Por: Guillermo de la Hoz Carbonó*
Hoy que de nuevo se piensa en el Estado mínimo, porque el gran motor del crecimiento es el sector privado, incluso el progreso tecnológico, con la llamada ceocracia al poder, es importante tener en la memoria colectiva la historia económica del Estado y los procesos de innovación.
Así, en el vasto escenario de la innovación, existe una narrativa común que ensalza al sector privado como el principal motor del progreso tecnológico. Sin embargo, esta visión pasa por alto un actor fundamental: el Estado. La economista Mariana Mazzucato, en su influyente obra El Estado Emprendedor, desmonta este mito y destaca cómo las inversiones públicas han sido cruciales en el desarrollo de tecnologías que hoy consideramos esenciales.
Contrario a la creencia popular, el Estado no solo corrige fallas de mercado, sino que a menudo lidera inversiones en áreas de alto riesgo que el sector privado evita. Estas inversiones sientan las bases para avances tecnológicos significativos. Un ejemplo emblemático es Internet, cuya creación y desarrollo inicial fueron financiados por agencias gubernamentales estadounidenses, como la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA). Sin esta intervención estatal, la red global que hoy conecta al mundo podría no existir.
Mazzucato destaca que muchas de las tecnologías que hacen del iPhone un dispositivo “inteligente” tienen su origen en inversiones públicas. El GPS, las pantallas táctiles y el asistente de voz Siri son frutos de investigaciones financiadas por el Estado. Apple integró y comercializó estas tecnologías de manera brillante, pero la semilla de la innovación fue plantada por el sector público.
La relación entre la inversión pública y la industria farmacéutica es otro ejemplo de esta dinámica. Gran parte de la investigación básica en biomedicina es financiada por entidades públicas. Sin embargo, una vez que estas investigaciones muestran potencial comercial, las empresas privadas intervienen, desarrollan y comercializan los productos, obteniendo beneficios significativos. Este modelo ha llevado a debates sobre la necesidad de que el Estado reciba una parte justa de las ganancias generadas por sus inversiones iniciales.
Una crítica central que Mazzucato plantea es la tendencia a socializar los riesgos y privatizar las ganancias. Es decir, el Estado asume el riesgo financiero en las etapas iniciales de la investigación y el desarrollo, mientras que las empresas privadas cosechan los beneficios una vez que la tecnología es comercialmente viable. Este desequilibrio plantea preguntas sobre justicia y equidad en la distribución de los frutos de la innovación.
Reconocer el papel fundamental del Estado en la innovación no busca restar mérito al sector privado, sino abogar por una colaboración más equilibrada. Es esencial que las políticas públicas aseguren que los beneficios de las inversiones estatales se compartan de manera justa y que se reinviertan en nuevas investigaciones que impulsen el bienestar común.
En conclusión, mientras celebramos los avances tecnológicos y las empresas que los llevan al mercado, es crucial recordar y valorar el papel indispensable del Estado como el verdadero emprendedor que asume riesgos y allana el camino hacia el progreso.
Barranquilla, 13 febrero 2025
*Abogado y Economista, profesor de teoria económica en la facultad de derecho de la Universidad Libre de Barranquilla