El Pacto Intersectorial por la Madera Legal (PIML) inicia una nueva fase de cara a los compromisos ambientales del país al año 2030, convirtiéndose en una de las alternativas para enfrentar la deforestación en Colombia e impulsar la economía forestal basada en los bienes y servicios de los bosques.
Con el objetivo de promover la legalidad de la madera en Colombia, la fase 2.0 del pacto comprende el desarrollo de acciones orientadas a la capacitación técnica y financiera de los diferentes actores asociados a la oferta y promoción del uso de madera legal, y a la construcción e implementación de un esquema de monitoreo.
“Dos de los compromisos de Colombia al 2030 son reducir a cero la deforestación y disminuir en un 51 por ciento las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. El pacto es una suma de voluntades públicas, privadas y de la sociedad civil. Trabajamos para asegurar que la madera extraída, transportada, comercializada y utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales. Todo esto forma parte del conjunto de herramientas que estamos creando, como la Ley de Acción Climática, para luchar decididamente contra la deforestación, entre otros propósitos. En eso hemos sido y seremos muy claros: ¡los recursos naturales de Colombia se respetan!, y con la ayuda de las comunidades seguiremos protegiéndolos”, dijo Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Contra el tráfico ilegal
Al respecto, la directora de Bosques y Servicios Ecosistémicos del Minambiente, Adriana Santa, señaló que con la fase 2.0 del pacto también se avanzará en planes y herramientas que promoverán la sostenibilidad de los bosques y fortalecerán la articulación interinstitucional que consolidará la gobernanza de comunidades en el país.
“El pacto se consolida en una estrategia para fortalecer la legalidad y enfrentar el tráfico ilegal de madera en Colombia. Desde el Minambiente trabajamos de manera decidida en el impulso de la madera legal a través del uso diversificado de los bosques, donde el pacto permitirá generar instrumentos de monitoreo, control y seguimiento, así como implementar estrategias en territorio que fortalezcan incentivos sociales a comunidades por conservar la sostenibilidad de los bosques”, explicó Santa.
La firma de renovación del PIML y el inicio de la fase 2.0 se concretó recientemente en un acto protocolario. De esta manera, ahora se espera la armonización con los 18 acuerdos departamentales por la madera legal ya existentes y continuar aportando a la disminución de la deforestación en Colombia.
Las entidades que lideran el PIML son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) y WWF Colombia, con el apoyo de la Unión Europea en Colombia y del programa FAO UE-FLEGT, que trabaja por la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales, y por reducir o eliminar el aprovechamiento maderero ilegal.
En la firma participaron, además de las entidades que lideran el pacto, Asocars, los ministerios de Agricultura, Defensa, Vivienda y Comercio, Camacol, el SENA, la Universidad Distrital y distintas autoridades ambientales, acompañadas por representantes del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), Unión Europea, Embajada de Noruega y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Para Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia, la nueva versión de esta iniciativa contribuye a las metas del país, entre estas la reducción de la deforestación, la adaptación, la legalidad, la agenda climática, la reactivación económica y el fortalecimiento de la participación de las comunidades en las regiones.
En la actualidad, algunos de los más importantes logros en la gestión forestal del país son:
- 329 empresas y unidades productivas con reconocimiento de procedencia legal.
- 160 empresas y unidades productivas visibilizadas en elijamaderalegal.com.
- 60 empresas y unidades productivas vinculadas a Colombia Compra Lo Nuestro.
- Se avanzó en la construcción del Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal y en aplicativos digitales para el control y la vigilancia.
- Adaptación de protocolos de gobernanza forestal por las autoridades ambientales regionales para el fortalecimiento de su gestión.