Más que nuevas leyes, Colombia necesita una estrategia coherente que conecte regulación, inversión tecnológica y productividad empresarial.
Bogotá, mayo de 2026.- Colombia avanza hacia la consolidación de su economía digital con un crecimiento sostenido del comercio electrónico, pero su madurez sigue siendo limitada.
Para la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el verdadero desafío del país para los próximos cuatro años se concentra en la construcción de una política pública de economía digital capaz de articular seguridad digital, desarrollo de inteligencia artificial, digitalización de mipymes, pagos digitales y conectividad productiva sin frenar la innovación ni desincentivar la inversión.
“Hoy vemos que la madurez del comercio electrónico en Colombia sigue concentrada en los grandes jugadores, mientras que la gran mayoría del tejido empresarial, compuesto por mipymes, avanza con una digitalización reactiva y superficial. En muchos casos, las empresas siguen viendo la digitalización como un costo y no como una inversión estratégica, limitándose a abrir canales de venta o pago, pero sin integrar procesos clave como inventarios o gestión de proveedores, lo que termina limitando el verdadero potencial de eficiencia del entorno digital”, explica María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.
Desde la CCCE se ha identificado que la agenda digital pendiente en Colombia debe contener varios frentes interdependientes: el desarrollo de un marco adaptativo para la inteligencia artificial, el cierre de brechas digitales y logísticas, especialmente en mipymes, la masificación efectiva de los pagos digitales y la consolidación de entornos digitales seguros y confiables. Ninguno de estos frentes produce resultados si se aborda de manera aislada.
Inteligencia artificial y legislación
En materia de inteligencia artificial, el debate no está en si Colombia debe regular, sino en cómo hacerlo sin afectar el desarrollo tecnológico ni la atracción de inversión. Uno de los principales riesgos es avanzar en marcos normativos que, frente a la velocidad del cambio tecnológico, queden rápidamente obsoletos o que impongan prohibiciones teniendo como efecto un impacto en la innovación del país. Maria Lucía Villalba, Senadora electa de la República de Colombia, asegura que: “el problema es cuando la nueva regulación es muy rígida o se hace sin un conocimiento profundo del sector, porque lo que hace es coartar la innovación”.
Además, replicar modelos internacionales sin un entendimiento del contexto local podría derivar en normas ineficientes o que desincentiven la innovación. Esto, a su vez, podría introducir barreras de entrada para la adopción de estas herramientas en la base del tejido empresarial colombiano, compuesto en su mayoría por mipymes, limitando las ganancias en competitividad y eficiencia que la inteligencia artificial puede habilitar.
El llamado es a consolidar un marco técnico y flexible que armonice con los estándares internacionales, evitando que el país caiga en una asimetría normativa que desincentive la inversión. Resulta imperativo que el Estado fortalezca su capacidad institucional para comprender la naturaleza disruptiva de la IA, actuando como un facilitador que acompañe su desarrollo ético y productivo en lugar de limitarse a la expedición de leyes restrictivas”, añadió María Fernanda Quiñones.
Asimismo, la inversión pública en inteligencia artificial requiere mayores criterios técnicos en la priorización de proyectos, así como una estrategia clara para atraer inversión y talento al país en torno a esta transformación tecnológica.
Conectividad, logística y mipymes:
Otro de los puntos críticos es cerrar la brecha entre conectividad y productividad. Si bien Colombia ha avanzado en acceso a internet, esto no se ha traducido en una integración efectiva de las mipymes a la economía digital, especialmente fuera de las grandes ciudades.
“Hay una brecha de transporte, de logística en esas regiones que hace que sea difícil que ellos puedan comercializar, extraer y traer todos esos productos y eso implica crear centros de logística coordinados entre las cámaras de comercio, entre lo territorial que son los departamentos de la nación para disminuir el costo y sobre todo incentivar la llegada de esos productos a más de 346 municipios en Colombia que están poco conectados y que tienen hoy conectividad”, explicó Mauricio Toro, Representante electo a la Cámara por Bogotá.
Adopción masiva de pagos digitales:
La masificación de los pagos digitales se consolida como un habilitador clave para la economía digital. Aunque el país ha avanzado en infraestructura, el desafío está en lograr su adopción efectiva por parte de comercios y usuarios.
Bre-B, el sistema de pagos inmediatos impulsado por el Banco de la República, permitirá que personas y comercios realicen transferencias en tiempo real y sin costo entre entidades financieras. Iniciativas como esta abren la puerta a una mayor integración de pagos inmediatos entre personas y comercios, pero su impacto dependerá de la capacidad de reducir las barreras que hoy enfrentan los negocios, de la pedagogía hacia los usuarios para construir confianza en los pagos digitales y, finalmente, de condiciones que hagan competitivo su uso frente a otros medios.
Para María Fernanda Quiñones, “el desarrollo del ecosistema digital requiere incentivar mecanismos que reduzcan estos costos y faciliten la integración de los comercios a las nuevas infraestructuras de pago. Cuando existen condiciones adecuadas, los pagos digitales se convierten en un habilitador directo de formalización y crecimiento económico”.
Una agenda digital en construcción
De cara a un nuevo ciclo político, el país enfrenta el desafío de consolidar una agenda digital que supere la lógica de medidas aisladas y avance hacia una visión de largo plazo.
De acuerdo con Daniel Briceño, Representante electo a la Cámara por Bogotá, “no estamos entrando en una discusión realmente en cuál es el papel colaborativo entre grandes industrias, las empresas y el mismo estado. Lo primero es que aquí tenemos que llegar a una conversación, unos acuerdos porque hoy yo creo que las grandes plataformas tienen protocolos que ni siquiera el mismo Estado conoce y que en un proceso armonioso de colaboración yo creo que podemos avanzar”.
La continuidad de políticas públicas, la articulación institucional y la construcción de marcos regulatorios adaptativos serán determinantes para evitar que Colombia pierda competitividad en la economía digital.
“Colombia necesita dejar de ver el comercio electrónico únicamente como un canal y empezar a entenderlo como un activador de desarrollo económico. Eso implica construir una política pública articulada entre distintas entidades del Estado, que aborde de manera integral la inclusión financiera, la apropiación digital y las redes logísticas, porque sin esa visión conjunta será muy difícil lograr una digitalización real y sostenible en el país”, concluyó María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la CCCE.
