Persisten retos como la fragmentación institucional, la alta informalidad y la falta de regulación obligatoria en debida diligencia y sostenibilidad.
La actualización normativa de 2025 refuerza el régimen sancionatorio ambiental y promueve reportes ESG alineados con estándares internacionales.
Bogotá, noviembre de 2025. A pesar de contar con una sólida base jurídica y avances significativos en materia de derechos humanos, sostenibilidad y medio ambiente, las empresas colombianas enfrentan retos que impiden una aplicación uniforme de las normas y una adopción efectiva de buenas prácticas, especialmente en las cadenas de valor más amplias del país.
Actualmente, persiste una fragmentación institucional entre autoridades nacionales y regionales que dificulta la aplicación uniforme de la normativa ambiental. Además, hay una limitada regulación de carácter obligatorio sobre debida diligencia en cadenas de suministro y obligaciones climáticas corporativas, lo que genera asimetrías y riesgo de greenwashing.
El principal reto para la efectividad de las leyes de derechos humanos en el ámbito corporativo en Colombia es la alta informalidad empresarial.
“Las grandes compañías cuentan con mayores capacidades de cumplimiento frente a las pymes, especialmente aquellas ubicadas en zonas rurales, que suelen integrarse a sus cadenas de valor. Esta brecha representa un desafío para garantizar el cumplimiento normativo a lo largo de toda la cadena, ya que cualquier incumplimiento puede generar consecuencias legales y reputacionales, tanto a nivel nacional como internacional” explicó Tatiana Londoño, Counsel en Derechos Humanos para el área de Derecho Ambiental y Sostenibilidad de CMS Rodríguez-Azuero.
A pesar de esto, en los últimos años, Colombia ha avanzado en la actualización de su marco legal. La Ley 2387 de 2024 fortaleció el régimen sancionatorio ambiental, introduciendo ajustes procedimentales y nuevas herramientas que hacen más efectivas las sanciones por incumplimiento. Esta actualización complementa la Ley 99 de 1993, que creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y el Decreto 1076 de 2015, que compila la normativa sobre licencias, permisos y normas técnicas.
En materia de reporte y gobernanza ESG, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la Circular Externa 031 de 2022, ha impulsado la adopción de estándares internacionales como TCFD y SASB, promoviendo mayor transparencia en la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.
Aunque Colombia aún no cuenta con una ley que haga obligatoria la debida diligencia en derechos humanos o sostenibilidad, la Corte Constitucional, mediante sentencias como la SU-123 de 2018, ha reiterado que todas las empresas deben implementar procesos alineados con los Principios Rectores de la ONU para gestionar adecuadamente sus riesgos e impactos. En esa misma línea, el país avanza hacia una mayor alineación con estándares internacionales como el ISSB, TCFD y CSRD, ampliando progresivamente las obligaciones de reporte y transparencia. Además, factores externos como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la Unión Europea impulsarán una adopción más acelerada de prácticas sostenibles y de rendición de cuentas empresarial.
“Más que nuevos cambios legislativos inmediatos, el país debe fortalecer la sensibilización empresarial, ofrecer incentivos a las buenas prácticas y promover una implementación progresiva de la regulación. Solo así la sostenibilidad dejará de ser un ejercicio formal de cumplimiento para consolidarse como un verdadero eje de gestión, reputación y competitividad empresarial” recalcó Londoño.