Acciones desplegadas en Ipiales (Nariño) permitieron ocupar dos inmuebles, cinco hoteles y cinco vehículos que habrían estado al servicio de la red ilegal, señalada de contactar a los extranjeros que ingresaban irregularmente al país y, a cambio de dinero, llevarlos a puntos costeros y pasos fronterizos.
El material de prueba da cuenta de ciudadanos haitianos, cubanos, venezolanos y africanos, entre otras nacionalidades, a quienes les bridaron transporte y alojamiento en Cúcuta (Norte de Santander), Ipiales (Nariño) y Necoclí (Chocó) para, posteriormente, garantizar su salida a Centro y Suramérica.
Los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión están avaluados en 2.500 millones de pesos. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá su administración.