Nicaragua eligió este domingo a las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE) departamentales y regionales que estarán a cargo de los comicios de noviembre próximo, en los que el presidente Daniel Ortega busca extender en cinco años un mandato ininterrumpido desde 2007.
Un total de 102 miembros propietarios y suplentes de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales, correspondientes a 15 departamentos (provincias) y dos regiones autónomas (Caribe), fueron juramentados en Managua por el CSE, dominado por magistrados sandinistas.
Los miembros de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales estarán a cargo del manejo de las elecciones en cada jurisdicción, con tareas que van desde la entrega de credenciales a los fiscales de los partidos políticos, hasta recibir las boletas para su escrutinio después de las votaciones.
Por ley, dichos funcionarios también tienen la potestad de nombrar a los miembros de los Consejos Municipales. Además, proporcionan las boletas de votación a las Juntas Receptoras de Votos, junto con los formularios de las actas y resto de materiales electorales.
Adicionalmente se encargan de verificar la ubicación de los centros de votación y el padrón electoral, y deben velar “por el buen desarrollo de los comicios”.
El proceso electoral de Nicaragua ha tenido un camino agitado desde octubre de 2020, cuando la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó a Ortega, quien gobierna desde 2007, a garantizar unas elecciones “creíbles”.
Ortega respondió a la OEA con una serie de leyes y reformas a la Ley Electoral que, según los juristas, encrudecieron las restricciones para los partidos políticos y candidatos a la Presidencia interesados en participar en las elecciones.
En mayo pasado, el CSE despojó de su personalidad jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD), que contaba con el apoyo de la Coalición Nacional, uno de los principales grupos de oposición, y al Partido Conservador luego de que sus integrantes dudaron de la transparencia del proceso electoral.
Más recientemente, en los primeros días de junio, dos aspirantes a la Presidencia por la oposición fueron arrestados e investigados por diversos delitos, mientras que otros dos recibieron la orden de “casa por cárcel” sin proceso judicial, y cinco más denunciaron ser objeto de acoso y persecución por parte de la Policía Nacional.
Los precandidatos arrestados son la periodista Cristiana Chamorro Barrios, favorita a ganar las elecciones del 7 de noviembre según la firma Cid Gallup, y el académico Arturo Cruz, quien fue embajador del Gobierno de Ortega en Washington entre 2007 y 2009.
Ortega se juega en las próximas elecciones 42 años de primacía casi absoluta sobre la política de Nicaragua.
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