijo a La Silla: “Ellos no tienen por qué citar a debates de control político estando por fuera de las sesiones ordinarias, sin estar convocados a sesiones extraordinarias y sin una prórroga. Ellos no pueden convocar a funcionarios a debates de control político y la aprobación de actas no tendrían validez, están viciadas”.
“Quien pague ese tipo de sesiones informales, estarían incursos en una vulneración o incumplimiento de la ley”, señaló Padilla.
El presidente de la Corporación Caribe (Corcaribe) y quien hace unos años lideró la iniciativa Concejo Visible, Dany Oviedo, nos dijo: “Si no hay decreto de extras, esas sesiones y un juego de monopolio son lo mismo”.
“La misma norma indica que cualquier reunión por fuera de las condiciones legales carece de validez, por lo que las actuaciones que están realizando carecerían de efecto alguno e, inclusive, podrían ser sancionados”, agrega Oviedo.
De hecho, un concepto del 29 de enero del Ministerio del Interior señala explícitamente que las sesiones de comisión se pagarán dentro de los periodos ordinarios y extraordinarios: “El legislador dispuso de manera inequívoca que el límite de sesiones con derecho al pago, son aquellas a las que asistan los concejales, independiente de que estas sean plenarias o de comisiones permanentes, dentro de los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias respectivos”.
En contraste, el presidente del Concejo Samir Radi le dijo a La Silla que: “A partir de que sale la ley (la 2075), en enero, todo de ahí en adelante es pago. Así lo establece la ley con respecto a las sesiones de comisión”.
En relación a que no están sesionando en periodos ordinarios ni extraordinarios, Radi nos dijo: “En el Acuerdo Distrital 014 de 2002 que modifica el reglamento interno del Concejo establece en su artículo quinto que modifica el artículo 51 del mismo que las comisiones permanentes funcionarán durante todo el periodo constitucional”.
En la administración pasada, el Concejo de Barranquilla se caracterizó por sesionar poco y al ritmo del alcalde Álex Char. Aunque la ley permite que se paguen máximo 150 sesiones por año en Barranquilla nunca superaban las 80. Esta particular manera de sesionar se daba en medio de supuestos acuerdos económicos entre la mesa directiva del Concejo y la Alcaldía de Barranquilla, como detallamos en esta historia.
Este nuevo Concejo sesiona más y, con la nueva ley, varios concejales podrían llegar al tope de las 150 sesiones pagas al año. Pero seguirá sin caracterizarse por su control político.
Al alcalde que sucedió a Char, Jaime Pumerejo, quien hace parte del mismo grupo político, le han aprobado los principales proyectos. Incluyendo, comprometer vigencias futuras por 372 mil millones de pesos. También le aprobaron de manera exprés un billón de pesos para un proyecto de arborización, algo que generó una lluvia de cuestionamientos.
El Concejo de Barranquilla sesiona y le pagan más, pero lo sigue haciendo al ritmo de la casa Char.