NiñezYA urge a concejos y asambleas priorizar a los menores de edad en los PDT

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NiñezYA reitera la importancia de dejar de manera explícita en los planes de desarrollo las acciones, los indicadores, las metas y los recursos para garantizar los derechos de 14 millones de niñas, niños y adolescentes.

“Insistimos en que la situación de riesgo para la niñez es alarmante y los territorios se quedan cortos para hacerle frente con lo que están planteando en estos instrumentos”, afirma la coalición de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil.

Bogotá, 23 de mayo 2024. Quedan pocos días para que asambleas y concejos del país aprueben los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), los cuales establecerán las acciones y metas que los mandatarios/as de Colombia tienen para cumplir con los compromisos de bienestar de sus territorios. La niñez es una de las poblaciones que debe ser prioritaria, según lo ordena el artículo 44 de la Constitución Nacional.

“Sin embargo, de materializarse lo consignado en los programas de gobierno, niñas, niños y adolescentes no se verán beneficiados con las acciones de los próximos cuatro años, ya que la mayoría de los mandatarios no dejó de manera explícita estrategias, metas y recursos para atender sus necesidades y cumplir con las políticas públicas que tiene Colombia para la garantía de sus derechos”, señaló el Comité Directivo de NiñezYA.

Esta coalición de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil advirtió en diciembre de 2023 y en febrero de 2024 que la mayoría de mandatarios/as tenía una inclusión insuficiente de acciones para garantizar el desarrollo pleno de la niñez. La afirmación resultó de revisar los programas de gobierno de los 32 gobernadores/as y 31 alcaldes/as de ciudades capitales (faltó Santa Marta porque al momento de realizar el ejercicio no se tenía el reporte oficial de la Registraduría) que evidenció que 42,86% tenía una inclusión deficiente; 25,40%, aceptable; solo 26,98% tenía una inclusión sobresaliente y 4,76%, excelente.

“Si bien la revisión de 21 PDT en su primera versión mostró que algunos han mejorado su nivel de inclusión, esta no es suficiente para cumplir con el enfoque de niñez. Por tanto, NiñezYA hace un llamado a concejos y asambleas para que revisen que PDT cumplan con el enfoque de niñez”, señala la coalición.

NiñezYA ha reiterado que los efectos de la pandemia, la crisis climática, el recrudecimiento del conflicto armado y la violencia armada organizada, entre otros asuntos, deben ser tenidos en cuenta en los PDT. “Insistimos en que la situación de riesgo para la niñez es alarmante y los territorios se quedan cortos para hacerle frente con lo que están planteando en estos instrumentos de política pública”, afirma la coalición. Para superar dichos retos, señala que los PDT deben contener diagnósticos adecuados, estrategias, indicadores, metas y, por supuesto, financiación en los asuntos que no dan espera.

Solo unos datos:

  • 256% aumentó el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes entre 2020 y 2021 (JEP 2021). Por su parte, el Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre niñez y conflictos armados, publicado en marzo de 2024, señala que: del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2023 se registraron 615 violaciones graves a los derechos de niños, niñas y adolescentes, un aumento alarmante del 61% en el número de casos de graves violaciones a la niñez comparado con el periodo 1 de julio de 2019 a 30 de junio de 2021. Niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por reclutamiento, confinamiento y el peligro de minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar. El Secretario General llamó la atención por el incremento en afectaciones en niñas, por la afectación desproporcionada del conflicto armado en la niñez indígena y afrocolombiana y el aumento considerable de violencia sexual contra las niñas y los niños, en particular durante su vinculación a grupos armados.
  • 6.369 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violencia intrafamiliar en 2023, en promedio 17,44 por día (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dic 2023 cifras preliminares.
  • 7,2 millones de niñas, niños y adolescentes en el país (la mitad de la población menor de 18 años) no tienen garantizados sus derechos integrales por su condición económica y 17,9% de ellos viven en pobreza extrema (DANE y Unicef 2024).
  • 10,48% de niñas y niños nacidos vivos tienen bajo peso al nacer en 2022. En 2021 fue 9,86% y en 2020, 9,16% (SISPRO – fecha de consulta: 12/02/2024).
  • 4,59 es la tasa de mortalidad por cada 100.000 menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda en 2022. En 2021 fue 4,41 (: SISPRO – fecha de consulta: 12/02/2024)
  • 28,1 % de los hogares encuestados en 2022 se clasificó en estado de inseguridad alimentaria moderada o grave, cifra que corresponde a 15,5 millones de personas. Asimismo, en la categoría de la inseguridad alimentaria grave, las cifras mostraron una incidencia nacional del 4,9 %, correspondiente a 2,6 millones de personas (Medición realizada con la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria-FIES del DANE y FAO. El 24 de mayo se entregarán los datos de 2023).
  • La Guajira, Chocó, Bolívar, Guainía, Cesar, Vichada y Magdalena son las entidades territoriales con mayores tasas de muertes por desnutrición para 2022 (cifras consolidadas) y 2023 (cifras preliminares), como lo muestra el siguiente cuadro:
  • Casi: 7 de cada 10 niñas y niños están en la edad que corresponde en los niveles de transición, primaria y secundaria y solo 5 de cada 10 en educación media. Una situación que se da por fenómenos como la extraedad, la repitencia y la deserción, altamente prevalentes en el país. La tasa de deserción aumentó de 2,4% a 4,4% entre 2020 y 2022, revertiendo la tendencia decreciente de los años anteriores. La repitencia incrementó de manera significativa al pasar de 2,2% a 6,7% en el mismo periodo (MEN, 2024, cálculos: FExE)
Ángela Constanza Jerez, coordinadora de NiñezYA

Por ello, NiñezYA sugiere que asambleas y concejos revisen que los PDT contengan estrategias para:

  1. Mejorar las capacidades de las familias vulnerables con inclusión social, productiva y educativa.
  2. Crear, regular y ampliar los servicios de cuidado y contar con propuestas de involucramiento para que las personas y comunidades sean cuidadoras de la primera infancia y la infancia.
  3. Fortalecer el apoyo a las mujeres con empleabilidad y medios de vida.
  4. Fortalecer la cobertura de programas de prevención de la separación del cuidado parental, apoyo y fortalecimiento a las familias, tanto del ICBF como de las administraciones locales y municipales, y darlos a conocer a las autoridades administrativas para que niños , niñas y familias asistan a programas que eviten la institucionalización.
  5. Buscar la eliminación de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la explotación sexual y el trabajo infantil.
  6. Implementar la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención del Castigo Físico, los Tratos Crueles, Humillantes o Degradantes.
  7. Aumentar la inversión en programas de prevención de violencias con enfoques diferenciales, que involucren a las familias, escuelas y, principalmente a la niñez. Estos programas deben tener rigurosos sistemas de medición de impacto y, en lo posible, evaluaciones previas realizadas por externos.
  8. Generar acciones e iniciativas que promuevan las trayectorias educativas completas en todas las zonas del país (especial énfasis educación rural) y la formación de docentes y directivos. 
  9. Hacer realidad la educación inclusiva en el territorio.
  1. Desarrollar e implementar la Declaración de Escuelas Seguras.
  2. Fortalecer las instituciones y los programas existentes para prevenir las graves violaciones por conflicto armado, haciendo hincapié en las cuestiones étnicas y de género, en particular en zonas vulnerables del país que cuentan con una presencia limitada del Estado.
  3. Reconocer en el plan de desarrollo los factores de riesgo por los cuales pueden ser victimizadas las poblaciones vulnerables como migrantes, comunidades indígenas y afrodescendientes y promover su participación en las instancias de toma de decisiones.
  4. Mejorar y adecuar la infraestructura y los servicios de atención a la población que hace parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), sobre todo la que está privada de la libertad para garantizar condiciones dignas y cumplir con el principio de justicia restaurativa y pedagógica del SRPA.
  5. Fortalecer los sistemas de información y las acciones de vigilancia epidemiológica de la desnutrición, particularmente la desnutrición crónica (DNC) para ser compartidos entre sectores, e implementar rutas probadas de atención.
  6. Afinar la focalización de beneficiarios para asegurar intervenciones de captación oportuna de las mujeres gestantes y conseguir atención con calidad durante el embarazo, parto y puerperio para la reducción del bajo peso al nacer.
  7. Promover la lactancia materna exclusiva y complementaria.
  8. Lograr que todos los hogares accedan a la alimentación suficiente y nutritiva mediante complementación alimentaria o auxilios a las familias más afectadas.
  9. Garantizar el funcionamiento adecuado de los Programas de Alimentación Escolar (PAE).
  10. Hacer énfasis en el juego, ya que es un derecho fundamental diferentes al deporte y la recreación.
  11. Plantear acciones que respondan al interés superior de niñas, niños y adolescentes afectados por la crisis ambiental y climática respaldadas en datos sobre la población menor de 18 años impactada o en riesgo.

Estas recomendaciones fueron compartidas en una carta pública a alcaldes y gobernadores a comienzos de 2024 en la que se puede obtener información más detallada. De igual forma, NiñezYA entregó conceptos a Consejos Territoriales de Planeación, concejos municipales, asambleas, gobernadores y alcaldes.