El drama empezó con un artículo insertado en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque Escobar. Ahí se alojó un tumor peligroso en la estructura tarifaria eléctrica que finalmente hizo metástasis en el servicio que se presta en los siete departamentos del área continental del Caribe colombiano.
Con el apoyo de una pieza gráfica del magistrado del Consejo Nacional Electoral y exrepresentante a la Cámara César Lorduy, avanzamos en este texto para ilustrar respecto del curso que ha seguido un par de demandas contra las tarifas eléctricas.
Con base en el nefasto artículo del PND duquista, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, la que para los habitantes del Caribe hoy es un ser demoniaco e indeseable que quedó sin capacidad de decisión pero que en aquel momento, el 30 de enero de 2020, poco antes de la declaración de la pandemia por Covid.-19, expidió la resolución 010 por la cual estableció el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la Región Caribe. Año y medio más tarde, el 24 de junio de 2021, en plena pandemia emitió la Resolución 78 que aprobó las variables necesarias “para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el mercado de comercialización para la Región Caribe.
Por ese boquete entró el engendro del mal que hoy tiene al Caribe colombiano bajo el dilema “Comemos o pagamos la energía eléctrica”.
El 16 de junio de 2022, un año más tarde, Jaime Pumarejo Heins como alcalde del Distrito de Barranquilla demandó ante el Consejo de Estado las resoluciones citadas, coincidiendo en sus términos con la presentada el 4 de octubre de 2021 por la Asociación Colombiana de Servicios Públicos.
La demanda fue remitida al despacho de la Consejera Nubia Margoth Peña Garzón el 27 de julio de 2023, para una eventual acumulación de las dos demandas instauradas. A la fecha, no se sabe si por exceso de trabajo o porque se perdieron los expedientes o por alguna otra razón la magistrada no se ha pronunciado sobre la acumulación de procesos y en consecuencia el Consejo de Estado no ha podido definir lo de su compètencia.
Mientra esta lamentable situación de retraso judicial se presenta, este jueves los usuarios del Caribe colombiano están saliendo nuevamente a las calles a protestar por las tarifas eléctricas que agudizan el problema social ante la casi nula posibilidad de contar con el dinero para pagarlas.
